El PRO, la CC y sectores de la UCR señalaron que no se puede investigar la conducta. La mendocina Arrieta acusó a Menem y a Benedit de llevarla engañada.
Silvia Lospennato, del PRO, diputada que lidera la postura de la oposición dialoguista.
La Libertad Avanza tuvo una de cal o otra de arena, en el inicio de la investigación de sus seis miembros del bloque de Diputados que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores, entre ellos Alfredo Astiz. Si bien la oposicióndialoguista cuestionó la actividad, no hubo consenso para evaluar una posible expulsión.
Es la posibilidad que plantean los tres proyectos que comenzaron a ser evaluados en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Silvia Lospennato (PRO). Este miércoles se expusieron tres. Dos de Unión por la Patria, firmados por Germán Martínez; Vanesa Siley y Martín Soria.
El restante lo suscribió Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza, quien participó de la visita, pero se arrepintió, al igual que la rosarina Rocío Bonacci, que presenció la audiencia. "Íbamos a conocer las situaciones sanitarias. Quiero pedir perdón. Creí en mis compañeros y en la institucionalidad de la Cámara de Diputados", señaló Arrieta.
La diputada aportó a la interna libertaria. "Si quieren pedir explicaciones deberían empezar por quienes brincaron herramientas para que esta visita se llevara a cabo o a quienes perseguían otros fines. El diputado Beltrán Benedit y el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones", señaló. Los otros asistentes a Ezeiza no fueron a la reunión. Se trata de María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alinda Ferreyra. Benedit fue el encargado de convocarlos.
Para atacar a Menem, Arrieta contó que pidió "una combi para 10 personas y me dijeron que era para 4. Alguien autorizó (el viaje a Ezeiza)", sostuvo Arrieta. Cerca del riojano negaron la acusaciones. "Benedit pidió un auto común y luego amplió la capacidad. Lo resolvió de forma automática", se defienden.
La reunión se inició con la exposición de Siley y Martínez. La diputada enumeró una a una las condenas de los represores que se entrevistaron con la tropa libertaria y se tomaron fotos.
"Lo peor que puede pasar a esta Cámara es que no tenga una respuesta institucional de la misma jerarquía. Si los hechos son graves, la respuesta debe ser de igual modo", sostuvo el santafesino. Otros miembros de UP recordaron que el proyecto para indultar represores, que Benedit recibió en mano de los represores pero nunca se presentó, fue pergeñado en grupos de WhatsApp que incluían a diputados libertarios.
En la oposición dialoguista coincidieron en que la visita a Ezeiza fue desafortunada y dejaron claro que no apoyarán una iniciativa que pudiera indultar a los represores por tener más de 70 años.
Pero en las mismas intervenciones no fueron contundentes respecto a avanzar en investigaciones sobre la conducta de sus colegas libertarios. Entre los proyectos hay propuestas como armar una comisión investigadora (lo propone UP y Arrieta) y otros plantean armar una subcomisión en la comisión de Peticiones o iniciar un proceso de remoción, contemplado en el reglamento. La única manera de expulsar al contingente libertario por su conducta fuera del palacio es aplicar la inhabilidad moral, que necesita dos tercios de la Cámara. El último antecedente en el Congreso es el de Julio De Vido.
Lospennato decidió que el viernes haya una reunión de asesores para definir cómo seguir. Ni siquiera quiso fijar una fecha de reunión para que expusieran los organismos de derechos humanos, con los que tuvo un zoom este lunes.
Ante una chicana de Chistian Castillo, de la izquierda, la diputada macrista aclaró que su bloque no respalda la visita a Astiz. "Nosotros hablamos con hechos: en cuatro años no hubo un solo indulto. Nuestra posición es que (los represores) cumplan su condena", sostuvo, desmarcándose de cualquier iniciativa que plantea liberar a Astiz y sus colegas.
Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, se desmarcó de sus dirigidos pero pidió que no fueran sancionados. "Vamos a hablar de nuestros diputados, no de otras persona que no estamos de acuerdo con lo que han hecho y por eso están condenadas", sostuvo el cordobés.
El jefe de bancada oficialista señaló además que "no es potestad de la comisión aplicar el artículo 188 del reglamento, que pena a los diputados por hechos que se llevan a cabo en el recinto". Tuvo el beneplácito de casi todos sus socios dialoguistas.
"Estos señores (por los represores) no tienen ningún derecho, porque ellos acabaron miles de vida, torturaron y mataron. Astiz fue un infiltrado en las rondas de Madres de Plaza de Mayo y luego entregó gente", describió Silvana Giúdice, del PRO
"Pero el reglamento es algo delicado: ponerse en juez de sus propios compañeros amerita más peticiones. ¿Amerita la visita desaforar a seis diputados? Creo que no, porque dentro de lo que tiene ciudadanía", sostuvo la bullricista.
La radical Karina Banfi repudió "cualquier expresión que sea defensa de los hechos de detenidos por lesa humanidad, que tienen condenas de por vida", remarcó, dejando fuera las chances de avalar una amnistía. Pero consideró que la comisión no debe evaluar las sanciones. Debería actuar la de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente, Nicolás Mayoraz (LLA), la tiene cerrada para este tema.
Juan Carlos López, de la Coalición Cívica, también prefirió no avanzar en una investigación. "la democracia nos va a confrontar con cuestiones horrorozas, nos gusten o no. Pero eso no significa que sean delito o merezcas sanción".
La única opositora por fuera de UP que habló a favor de una sanción fue Carla Carrizo, de la UCR. Recordó que hay un antecedente de expulsión en 1988 de un diputado que dijo que había que tomar las armas. "Se hizo una comisión y se dijo que así no, porque en la democracia no se participa de cualquier modo".