El parlamento provincial retorna a la actividad el lunes 27. El narcotest para funcionarios, prioridad de agosto. Qué se modificará en los tribunales.
La Legislatura de Neuquén prepara su paquete para la vuelta del receso invernal
Con el Mundial en el pasado, la Legislatura de Neuquén empieza a afinar la agenda para el regreso a la actividad tras el receso invernal. La fecha de la vuelta es el 27 de julio y los diputados provinciales tienen previsto avanzar en la sanción de leyes que cambiarán aspectos centrales en funcionamiento de la provincia que gobierna Rolando Figueroa.
Con los cambios en el Código Minero en el horizonte, las modificaciones en la Justicia y un mecanismo que garantice la realización de los test toxicológicos a los 35 legisladores durante el segundo semestre del año aparecen como los procesos más avanzados.
Otro Código que también se encuentra con un alto grado de avance es el Contravencional, más conocido como Código de Faltas. Se trata de una actualización del marco normativo que establece penalidades para inconductas que no pueden considerarse ni graves o ni ser alcanzadas por el Código Penal. El texto data de 1962 y fue derogado casi en su totalidad por la cantidad de inconsistencias constitucionales que contenía su articulado.
La nueva versión busca establecer normas de convivencia pacífica entre vecinos y multas o penas en caso de desobediencia, incluso se prevén situaciones de arresto para contravenciones graves o derivadas de la reiterancia en las faltas.
Un dilema que debe resolver la comisión encargada de su redacción es la disparidad de recursos que pueden tener las distintas localidades para implementar la normativa. Para consensuar criterios que después resulten aplicables, desde la Legislatura se coordina una serie de reuniones en distintos puntos de la provincia para conocer las particularidades y problemáticas de cada región.
Según el cronograma fijado, la ronda de consultas culminaría a mediados del mes de septiembre. Los legisladores Matías Martínez (Comunidad) y Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) son los responsables de difundir la propuesta y recoger los aportes de las instituciones que luego deben implementar las medidas, como son los jueces de paz, la policía, el sistema de salud y los municipios.
En caso de haber acuerdo, el nuevo Código Contravencional podría ser votado por el pleno de la cámara en octubre.
Otro tema que deberá resolver la cámara que preside Zulma Reina durante las primeras sesiones de agosto es la implementación de un sistema para que los 35 legisladores que integran la Cámara se sometan de forma obligatoria y de manera sorpresiva a un examen toxicológico o narcotest.
La normativa fue sancionada en octubre del año pasado y alcanza a funcionarios del poder Ejecutivo, policías, personal especifico del sistema de salud, jueces, defensores y fiscales del poder Judicial y a los propios legisladores que votaron la ley.
El problema que debe solucionar el cuerpo legislativo es que la reglamentación que aplicó el poder Ejecutivo no alcanzó al Legislativo y, a la fecha, salvo tres casos aislados y voluntarios, ningún diputado se sometió a un testeo tal como lo dispone la normativa: obligatorio, aleatorio y de forma sorpresiva. La vicepresidenta Primera a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial ya se lo hizo.
Para subsanar su implementación, el cuerpo parlamentario debe votar una resolución que permita comenzar con los testeos. No obstante, existen algunos impedimentos metodológicos que la Legislatura tiene que resolver para garantizar su funcionalidad.
Por un lado, generar las condiciones básicas para que su departamento de Medicina Laboral pueda realizar los testeos rápidos y sorpresivos que establece la norma, tanto en lo que respecta al espacio físico como a la posterior custodia de la muestra, sobre todo si la misma arroja un resultado positivo.
Existe otro inconveniente con la contraprueba que debe efectuarse el diputado si su examen dio positivo, y es el costo. Según la normativa, el gasto que implique llevar adelante los testeos, en cualquiera de sus instancias, los debe absorber el legislador y realizar una contraprueba en un laboratorio especializado puede superar los 500 mil pesos de costo.
A ello se debe agregar la decisión de despojar de su banca a un diputado provincial, que es elegido por la vía del voto popular, y que no está previsto en la Constitución provincial que su remoción pueda efectivizarse simplemente por un test toxicológico positivo.
El debate está planteado y la iniciativa tiene moción de preferencia para que los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales reglamenten mediante una resolución de cámara una normativa que ellos mismos votaron hace casi un año atrás y que los demás poderes del Estado ya comenzaron a implementar.
Luego de haber cerrado la primera parte del año con la aprobación de la ley que modifica el esquema de regalías para el GNL de Vaca Muerta y la habilitación para tomar préstamos que servirán para mejorar la obra pública en la provincia, la Cámara de Diputados de Neuquén dejó para la segunda parte del año también la sanción de un nuevo Código Procesal exclusivamente destinado a los casos de familia. La intención es poder desarrollar un esquema adversarial, con oralidad, instancias de mediación extrajudicial y que cuente con jueces especializados en problemáticas de niñez, cuotas alimentarias, regímenes vinculares y disponer de medidas de protección en caso de ser necesarias.
La intención de los legisladores es poder avanzar con un documento base para medidos del mes de agosto, plazo en el cual una comisión especial integrada por los tres poderes del Estado se reunirá con la experta en la materia, Mariel Molina de Juan.
Para eso deberán quedar zanjadas instancias procedimentales centrales, como qué operadores judiciales podrán intervenir durante los procesos de mediación extrajudicial y los límites de intervención entre el Poder Judicial y Ejecutivo cada vez que la Justicia requiera la intervención de este último en situaciones que afecten la tutela de menores de edad.
Una vez resultas las definiciones, el texto del nuevo Código será analizado por la comisión de Asuntos Constituciones de la Legislatura provincial y luego deberá ser tratada por el pleno del cuerpo parlamentaria para su sanción, hecho que podría ocurrir durante las últimas sesiones de agosto o en la primer quincena de septiembre.
