José Peluc y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), diputados que representan al Gobierno en la reforma de la ley de glaciares.
El Gobierno definió la modalidad para realizar en Diputados las audiencias por la reforma de la ley de glaciares impulsada por Javier Milei. Más de 50 mil personas se inscribieron para participar, pero solo 200 podrán exponer durante las jornadas previstas para el 25 y 26. La selección se hará entre los primeros anotados de cada jurisdicción. El resto deberá limitarse a presentar ponencias por escrito o enviar videos.
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Con esta metodología, anticipada por Letra P, La Libertad Avanza busca evitar una judicialización de una eventual norma. Además, el oficialismo intenta trasladar el debate a las redes sociales, el ámbito en el que se sienten más cómodos. "La izquierda quiere copar las calles; nosotros vamos a dar la pelea virtual", desafían.
Las audiencias se enmarcan en la ley de ambiente, que obliga al Congreso a darle voz a la ciudadanía. Patricia Bullrich las omitió en el Senado y Martín Menem pidió organizarlas, ante un reclamo de la oposición. Fue también una orden de la Casa Rosada, por temor a que la ley pudiera ser impugnada en los Tribunales.
La inscripción se abrió el 6 de marzo y estará abierta hasta el viernes 20. Las exposiciones durarán cinco minutos, el primer día serán presenciales; y el segundo, por Zoom. La sede será el auditorio del anexo de Diputados, entre 10 y 19, por lo que no podrá haber mucho más de 100 ponencias por día.
El plan del Gobierno
Las audiencias están organizadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de Medio Ambiente; y de Asuntos Constitucionales, a cargo de los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz. El viernes enviaron una nota a los integrantes de otros bloques para anunciarles que habrá una exposición restringida el 25 y el 26, con los primeros anotados de cada provincia.
"Están haciendo trampa: deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública sino cumplirla", protestó el viernes Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
El Gobierno no quiso sumar un día de audiencias, lo que al menos podría haber ampliado la cantidad de participantes. "Nada hubiera cambiado: son 50 mil anotados, la idea era boicotear el tratamiento y no lo vamos a permitir", sostiene LLA.
La última audiencia pública en Diputados fue en 2018, cuando se debatió el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. En esa oportunidad se anotaron 1000 personas y hubo tres meses de plenarios, con dos jornadas por semana. La magnitud de los inscriptos en este caso impidió un esquema similar.
Cinco minutos de fama
Según la nota firmada por Peluc y Mayoraz, la inscripción seguirá vigente hasta el viernes 20 con el formulario publicado en la página web de la cámara baja, que siempre contempló la posibilidad de exponer por escrito. Como las chances de participar de las audiencias son nulas, teniendo en cuenta que accederán sólo los primeros anotados por provincia, la novedad es que también se podrá subir un video de cinco minutos con el contenido de la ponencia.
Los videos deberán ser registrados en un canal de Youtube de los interesados, quienes luego deberán subir el link al canal de esa plataforma que tiene Diputados. "Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto", sostiene la nota de Peluc y Mayoraz.
"Cabe señalar que la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado, federal y sustantivo", culmina la comunicación.
El proyecto de la polémica
El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como "regulador del recurso hídrico". Con este cambio, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, aunque sin afectar la provisión de agua.
La norma vigente tiene restricciones más amplias. Permite considerar que los glaciares están desprotegidos si en las zonas aledañas se afectan la agricultura, la biodiversidad y hasta el atractivo turístico. Estos daños sólo podrán determinarlos las provincias. El cambio surge como un pedido de gobernadores de distritos mineros, para facilitar inversiones.
En el Senado, Bullrich sumó recaudos por pedido de la UCR. Así el proyecto habilita a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realice estudios técnicos-científicos, en caso de que un glaciar no cumpla sus funciones previstas. Las provincias deberán notificar a este organismo cualquier denuncia.
