Matías Lapadula presentó un proyecto para blindar terrenos provinciales ante el debate en el Congreso de la ley que craneó Sturzenegger.
El bloque Provincia Grande impulsa un dique legislativo para frenar la extranjerización del suelo en Tierra del Fuego.
El legislador Juan Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, presentó un proyecto de ley para ponerle un freno a la modificación de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno nacional y reforzar el control en Tierra del Fuego sobre los activos considerados estratégicos.
En sus fundamentos, el texto sostiene que la provincia, por su condición bicontinental, su vínculo con la Antártida y su cercanía con las Islas Malvinas, posee un valor geopolítico que exige herramientas específicas para preservar el dominio sobre su territorio. A través del Asunto N° 411/2026, la propuesta surge como respuesta al avance del Ejecutivo Nacional para flexibilizar las restricciones a la venta de terrenos rurales a capitales extranjeros.
"Rechazamos que el gobierno convierta el territorio argentino en una mercancía librada al mejor postor. Este proyecto es una herramienta legislativa y un posicionamiento político frente a una ley nacional que pretende eliminar prácticamente todos los límites a la extranjerización de tierras", explica Lapadula a Letra P.
"Tierra del Fuego tiene una condición única. Somos una provincia bicontinental, la puerta de entrada natural a la Antártida y la única jurisdicción argentina con parte de su territorio ocupado ilegítimamente por una potencia extranjera. Por eso, nuestro suelo no puede quedar sujeto exclusivamente a las reglas del mercado", agrega.
La iniciativa plantea una serie de restricciones para impedir la pérdida del control sobre tierras rurales consideradas estratégicas.
Entre las principales medidas, prohíbe la transferencia de dominio o la constitución de derechos reales sobre tierras fiscales rurales cuando impliquen la pérdida del control público o su traspaso a sujetos con beneficiarios finales extranjeros. Además, establece que cualquier adjudicación quedará alcanzada por una restricción de 50 años frente a modificaciones sustanciales en el control económico.
Para las tierras de dominio privado catalogadas como Activos Territoriales Estratégicos, la iniciativa exige que toda operación de compra o de control efectivo cuente con la aprobación de los dos tercios de la Legislatura provincial, además de un dictamen técnico multidisciplinario previo.
El texto también declara la nulidad absoluta de los actos jurídicos que intenten eludir la norma mediante personas interpuestas, estructuras societarias complejas, fideicomisos, trusts o usufructos.
Dentro de la categoría de activos estratégicos incorpora a los bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, áreas costeras y sectores considerados de interés para la defensa nacional o la investigación científica.
"El proyecto no busca avanzar sobre el derecho de propiedad, sino establecer herramientas que protejan nuestros recursos estratégicos frente a actividades que puedan ponerlos en riesgo. En nuestro territorio están el agua, los bosques, las turberas, la biodiversidad y buena parte del desarrollo futuro de Tierra del Fuego", argumenta Lapadula.
Como parte del esquema de control, la iniciativa también busca crear el Registro Provincial de Titularidad de Activos Territoriales Estratégicos, que deberá identificar la cadena completa de control societario, la nacionalidad de los compradores, el origen de los fondos y el beneficiario final de cada operación.
Además, propone la conformación de un Comité Asesor Provincial de carácter técnico y permanente. Otro de los puntos centrales establece que el Estado fueguino tendrá derecho de preferencia para adquirir cualquier activo territorial estratégico que se ponga en venta, siempre en igualdad de condiciones económicas.
Según pudo saber este medio, el documento tomará estado parlamentario en la próxima sesión y luego será girado a las comisiones que determine Labor Parlamentaria. Si reúne los consensos políticos necesarios, podría ser tratado sobre tablas a fines de agosto.
La presentación de la iniciativa se da mientras el Congreso intenta modificar la ley que limita la extranjerización del territorio y la administración de Javier Milei avanza con la venta de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado nacional.
En este marco, el último conflicto estalló en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, donde la discusión sobre la soberanía ocupa un lugar central. A través de la Resolución 101/2026, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) declaró "innecesario" para el servicio un terreno de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Armada Argentina e inició el proceso para su venta.
Se trata de un inmueble ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en Ushuaia. Su ubicación, según pudo saber este portal, representa un valor geopolítico de magnitud por su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y el paso bioceánico. La decisión de la AABE motivó fuertes cuestionamientos de dirigentes de la provincia más austral de la Patagonia.
