Se cambió en el dictamen en Diputados. Sostienen beneficios a cooperativas. El peronismo denuncia una venta de ARSAT y teme más importación de medicamentos.
Alejandro Cacace, funcionario de Federico Sturzenegger.
La Libertad Avanza (LLA) logró dictaminar en Diputados la "ley de hojarascas", el proyecto enviado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para eliminar o reformar leyes que están en desuso. Hubo normas que no pudieron borrarse por presión de los aliados, como la que permite a miembros del Congreso circular y estacionar donde quieran.
Esa fue una de las modificaciones sobre el texto que reforma 70 leyes y de la que nadie habló, durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. La norma en cuestión es la 20.959, que fue sancionada en 1975 y permite contar con una credencial personal e intransferible para la libre circulación y estacionamiento. El beneficio abarca a diputados y senadores; y a quienes ocupen las secretarías y prosecretarías.
Como había anticipado Letra P, los aliados se molestaron por este intento de derogación y habían amenazado con pedirle a Sturzenegger los costos de su chofer. El ministro prefirió no llegar a tanto y aceptó mantener el beneficio. Tampoco tocó el financiamiento del Círculo de Legisladores, que integran exmiembros de parlamento.
Sturzenegger prometió corregir más de 15 mil leyes, pero el proyecto tiene sólo 70. Prefirió no dar la cara en la Cámara de Diputados donde fue legislador dos años. El proyecto lo defendieron sus secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado).
El dictamen tuvo la firma de la UCR, PRO, partidos provinciales y algunos miembros de Provincias Unidas (PU), que garantizan su aprobación en el recinto. Se mantuvo la derogación de la 25.750, de preservación de bienes culturales. Fueron necesarias otras modificaciones, como la de mantener la ley 11.380, que establece exenciones impositivas para las cooperativas.
“Es la única que tuvo reclamos. Las cooperativas reciben muchas exenciones. Hay que ver si deben tener tantas”, se molestó Cacace. Sturzenegger hizo otras concesiones. La Federación Argentina de Municipios (FAM), podrá seguir teniendo financiamiento del Estado nacional, pero no podrá seguir siendo el único. Sí se sostendrá el financiamiento al Círculo de Legisladores, que logró hacer sentir el lobby propio.
La lista de leyes desechadas tiene algunas cuanto menos peculiares, como la 94, de 1864, que permite aplicar azotes; y otras que autorizan la televisión a color o prohíben las reuniones en lugares privados. Se descartan leyes absurdas como el carnet de mochilero, o la promoción a la cunicultura y la apicultura, que para algunos diputados opositores puede dar pie a la eliminación de exenciones impositivas.
Entre las derogaciones que se mantienen hay algunas leyes polémicas que la oposición consideró parte de una trampa. El truco consistiría en habilitar negocios millonarios con la eliminación de algunas normas y borrar otras que son inocuas.
La norma eliminada que trajo polémica fue la de interés nacional de la producción de medicamentos, sancionada en 2011. “Se borra una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud para producir medicamentos de alto costo”, explicó el jefe de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez.
LLA sostuvo esta modificación, pero se comprometió a enviar un informe para garantizar que no afectaría negativamente. Cacace sostuvo que ningún laboratorio fue creado a partir de esta ley. El funcionario, de todos modos, consideró que derogar normas en desuso no es inocuo porque, cuando se superponen, nunca está claro cuál rige.
Sturzenegger ya mostró su cercanía a los laboratorios extranjeros: promueve la firma del Tratado de Patentes, un compromiso que Milei asumió en el acuerdo con Estados Unidos y que Diputados congeló, por presión por la industria local.
Una de las polémicas más grandes de "la ley hojarascas" es la derogación de la ley 25.750, sancionada en 2003, para preservación de bienes y patrimonios culturales. Hace un año, en un posteo que fijó en su cuenta de Twitter, Javier Milei dijo que esa norma le sirvió al Grupo Clarín para licuar su deuda.
Martínez recordó esa denuncia y sostuvo que la intención de Sturzenegger es otra. "Hay empresas que quieren quedarse con ARSAT. Están buscando privatizar", denunció el santafesino. Ocurre que entre los sujetos protegidos se encuentra el "espectro radioeléctrico y los medios de comunicación", "las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país", "la industria de defensa" y el "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural".
Recogió el guante Silvana Giúdici, de LLA, con paso por el PRO y la UCR. Recordó que la ley de servicios de comunicación audiovisual, en su artículo 29 mantiene esa protección por los canales de televisión. Sólo quedarían en un limbo los diarios digitales.
Otra derogación que se mantiene, pero Sturzenegger se comprometió a explicar, es la de la ley de Carbón Vegetal, que declara de interés nacional la prospección, exploración, desarrollo y explotación de carbón mineral y combustibles sólidos por parte de YPF (Ley 19.648).
Romina del Plá (FIT) llamó la atención en las derogaciones a leyes sobre liquidación de hidrocarburos, que puedan privilegiar a inversiones extranjeras. Otro reclamo opositor fue la eliminación de la norma que obliga a priorizar la compra de los automóviles de industria nacional en las dependencias del Estado.
Hubo polémica por leyes culturales, como la que obliga a sostener un teatro en los edificios que se abrieron para tal fin. "Con esta regulación, se les baja el precio", se justificó Cacace.
La otra concesión del Gobierno fue no eliminar la ley de Transferencia de Tecnologías, sino derogar algunos artículos. "Así como hemos tenido inflación monetaria, en el ámbito parlamentario tenemos inflación legislativa”, se jactó el secretario de Desregulación.
"Tenemos un millón de normas entre decretos, leyes, DNU y facultades delegadas. El objetivo de la desregulación es ordenar porque tiene un gran costo para el ciudadano”, cerró el exdiputado.