Minutos antes de la aprobación en general en la Cámara de Diputados del proyecto denominado ley ómnibus, el viernes 2 de febrero, el presidente Javier Milei no pudo contener su ansiedad: firmó el decreto 117/24 que dispuso la intervención por un año de los medios públicos Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos públicos. Se amparó en el DNU 70/23, conocido como decretazo, y poco le importó que la atribución de desarmar organismos era uno de los temas que iban a formar parte del debate parlamentario del articulado de su iniciativa.
La decisión molestó a los bloques que habían permitido dar el primer paso para aprobar el proyecto de ley ómnibus, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que representa partidos provinciales. El fin de semana se imponía en cada uno de ellos la estrategia de aprobar las facultades delegadas y restringir las delegaciones. Fue lo que ocurrió.
El capítulo de reforma del Estado fue el más desmenuzado: sólo quedó en pie uno de los seis incisos; el F, que refería a la intervención de organismos públicos, tuvo 150 votos en contra, 21 más que lo necesario para una mayoría. El E, que allanaba el camino a la privatización, obtuvo 152 rechazos. La UCR sólo aportó 16 de sus 34 votos para esos temas. En HCF, únicamente acompañaron en las dos ocasiones Miguel Pichetto y Ricardo López Murphy. Los nueve integrantes de IF pulsaron en ambos casos el botón rojo.
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Tampoco pasaron el filtro de los dialoguistas los incisos que proponían suprimir y reorganizar competencias o reformar los organigramas. Fue un golpe letal para Milei, porque ya toma esas medidas y si avanzaba esa versión de la ley ómnibus le quedarían vedadas.
Aunque no tenga rigor legal, el fracaso legislativo, además, puede ser un elemento que tenga en cuenta la justicia para definir si veta más fragmentos del decretazo. Ante cada causa, los magistrados deben evaluar si el Presidente puede justificar haber ignorado el Congreso. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, a no ser que antes se reúnan mayorías en las dos cámaras para rechazarlo. El Senado lo intentará cada semana.
¿Qué pasó?
Luego del pedido de cuarto intermedio, el desconcierto en La Libertad Avanza era total. “Teníamos acordado otra cosa”, repetían sus referentes en los pasillos. El jefe de bloque, Oscar Zago, se lo reprochó a las autoridades de las otras fuerzas y lo repitió en los medios.
Entre los referentes dialoguistas niegan esos compromisos. Como anticipó Letra P, el lunes, en la reunión de la UCR el grupo rebelde había anticipado que no iba a aprobar intervenciones de organismos públicos. “(Carlos) Menem tuvo esa facultad por 180 días y Milei la pidió por un año. No se lo vamos a permitir”, planteó una diputada cercana al presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien merodeó el Congreso para seguir de cerca las negociaciones.
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Oscar Zago, jefe del bloque La Libertad Avanza, durante el debate de la ley ómnibus.
El oficialismo tuvo un problema de interlocutores. Maximiliano Fariña, amanuense de Federico Sturzenegger, fue el encargado de hablar con los potenciales aliados y supo el lunes que los radicales no aportarían más de 20 votos. En algunos casos, ayudaron muchos más, pero no alcanzó. “Nosotros fuimos sinceros, no le puedo hacer las cuentas de los otros bloques”, se indignó un referente del bloque conducido por Rodrigo De Loredo, que tenía la misión de hablar con los emisarios del gobierno.
La rebelión de los partidos provinciales hizo imposible sostener el proyecto. Para evitarla, Pamela Calletti, presidenta del bloque, le enumeró las demandas a Fariña en una comunicación que tuvieron el domingo. Al igual que en HCF, pedía eliminar los artículos que borraban los fondos fiduciarios y demandas puntuales para las provincias que no reportan a jefes nacionales. Tenían decidido no entregarle facultades a Milei para que pudiera ignorar a sus gobernadores.
¿Si privatizaban los medios públicos?
La ansiedad del presidente para reorganizar el Estado puso en riesgo también el otro capítulo clave del proyecto que no llegó a tratarse: las privatizaciones de empresas del Estado. Eran 39 compañías a la venta (tres sólo podían convertirse en compañías mixtas) divididas en cuatro anexos. Uno de ellos tenía a los medios públicos y no contaba con los votos para aprobarse por la resistencia de un sector de la UCR y, sobre todo, de los partidos provinciales, que no encontraban el negocio de dejar de caminar por el medio de la grieta.
“¿Por qué yo voy a cerrar la televisión pública? ¿Para ir a los canales que defienden a uno u otro frente nacional? No nos sirve”, planteó en una discusión de pasillo un diputado de IF que responde a un gobernador con sello propio. Las cuentas no daban. El resto de las privatizaciones tampoco estaban aseguradas, porque los sectores más negociadores de la UCR exigían un control de los pliegos en tiempo real. No había conformidad con el último borrador.
Sin una ley que habilite a vender empresas del Estado, el presidente debería iniciar el proceso por decreto de necesidad y urgencia, pero no será fácil que lo tomen en serio. “Se puede privatizar sin una ley, pero después de este fracaso no habrá seguridad jurídica. Nadie va a invertir si no tiene garantías en el futuro. Milei debería haber negociado mejor este capítulo”, se lamentó un jurista radical que asesoró a su bloque.
Seguridad y tarifas
Los otros incisos de la ley ómnibus que se cayeron fueron el que proponía eliminar los fideicomisos, el que regulaba el sector energético y el que sumaba facultades a las fuerzas de seguridad federales. Estos dos últimos se votaron en forma conjunta, por una decisión del oficialismo que los bloques dialoguistas no entendieron. La derrota fue de 130 a 123.
Fue decisivo el rechazo de los cinco miembros del bloque de Córdoba, los seis de la Coalición Cívica (forman parte de HCF), y de seis integrantes de IF: tres de Salta y tres de Misiones. La UCR aportó 28 votos a favor. Sólo se rebeló Facundo Manes y sus seguidores.
Influyeron en la caída de estos incisos las rebajas de los subsidios anunciada esos días y la represión que implementó Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso. “Si no la frenamos, saca las fuerzas armadas a la calle”, sostuvo ante Letra P uno de los diputados dialoguistas que votó en contra.
La ministra estaba destinada al fracaso: tampoco había juntado los votos para lo que quedaba de su paquete de medidas, que incluía suba de penas por cortar el tránsito y resistirse a la autoridad; y nuevos casos de legítima defensa. La UCR había decidido rechazarlo. No se llegó a votar.
