Mauricio Macri y Elisa Carrió.
Con respaldo del PRO, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados consiguió este martes un dictamen de una reforma a la legislación vigente para combatir el lavado de activos reclamada por organismos como el grupo de acción financiera internacional (GAFI), que amenaza con sanciones para septiembre si la norma no está sancionada.
El proyecto fue enviado en junio por el Poder Ejecutivo y exhibió las internas de Juntos por el Cambio: mientras que el PRO, por indicación de Mauricio Macri, aceptó firmar en disidencia por considerar que una sanción del GAFI es el peor escenario en la previa de la campaña electoral, la Coalición Cívica firmó uno propio. Incorporó una mayor autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la facultad de querellar, modificaciones que el oficialismo no aceptó.
Los lilitos lograron arrastrar al radicalismo y al interbloque federal. Ahora, buscarán convencer al PRO en un plenario de Juntos por el Cambio (JxC). Para garantizar que su dictamen puede prosperar, necesitan mostrar respaldo de los partidos provinciales (habituales aliados del Gobierno), la izquierda y los bloques liberales, que no suelen participar de las negociaciones. Si algunos de estos sectores se abstienen o se ausentan, ambos dictamen podrían caerse y es lo que Macri no quiere.
"Tenemos un 95% de coincidencias y un 5% de diferencias. Lamentablemente, no podemos garantizar que haya una mayoría", se lamentó el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, quien hasta el viernes creía tener el respaldo de JxC tras una minuciosa negociación del diputado del PRO Pablo Tonelli.
Con Macri al teléfono, Tonelli firmó el dictamen del oficialismo con modificaciones negociadas este fin de semana, pero fue desconocido por sus colegas del interbloque y hasta por algunos pares del PRO que prefirieron esperar a la reunión de la tarde.
La ley actualiza algunos conceptos penales de agravante como el referido al terrorismo, amplía los sujetos obligados a brindar reportes como el de profesionales independientes y actualiza las definiciones para hallar casos de lavado. Se crea una bicameral de control y un registro de proveedores virtuales.
También le da autarquía a la UIF, pero la coloca bajo la órbita del Ministerio de Economía. JxC exige que la autarquía pueda querellar en las causas, como ocurrió durante el gobierno de Macri en casos que investigaban corrupción.
"La ley no dice nada y si bien puede hacerlo, algunos jueces lo admiten y otros no", explicó Tonelli. "Para nosotros esas diferencias chiquitas son importantes. Vamos a presentar un dictamen propio", anunció Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Graciela Camaño, del interbloque federal, reclama que la UIF pase a la órbita del Ministerio Público. "Ningún organismo nos hizo un reclamo sobre la UIF", se defendió Martínez.
Una de las modificaciones aceptadas por el FdT en el dictamen fue la de suavizar la restricción para que los abogados se escuden en el secreto profesional para no brindar información. Pero no alcanzaron para convencer a toda la oposición de acompañar. Lo intentarán en la sesión de este miércoles.