Además, el borrador plantea como “alternativas adicionales” eliminar la baja de bienes personales e incluirla en un proyecto de ley junto a la baja del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias.
Queda en un limbo el sistema de votación por circunscripciones uninominales para definir los miembros de la Cámara de Diputados, rechazada por todas las bancadas, y la eliminación de las elecciones primarias.
Sólo con estas disidencias, en la oposición dialoguista descuentan que, en el mejor de los casos, La Libertad Avanza (LLA) conseguirá una aprobación en general de la ley ómnibus y varios artículos podrían ser rechazados.
En el oficialismo quieren acelerar los tiempos: piden firmar un dictamen el lunes y tratar el proyecto en el recinto al día siguiente. La UCR, HCF e IF insisten con el esquema de martes y jueves, sólo en caso de alcanzar un consenso que por ahora está en construcción. Este fin de semana habrá conversaciones en cada bancada con las novedades para volver a hacer cuentas.
El borrador
El texto que circuló entre miembros de la Cámara de Diputados este viernes cuenta con la mayoría de las modificaciones pedidas por la oposición, pero con algunas sorpresas en la letra chica.
La principal es sobre las declaraciones de emergencias, que el Gobierno pide en el proyecto sobre 11 materias, por dos años y con opción a dos más. El Presidente podría así prescindir del Congreso durante todo su mandato. La oposición pedía reducirla a un año, con chances de ampliarlo por el mismo período con aval del Congreso. En el borrador se propone que la prórroga de los últimos 24 meses quede a discreción del Poder Ejecutivo.
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En la propuesta que acercó Milei se concede el pedido de no declarar emergencia para defensa, políticas sociales y sanitarias. Se mantiene para los temas previsionales y tarifarios, pese al rechazo de los dialoguistas.
El Fondo de Garantías de Sustentabilidad también será motivo de conflicto entre las bancadas que pueden ayudar al gobierno. La nueva versión del proyecto mantiene la opción de liquidar sus activos, no sin antes contar con un dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Esta misma comisión es la que evalúa los procesos de venta de activos nacionales, aunque en este caso sus decisiones no son vinculantes. La nueva versión del proyecto sostiene la habilitación para privatizar 40 de las 41 empresas que había en el listado original. Sólo fue excluida YPF, aunque en el caso de Nucleoeléctrica, el Estado sostiene la opción de derecho a veto de la actividad. La oposición pide mantener otras empresas en la órbita pública, como el Banco Nación e Ymad.
Por pedido del PRO, se eliminan los nuevos requisitos para ser funcionario de la Oficina Anticorrupción y de la Sigen, se impide a los empleados públicos hacer proselitismo político en sus lugares de trabajo y se acotan las facultades para la renegociación y recesión de contratos.
Las retenciones que siguen
El borrador elimina el aumento de retenciones a las exportaciones para las economías regionales, que el proyecto eleva hasta el 15%. Pero sólo identifica entre las excluidas a 35 actividades enumeradas en un anexo, como el arroz, la yerba, el té, la azúcar, la papa, el maní, la actividad forestal, el maíz, porotos, frutas y verduras, entre otras.
Según el texto, seguirán gravadas otras economías regionales como la madera y el tabaco, que pidieron ser excluidas por el bloque de Misiones, que integra Innovación Federal. El tabaco es defendido por representantes de Jujuy, que en el bloque UCR integra un grupo rebelde que agrupa a 10 de los 34 miembros y este jueves pidió prorrogar el debate de la ley ómnibus.
El capítulo de retenciones no conformó a los representantes de Córdoba y Santa Fe del bloque HCF. Reclamaron que no subieran las alícuotas a los granos como el maíz y el trigo. Sólo quedaron fuera algunas variantes como el maíz pisingallo y el trigo sarraceno. Este debate se trasladará a la comisión y, tal vez, al recinto.
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El Gobierno sí aceptó las propuestas del PRO para incorporar al blanqueo de capitales: se excluyen a quienes tuvieron cargos en los últimos cinco años y a los no residentes.
Francos cumplió las promesas de modificaciones para los capítulos de pesca (se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina, con mayoría de tripulación local; y las licitaciones no serán internacionales) e hidrocarburos, con la ratificación del control del recurso de las provincias. Se mantiene el mecanismo de ajuste de regalías (sobre un valor base de 15%), pero podrán incluirse las inversiones en los pliegos. En biocombustibles, se incorpora el aumento de los cortes prometidos por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Cirillo, con un plazo de 18 años para que las mezclas se realicen en el país.
Otros cambios
El borrador ratifica la eliminación del artículo que penaba la congregación de tres personas, pero incluye una pena para el bloqueo a comercios e industrias. Quedan fuera del proyecto el cambio de composición de la Cámara de Diputados, las reformas a la ley de bosques y a la de quema, que tendrá un plazo de 90 días. La de glaciares se sostiene, pero con modificaciones.
En el capítulo de educación, se aclara que los estudios a distancia sólo pueden ser a partir del secundario; y los híbridos (que combinan presencial y remoto) se aplicarán para tareas extracurriculares.
Hay cambios al régimen de universidades, como la no participación de los gremios en la discusión del salario mínimo y nuevos criterios para el financiamiento pedidos por la oposición.
En cuanto a la Ley Micaela, que obliga a capacitar a empleados públicos en cuestiones de género, el proyecto la acotaba a las áreas del Estado referidas al tema. Se sumarán otras.
Milei también cedió en varias de sus propuestas culturales y sostendrá el Fondo de las Artes y el de la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica. El Instituto del Teatro se desarma, pero sus funciones deben cumplirse en la Secretaría de Cultura.
Hay modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que controlará el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Habrá un monto mínimo de 300 millones de dólares, que el Gobierno podrá ampliar, y se podrá tener más de un proyecto por empresa.
La nueva ley de la competencia que se propone en un anexo también tendrá retoques. La barrera umbral para las fusiones será de 100 millones de dólares, sin chances de revisar operaciones por menos de ese monto. El tribunal de especialistas queda como una comisión ad’ honorem. El directorio será integrado por cinco miembros con acuerdo del Senado. El texto original permitía repartirlos entre el Ejecutivo y la primera minoría de la Cámara alta. No fue aceptado.
