El gobernador consideró un avance lo resuelto. Reclama $2,2 billones. El 10 de junio será la próxima audiencia. Antes, ANSES debe elevar un esquema concreto.
Axel Kicillof, el ministro Pablo López y el Asesor General Santiago Pérez Teruel salen de la Corte Suprema después de la audiencia por los fondos previsionales
El gobierno de Javier Milei deberá presentar antes del 10 de junio una propuesta concreta por los $2,2 billones que la ANSES le debe al sistema jubilatorio bonaerense. La Corte Suprema fijó ese plazo este mediodía, en una audiencia a la que asistió el gobernador Axel Kicillof, quien se mostró conforme con el resultado.
Como contó Letra P, Buenos Aires llegaba confiado a esta instancia de mediación que había convocado el máximo tribubal en una de las ocho demandas que la provincia le inició al gobierno libertario por recortes de fondos. Y después, hubo gestos de conformidad. "Es un avance concreto. La Nación aceptó que tenía que comprometerse a un régimen de cobertura", subrayaron fuentes del gobierno de Kicillof.
Por la provincia estuvieron presentes en el edificio del máximo tribunal el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del IPS, Marina Moretti. Por Nación se hicieron presentes funcionarios de ANSES y del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. A diferencia de la primera audiencia, celebrada el 17 de marzo, cuando ANSES alegó no contar con datos suficientes para estimar la deuda, este martes Nación aceptó comprometerse a un régimen de cobertura.
"Ya llevamos dos años y pico donde esto no ocurrió y ya pasó en otras provincias. Llegamos a ese compromiso de Nación, de traer un monto para transferir el próximo 10 de junio", dijo Kicillof al salir. López también habló: "Es importante el espacio institucional que ha dispuesto la Corte; esperamos llegar a la audiencia de junio con una propuesta de solución".
El conflicto se originó en el DNU 280 que Milei firmó en marzo de 2024, mediante el cual suspendió las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, la provincia no recibió un peso por ese concepto. La administración bonaerense cuestiona la constitucionalidad del decreto y sostiene que sus considerandos tienen una "orfandad de fundamentos".
El reclamo previsional es uno de los ocho que la provincia mantiene ante el Máximo Tribunal. En total, las demandas contra el gobierno de Milei suman más de $15 billones, cifra que representa un tercio del presupuesto provincial. "La Provincia tiene en total ocho reclamos por distintas deudas que totalizan más de $15 billones, una cifra inmensa", subrayó Kicillof. El resto incluye fondos destinados a la seguridad, el transporte, la educación, los bosques nativos y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.
El resultado de la audiencia también se lee en clave política. En las últimas semanas, la administración libertaria cerró acuerdos previsionales con Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otros. Buenos Aires, que no integra ese grupo, no recibió ningún ofrecimiento. La vía judicial fue la única que quedó abierta, en un contexto que en La Plata leen como de un intento desembozado de ahogo financiero por parte de la administración libertaria.
Después de la audiencia, el ministro López fue más allá y puso sobre la mesa otro eje del conflicto. Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional pero recibe apenas el 7% del total distribuido, mientras Nación concentra el 70%. "Seguiremos reclamando al Gobierno nacional que cambie el rumbo económico y que cumpla con sus obligaciones", cerró el ministro.
A la salida, Kicillof reclamó también por otros recortes. "Cortaron la ayuda que tenía que ver con medicamentos del Plan Remediar, ¿dónde va toda esa gente? A la provincia y los municipios", sostuvo. El gobierno bonaerense había anunciado esta mañana un aumento del 30% en el Sistema Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes, y un incremento del 25% en los principales programas sociales. Los montos mensuales del servicio pasan de $41.000 a $54.000 millones de pesos.