El Consejo de la Magistratura no grabará el examen oral de los 17 aspirantes. La UCR y Luis Juez denunciaron falta de transparencia. Razones y contrapuntos.
Jura de los representantes del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura de Córdoba
Las entrevistas que tomará el Consejo de la Magistratura de Córdoba a las 17 personas que pujan por la titularidad del Juzgado Electoral provincial, el paso final para la selección, no serán grabadas. La sucesión de Marta Vidal, la magistrada que ocupa el cargo desde 1998, se resolverá con el protocolo habitual, pese a la presión de radicales y juecistas.
Consecuentemente, dichos exámenes orales tampoco quedarán disponibles para su reproducción posterior, ya para público en general, ya para quienes tengan un interés particular, posibilidad que sí consideran otros Consejos.
De tal manera, el Consejo de la Magistratura cordobés, órgano encargado de la parte señalada como más subjetiva de todo el proceso (que previamente filtra a través de análisis de antecedentes y un examen escrito), desestima el requerimiento formulado por los partidos que representan la oposición al gobierno provincial, en particular la UCR y el Frente Cívico.
Desde este órgano confirmaron estar al tanto de las demandas opositoras. También admiten haber recibido el pedido formal cursado por el senador de La Libertad Avanza, Luis Juez. No obstante, aseguran no tener una disposición negativa ya formulada. Cualquier comunicación, remarcan, llegará al término de la feria judicial de julio.
No obstante, las reflexiones que deslizan no dejan lugar a dudas sobre el sentido de la determinación. Según recuerdan oportunamente, la modalidad empleada para las entrevistas personales no ha sufrido objeciones en los 25 años de existencia del Consejo.
En simultáneo, reafirman la existencia de una “garantía de ecuanimidad”, brindada por la presencia de veedores de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados de Córdoba. También por la existencia de representantes de los tres poderes del Estado.
Desde otro ángulo, fuentes judiciales ratificaron que la desestimación a los requerimientos opositores está tomada, independientemente del momento elegido para comunicarla.
“El Consejo no va a ceder. Si lo hiciese, sentarían un precedente ante cualquier otro reclamo. Es realmente difícil que los consejeros actúen con parcialidad manifiesta porque hay mucha gente atenta a ello, eso es cierto”, dicen a Letra P.
“También es cierto que podrían registrar las entrevistas. No es algo descabellado. De hecho, así sucede en Buenos Aires. Pero el Consejo replica las prácticas de todo órgano judicial: son ellos los que deciden, no quieren abrirse. Mucho menos si hay una pública demanda de la política”, amplía otra voz consultada.
Las consideraciones sobre intromisiones políticas abren paso a otro análisis. Aunque resulte difícil creer la prédica de asepsia que suelen formular los funcionarios judiciales, tampoco se pueden tomar los reclamos opositores como libres de interés.
Voces representativas de los estamentos que intervienen en el Consejo de la Magistratura -como el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Legislativo, Magistrados, Colegio de Abogados y la Academia Nacional de Derecho- desconfían de que la transparencia del proceso sea lo que guía las peticiones de los partidos opositores.
En particular, descreen de las intenciones de la UCR, cuyo bloque legislativo presentó sendos proyectos para exigir tanto la grabación de las entrevistas como la presencia de un representante de la primera minoría parlamentaria entre los integrantes del Consejo.
“Son proyectos viejos, que hemos vuelto a presentar. Hay cuatro integrantes que dependen del Ejecutivo y la representante del TSJ mantiene un prolongado vínculo con el peronismo. La minoría no tiene representación. La evolución es que el Ejecutivo se vaya retirando de los Consejos. En Buenos Aires, ni siquiera tiene participación. En Córdoba, el criterio es retrógrado y abusivo”, justifican desde la bancada radical.
“No les interesa tanto el equilibrio, siquiera la transparencia. Tampoco parecen tener en cuenta las capacidades de los postulantes. Se guían por un criterio matemático de dividir entre propios y ajenos. Por eso siembran dudas”, replican desde uno de los sectores representados.
La misma voz acusa al partido rojiblanco de manifestar un doble estándar. “Piden acá lo que no cuestionan en el Consejo de la Magistratura. Allá no cuestionan la rosca, acá sí”, fustiga.
De inmediato, pide recordar los tiempos de gobernaciones radicales. “Cuando estuvieron en el poder hicieron cosas peores. No son unos santos. Se quejan porque pierden”, señalan.
Hace dos semanas, Luis Juez envió una nota a la presidenta del Consejo, María Marta Cáceres de Bollati, a la que solicita que “ordene la filmación de las entrevistas personales”, bajo advertencia de que bloque no prestaría conformidad al postulante emergente del concurso.
“Las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo, toda vez que ello impide el control de imparcialidad y objetividad que exige todo concurso y, con mayor énfasis, el del órgano jurisdiccional, custodio de los procesos electorales provinciales y municipales”, indica el texto.
Tras citar el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación, fustiga la metodología provincial. “Por motivaciones muy simples de imaginar, oculta el interrogatorio entre los miembros del Consejo y los postulantes, de manera que a algún afortunado se lo puede interrogar sobre el clima y a otro, menos igual, acerca del derecho electoral comparado en Moldavia”, ironiza.
“Quiero pensar que nada costará a la Sra. Presidenta implementar lo que pido, privilegiando la transparencia democrática. De no ser así y optarse por la continuidad del ocultismo habitual en las entrevistas personales, los legisladores del Frente Cívico no prestarán acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, que quedará envuelta, una vez más, en la bruma del favoritismo”, sentencia.
Dicha nota opera como cierre de una pinza que ya contiene un proyecto de ley para garantizar la transmisión, por YouTube, de las entrevistas, así como la difusión del registro resultante.
Pese al tenor de las palabras emitidas, en el oficialismo diluyen su dureza. Según interpretan, el juecismo opera con mayor conocimiento de la sensibilidad de los altos mandos de la Justicia. “Cualquier modificación es por ley. Luis lo sabe, por eso envía una nota, que es simbólica. Impacta en la opinión pública, pero no va a fondo”, analizan.
También reparan en el modo en que se dirige a Cáceres de Bollati, la máxima referencia del Consejo. “Ella es la que decide. Ese es un viejo acuerdo en el TSJ. Ella no tercia en la puja por la presidencia, el resto respeta que ella maneje el Consejo. Eso también implica que cualquier acción judicial contra los procedimientos tenga un destino de fracaso”, explican a este medio.
En el radicalismo marcaron en su almanaque los días 30 y 31 de julio como posibles fechas para la realización de las entrevistas. Las fechas no han sido confirmadas aún por el Consejo.
La carencia de información al respecto alimenta sospechas ya circulantes. En particular, las que señalan en dirección a los ocho representantes del Poder Judicial. “Se van a enterar antes que nosotros”, protesta un boinablanca.
“Lo decisivo será la preparación de quienes se presenten. Seguramente el sector que se sienta representado por quien se convertirá en juez olvidará rápido cualquier cuestionamiento”, vaticina un caminante de Tribunales.
