Para la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, si una persona fue detenida durante la represión que acompañó el tratamiento de la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, no puede volver a acercarse al Congreso. Así lo determinó el auxiliar fiscal Alejandro Pellicori, quien imputó a dos de los detenidos el jueves en la noche por “atentado a la autoridad” y los liberó luego de hacerles firmar un acta en la que les impuso la “prohibición de salir del país” y del “acercamiento a un radio menor de mil metros del lugar del hecho, esto es Avenida Rivadavia y Entre Ríos (la esquina del Parlamento) durante el tiempo que demande el trámite del proceso”.
“Esto es ridículo, es gravísimo y es inconstitucional, pero pasa porque los fiscales de la Ciudad están aplicando el protocolo de (la ministra de Seguridad nacional) Patricia Bullrich a rajatabla: el objetivo es que la gente no se manifieste”, advirtió en diálogo con Letra P Juan Manuel Combi, abogado de Aníbal Maidana y Facundo Caamaño, los dos detenidos en la noche del jueves durante la represión que desplegaron las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería y Prefectura– afectados por esta medida judicial sin precedentes en democracia.
Para el abogado, se trata de una disposición que “apunta a que la gente se quede en sus casas, que no proteste, que no defienda sus derechos”. “Esta situación la generó Bullrich con su protocolo antiprotesta, que fiscales de la Ciudad están administrando y aplicando desde el minuto cero y a rajatabla. Esto se pone feo. En poco tiempo, si no reaccionamos, vamos a estar como en la dictadura: no se va a saber qué se puede hacer y qué no ante la amenaza de palo, cárcel y causas”, denunció Combi.
Según las cifras que difundieron los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus carteras de Seguridad, 31 personas fueron detenidas el viernes durante la represión. El viernes por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado la detención de unas ocho durante la represión del jueves.
La Comisión Provincial por la Memoria exigió información certera sobre el tema, ya que la Justicia le informó una cantidad menor –tenía registro de seis detenciones el miércoles, tres el jueves y 14 el viernes–. A eso hay que sumarle la enorme cantidad de personas heridas por el uso de gases lacrimógenos y pimienta y disparos de balas de goma de parte de las fuerzas. Entre ellas, unas 30 cubrían los hechos para medios de comunicación comerciales y autogestivos, algo que fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Combi tomó a su cargo la defensa de Maidana y Caamaño recién después de haber sido liberados, el viernes después del mediodía. Según el acta a la que accedió Letra P, los hombres –de entre 30 y 40 años– permanecieron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Madariaga y General Paz, entre las 21.40 del 1 de febrero y las 17 del día siguiente. Ambos fueron representados por la defensora pública de la Ciudad Raquel Hanono.
Antes de su liberación, en una audiencia que se llevó a cabo mediante videollamada –la primera entrevista con Hanono también fue mediante esa vía; la defensora jamás se acercó a verlos ni a constatar en qué estado se encontraban–, Pellicori les informó el delito por el que los imputaba, “atentado a la autoridad”, en base a los testimonios de un conjunto de policías.
El fiscal recogió e hizo suya la versión de la fuerza y, así, describió que Maidana y Caamaño “se pusieron hostiles con el personal policial que se encontraba realizando labores de contención y reordenamiento de un grupo de manifestantes que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraban” ellos, y que “intempestivamente arrojaron elementos contundentes (palos, piedras y caña) hacia el personal policial”. El acta no menciona rociamiento de gases lacrimógenos ni pimienta de parte de los efectivos ni de disparos de balas de goma, algo que se vio en el desempeño de la fuerza durante los tres días que duró el tratamiento de la ley ómnibus. Según el abogado de los imputados, “se trata de una causa armada. “Estaban manifestándose parados en la plaza. No hubo piedras ni palos ni nada; no hay imágenes que los inculpen”, aseguró.
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Manifestantes expresan su rechazo a la ley ómnibus frente al Congreso (Foto: NA)
El fiscal determinó la liberación de ambos detenidos luego de que se negaran a declarar en indagatoria y “previo a imponerles medidas restrictivas”, entre las que figuran presentarse una vez cada 30 días en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 17 de la Ciudad, la prohibición de salir del país y de acercarse a menos de mil metros del Congreso. Esto último es “más grave que prohibir la protesta social, porque esta gente no puede acercarse a sus representantes, gente a la que votó para que legisle en su nombre. Es como si no fueran ciudadanos argentinos”, advirtió el abogado de los dos imputados.
“Son condiciones que no se deben aceptar, es un acta que no debería haberse firmado. Sin defensa que sepa poner un freno a estos avasallamientos, los fiscales de la ciudad están habilitados a poner las reglas de conducta que se les ocurra como si fueran dueños de la vida de las personas”, definió Combi en relación a las condiciones que impuso Pellicori, auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia Este, y avaló Hanono.
Todo aquello tiene validez “por todo el tiempo que demande el presente proceso”, fijó el fiscal auxiliar, algo que “no se sabe cuándo termina”, denunció Combi. El flamante abogado de los imputados realizará una presentación ante la Procuraduría especializada en Violencia Institucional (Procuvin) el lunes a primera hora.
