El presidente, Javier Milei. Tras su retorno de Davos, se dedicará a negociar la Ley Ómnibus con la oposición.
El presidente Javier Milei aceptó varias de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista al proyecto conocido como ley ómnibus, pero todavía no logró acordar algunos capítulos que considera esenciales para ejecutar su plan de gobierno.
Con el PRO alineado a la Libertad Avanza (LLA), los bloques que tienen la llave del cuórum son la UCR, Hacemos Coalición Federal (presidido por Miguel Pichetto) e Innovación Federal (integrado por partidos provinciales), que esta semana se unieron para preparar un dictamen propio y tenerlo listo en caso de no alcanzar un consenso con el Gobierno. Con esa táctica, dejaron a Milei en una encerrona: redacta la ley ómnibus que estas fuerzas le piden o se la escriben en el recinto y lo obligan a optar entre aprobar una versión alternativa o quedarse sin nada.
Como explicó Letra P, las bancadas dialoguistas no quedaron conformes con el borrador de modificaciones que acercaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Después de haberles detallado sus pretensiones, esperaban recibir nuevas versiones desde la Casa Rosada, pero hasta el viernes a la noche no tenían novedades.
Milei, que pasará el fin de semana siguiendo el minuto a minuto de la negociación, sabe que no puede prescindir de ninguno de sus potenciales aliados. La UCR y HCF le alcanzan para abrir el recinto, pero Innovación Federal es clave por dos razones: le permite al oficialismo cubrirse de eventuales fragmentaciones que pueda haber en las otros dos bloques y, además, los jefes de los partidos provinciales tienen la llave del cuórum en el Senado.
Es el capítulo que más lejos está de cerrarse, porque la demora del Gobierno para negociar endureció la postura de los bloques de la oposición dialoguista, que este viernes manifestaban no estar dispuestos a votar ningún aumento de los derechos aduaneros.
En la propuesta que acercó el jueves, Milei ofreció no subir las retenciones de 35 actividades de economías regionales (que escalaban al 15%) y en la selección omitió varias de zonas donde pesan los partidos locales con votos en el Congreso. Por caso, el legislador provincial Carlos Rovira, líder político de Misiones, reunió el viernes a sus representantes para pedirles rechazar un mayor costo fiscal de exportar madera y tabaco.
Referentes de las provincias de la pampa húmeda, como Córdoba y Santa Fe, no quieren votar la suba de retenciones a los subproductos de soja (se eleva de 31 a 33%) y al resto de los granos, que también se fijan en 15%.
Es otro debate que quedó trunco luego de los encuentros de Francos-Caputo con los bloques dialoguistas. En el borrador, los funcionarios ofrecieron eliminar a YPF de la lista de 41 empresas públicas vendibles y garantizar la acción de oro del Estado en Nucleoeléctrica.
La oposición exige un compromiso para sostener en la órbita pública otras compañías, como el Banco Nación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), pero Milei no da el brazo a torcer. Otro reclamo es que para comercializar acciones sea necesario un dictamen vinculante de la bicameral de modernización del Estado y control de las privatizaciones. El Presidente ofreció un procedimiento para que actúe esta comisión, pero sin poder de veto.
Los potenciales aliados del Gobierno creen que es un asunto cerrado, aunque todavía no hay una voz oficial que lo confirme. La UCR, HCF, IF y también el PRO reclaman que si se aprueba el artículo del proyecto que deroga la fórmula de movilidad actual, se reemplace por otra que tome en cuenta la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En la reunión que tuvieron con Caputo y Francos, en la oposición no recibieron un texto alternativo pero sí la promesa de resolver el tema con alguna de las dos variantes propuestas. En minoría, el Gobierno no tiene muchas alternativas: envía una nueva fórmula o se queda con la actual.
Es un asunto clave para que Milei logre tener superávit. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si este año solo se indexan las jubilaciones mínimas, la administración libertaria se ahorrará un punto del PBI.
Un referente opositor explicó a Letra P que Milei se encontró con otro problema que prefiere no mencionar. Como la fórmula actual tiene un rezago de un año, si logra bajar la inflación, como se propone, le será muy costoso pagar las jubilaciones en el último semestre.
En este tema la oposición dialoguista puede dividirse y permitirle al Gobierno una victoria en la votación en particular del proyecto, que es cuando se pone en consideración cada artículo. La UCR no está de acuerdo con autorizar al Gobierno a endeudarse en dólares sin límites, lo que el proyecto solicita a través la eliminación del artículo 1 de la ley de sostenibilidad (sancionada en 2021) y del 65 de la de administración financiera, que pone límites a la renegociación de pasivos en moneda extranjera. El ministro de Economía, Toto Caputo, pide que los futuros perfilamientos se definan según “las condiciones imperantes”. Buscará otra redacción para contentar a HCF, IF y el PRO. No piensa en la UCR.
Por si faltaba un tema para enturbiar la negociación, hay gobernadores que reclaman que alguna de las reformas tributarias del proyecto derive en un flujo de fondos a sus alicaídas arcas.
Las provincias no tienen ningún beneficio de la ley ómnibus, porque Milei propone ajustar con una baja del gasto en jubilaciones y una suba de las retenciones a las exportaciones, que no se coparticipan. Además, el proyecto reduce la carga de Bienes Personales, que sí se distribuye una porción entre las 24 jurisdicciones.
Esta semana, los mandatarios no peronistas enviaron señales a sus legisladores para que tengan en cuenta sus terruños antes de votar. Francos intentó calmarlos y una de las propuestas que acercó al Congreso fue excluir de la versión final la baja en Bienes Personales e incorporarla al prometido proyecto de ley para reducir el mínimo no imponible al impuesto a las Ganancias, que sí redundaría en un fuerte incremento de los giros automáticos a las provincias. Los gobernadores quieren ver esa propuesta por escrito.
Es un tema en el que no hay consenso explícito, tal vez porque Milei no termina de aceptar su derrota. En el borrador que acercó a la oposición, el Presidente propone bajar de cuatro a dos años el plazo de las facultades delegadas que propone en el proyecto, el segundo a prorrogar por el Poder Ejecutivo. Además, se reducen de 11 a ocho las materias alcanzadas, con la eliminación de las de defensa, sanitaria y social.
La oposición dialoguista exige restringir la emergencia a un año y que el segundo sea a consideración del Congreso. No votará otra cosa. Milei, por ahora, se resiste a depender del parlamento para cada decisión que tome en 2025. Deberá aceptarlo.
Es un problema que tomó fuerza esta semana y el Gobierno no lo esperaba. Milei sabía que el kirchnerismo se iba a negar a votar la liquidación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, pero no imaginaba que entre los dialoguistas tampoco habría consenso.
En la UCR hay un grupo que defiende el FGS como instrumento contracíclico, mientras que en HCF e IF exigen que, en caso de venderse sus acciones y títulos públicos, se garantice un flujo de dinero para sostener la asistencia que la Nación le brinda a las 13 cajas previsionales de las provincias que son deficitarias.
El Gobierno propuso que la venta del FGS requiera de un dictamen favorable de la bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Sin la oposición dialoguista, nunca lo tendría.
Milei no aceptó la propuesta de los dialoguistas de eliminar del proyecto los capítulos no económicos y discutirlos al inicio de las sesiones ordinarias. El dictamen que prepara la oposición omite las modificaciones en temas ambientales, culturales, educación, turismo, la reforma del Código Civil y la incorporación del juicio político, entre otras. El Presidente tomó sugerencias de sus aliados en estos temas, pero no quiere postergarlos.
La reforma política está en un limbo: hasta ahora, Milei sólo desechó que se vote la nueva composición de la Cámara de Diputados, pero no descartó continuar con el debate para elegir a los miembros de ese recinto mediante el sistema de circunscripción uninominal, aún cuando es rechazado por toda la oposición. La idea de eliminar las PASO sigue en pie: está en estudio una propuesta de la diputada María Eugenia Vidal para que no sean obligatorias y el Estado no las financie.