El radicalismo presentó en la Casa Rosada el proyecto de reforma laboral para incorporar en la ley ómnibus, que debatirá la Cámara de Diputados desde la semana próxima. Como anticipó Letra P, la iniciativa suaviza la base del DNU 70/23, que no pasaba el filtro de la oposición dialoguista, y además limita las huelgas docentes.
El proyecto fue explicado por las autoridades legislativas de la UCR, Rodrigo De Loredo (Diputados) y Eduardo Vischi (Senado). Por el Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su segundo, José Rolandi.
Tal como anticipó Letra P, la reforma de la UCR sostiene las multas por trabajo no registrado, aunque las reduce, un tema en el que hay consenso con Hacemos Coalición Federal. El DNU de Milei elimina por completo esas sanciones, lo que en la oposición dialoguista considera un exceso.
Con su propuesta, en el radicalismo hablan de una caída drástica del costo de despidos: calculan que un empleado que trabajó un año podría pasar a recibir tres sueldos, mientras que con la ley actual percibe diez. En el articulado quedan vigentes las multas que, además, puede cobrar la AFIP, que en la UCR evalúan darle un destino específico.
Los planes de la UCR
El proyecto radical incluye una reducción de las cargas patronales, un reclamo frecuente de las pequeñas y medianas empresas. En este caso, propone deducir las contribuciones hasta el equivalente a cinco salarios mínimos. De esta manera, las pymes con pocos empleados serían las más favorecidas.
El objetivo de la reforma, explican en la UCR, es que las grandes empresas también sean beneficiadas, pero con un tope. Las cargas son como un impuesto regresivo: se cobra el mismo porcentaje, sin importar el tamaño de la empresa. La Casa Rosada no está del todo convencida de la medida y teme que el impacto fiscal profundice el déficit.
En la UCR quieren restricciones a las huelgas docentes, un cambio que también está en el DNU objetado por la Justicia. Es una categoría que permite considerar la educación como servicio esencial y de ese modo obligar a mantener las escuelas abiertas en caso de huelgas.
Según el proyecto, si hay un día de paro, los docentes deberán tener el 30% de la nómina en las aulas; si es de 48 horas, el 50%; y si es de 72, el 75%.
Otro capítulo de la reforma radical garantiza un choque con la CGT: la eliminación de las contribuciones obligatorias que incorporan los sindicatos en los salarios, en muchos casos como parte de acuerdos paritarios. Según supo Letra P, Posse no se mostró muy a gusto, porque prefiere evitar otro frente de conflicto con los gremios.
Indemnización, afuera
En la UCR incorporan la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral, como funciona en la UOCRA y es propuesto en el DNU de Miliei.
Pero da otras alternativas, porque considera que no puede aplicarse en todos los rubros. “El problema es que en la construcción hay mucha rotación laboral, pero en el resto de las actividades no funciona este sistema”, explican en el radicalismo.
Por eso proponen un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración), o un sistema de seguros, para garantizar que el personal despedido sea resarcido. El proyecto, además, incrementa la indemnización un 100% por despido motivado de acto discriminatorio.
En cuanto al período de prueba, la UCR de Diputados copió el proyecto de sus correligionarios del Senado, que consiste en subirlo de tres a seis meses. En su DNU, Milei pide llevarlo a ocho. Otra medida es la implementación de un sistema simplificado y electrónico sobre registro laboral.