Luego de la tensa reunión que mantuvieron con funcionarios del Ministerio de Economía, referentes de la oposición dialoguista de Diputados solicitaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, desechar su plan de convocar a una sesión el sábado para tratar el proyecto denominado Ley ómnibus, enviado por el presidente Javier Milei. Proponen dictaminar el martes 23 y abrir el recinto a partir del jueves 25, después del paro de la CGT. El planteo fue realizado por las bancadas de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, que trabajan asociados a Innovación Federal, el bloque de partidos provinciales. Por si acaso, las autoridades de estas fuerzas redactaron un dictamen propio con sus propuestas de modificaciones, que aún no fueron respondidas.
Las negociaciones entre las comitivas enviadas por la Casa Rosada y opositores de bancadas dispuestas a colaborar comenzaron el lunes, pero este martes se trabaron en los debates del capítulo económico y fiscal. Los potenciales aliados no están dispuestos a aceptar la eliminación de la indexación jubilatoria y el aumento de las retenciones a las exportaciones, medidas que el Gobierno considera clave para cumplir con sus metas fiscales.
Este miércoles estaban previstas nuevas reuniones entre funcionarios y miembros de los bloques dialoguistas, pero hasta el cierre de esta nota no habían sido confirmadas. Restaba discutir la letra fina de los capítulos de salud, cultura, educación e infraestructura. A la oposición, además, le interesa esperar una respuesta de las propuestas realizadas sobre el resto de los temas.
Otra novedad de este miércoles es que el PRO, que participó de las reuniones y compartió gran parte de los reclamos con el resto de los bloques, se negó a diseñar con ellos un dictamen propio. En la UCR y HCF no descartan que, de no alcanzarse un consenso, el bloque amarillo prefiera acompañar en disidencia un dictamen de LLA a la versión original de la ley ómnibus.
La Ley ómnibus opositora
El desafío que se plantearon en la oposición dialoguista es que Milei, cuando atienda el teléfono, comprenda que si el debate en comisiones termina mal, la sesión no puede empezar bien. Para evitarlo, entienden que lo ideal es acordar un dictamen que garantice una mayoría en el recinto.
Si no es posible, los dialoguistas proponen que haya dos despachos que no sean tan disímiles, con la intención de amoldarlos durante el debate en el recinto. Cada uno de estos bloques puede vetar cualquier artículo sumándose a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, decididos a rechazar todo el proyecto. Ese es el juego.
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Soledad Carrizo, diputada de la UCR. Participa de las negociaciones de la Ley Ómnibus.
Para darle forma a ese plan B, miembros de la UCR, HCF e IF se reunieron martes y miércoles y redactaron su propia versión de la Ley Ómnibus, en la que quedaron afuera varios de sus capítulos, como la reforma política, las temáticas de niñez, salud, educación, ambiente, turismo; la reforma del Código Civil y la habilitación a la reventa de entradas. Cuánto mucho, propondrán que algunos de estos debates se realicen en marzo.
El borrador de dictamen que circuló en las oficinas propone eliminar la fórmula de actualización jubilatoria según el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y sostener el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que el proyecto pretende liquidar. Antes de tomar cualquier decisión, proponen garantizar la asistencia a las cajas previsionales de las provincias.
Los dialoguistas eliminan el aumento de las retenciones a las exportaciones a las economías regionales, que se elevan a 15% en todos los casos. Sólo les queda definir el listado. Sostienen la propuesta de restringir la declaración de emergencia a un año (con opción a dos, si lo vota el Congreso) y reducirla a ocho áreas. Excluyen del proyecto original las de defensa, salud y previsional. No hay consenso además para habilitar la entrada y salida de tropas sin conocer los ensayos militares, un detalle que suele estar en estas solicitudes. Tampoco se le concede la auditoría al Ministerio de Defensa. Entienden que hay mecanismos internos para realizarla sin aval legislativo.
El despacho alternativo elimina el artículo que autoriza a privatizar 41 empresas públicas, pero aún no hay consenso en si es preferible darle a Milei alguna facultad para estudiar cada caso. La UCR quiere proyectos individuales y HCF pretende debatir el asunto en la bicameral encargada de evaluar estos procesos. Se excluye la nueva ley de defensa de la competencia incluida en el proyecto y no hay acuerdo en sostener el juicio por jurado. La mayoría pide discutir estos temas en otro momento.
El blanqueo y la moratoria se sostienen con un premio a los cumplidores, además de exclusión a exfuncionarios y no residentes. La UCR no quiere mantener la baja en el impuesto a bienes personales. Dejaron en manos de los gobernadores los capítulos de energía, gas, carne, pesca y biocombustibles.
Sí se mantiene el apartado de seguridad interior, pero pedirán reformar la redacción. Emisarios de todas las bancadas le explicaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que si manifestarse no está tipificado como un delito, tampoco se puede penar a quien organiza estas manifestaciones. Entienden que no hay otra opción que adaptar el texto a la ley de tránsito y así lo escribirán. El Gobierno definirá si acepta la propuesta.
