El máximo tribunal "no se mete en decisiones de otros poderes". La analogía del general Alais, la licencia "atípica y anormal" de Lijo y el mensaje de Maqueda.
La Corte Suprema evita confrontar con Javier Milei y le echa la culpa del decretazo a la demora en el Congreso
En el Palacio de Justicia, donde tiene sede la Corte Suprema, el discurso elegido ante el decretazo de Javier Milei que designó a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo fue clara: las decisiones de los otros poderes no están sujetas a la opinión del tribunal cimero. Así, los supremos evitaron confrontar con la Casa Rosada.
En el edificio de la calle Talcahuano hay una analogía, bastante irónica y a prueba de jóvenes, que denota algo de lo que piensa el máximo tribunal del decretazo. “Al final, los dos tercios en el Senado eran como los tanques del General Alais, no llegaron nunca”, deslizan en referencia al militar que en 1987 demoró su marcha para no cumplir la orden del entonces presidente Raúl Alfonsín de reprimir el alzamiento carapintada liderado por Aldo Rico.
Fuentes judiciales de alto nivel ponen el foco en los “300 días” que pasaron desde que el Gobierno envió ambos pliegos al Senado, pero resaltan que, durante ese tiempo, “la Corte se mantuvo totalmente ajena” a pesar de ser un tema “trascendente para el Poder Judicial”. Traducción: no habrá valoraciones.
La única definición que surge de los supremos tiene que ver con las formas. Para ellos, el mecanismo elegido por el Presidente para completar la conformación de la Corte es válido. Un hecho lo demuestra: accedieron a tomarle juramento a García-Mansilla. La historia también los condiciona: tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz aceptaron ser designados de la misma manera por Mauricio Macri, aunque luego el expresidente dio marcha atrás. “Más allá de los gustos, legalmente es válido y no hay ninguna decisión judicial en contra”, defienden fuentes judiciales.
En los despachos más encumbrados del ámbito tribunalicio hay una idea con la que insisten una y otra vez. El conflicto es entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no tiene nada que ver. “Nunca le preguntaron a la Corte para hacer los decretos”, repiten en el Palacio de Justicia. Ni siquiera, aseguran, hay una obligación de “contralor”. “Es simplemente otro poder del Estado que intenta cumplir y hacer cumplir la ley”, señalan.
De hecho, la decisión es ni siquiera hacer valoraciones al respecto porque “esto no es un poder de panelistas que opinan sobre lo que pasa en la vida política argentina”. “Los poderes representativos tienen margen para opinar, pero en el Poder Judicial no hay librepensadores hace seis años”, dicen en la Corte. Un detalle: el período citado es coincidente con la movida de Rosenkrantz y Rosatti para arrebatarle la presidencia a Ricardo Lorenzetti.
En Talcahuano 550 sostienen que es una forma de actuar consolidada. Arguyen una razón: “esta Corte no se mete en decisiones de otros poderes porque es curarse en salud, ya que tampoco nos gusta que se metan con las nuestras”. Fuentes judiciales citan dos ejemplos. Por un lado, el fallo Levinas que empoderó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ”Ahí no nos metimos a opinar del traslado de la Justicia nacional al ámbito capitalino”, apuntan. Por otro lado, la resolución en la que la CSJN se negó a decidir si el Senado podía sesionar de manera virtual durante la pandemia.
En el horizonte asoma un desafío para el escapismo que intenta imponer la Corte: la jura de Ariel Lijo. La decisión del aún juez federal de no renunciar a su cargo y sí pedir licencia en los tribunales de Comodoro Py pone en aprietos al tribunal cimero. Por eso, este jueves se apuró la jura de García-Mansilla, pero se difirió la de Lijo para la semana que viene. “Es un pedido extraordinario, atípico, anormal”, reconocieron fuentes judiciales.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 4 busca cubrirse con la jugada: si en el transcurso del año legislativo el Senado no lo presta el acuerdo, tiene dónde volver al cesar su nombramiento. Logró que la Cámara Federal porteña le autorizara la licencia, en una resolución firmada por seis magistrados, pero es más un apoyo: la decisión final, según el Reglamento de la Justicia Nacional, es de la Corte, dado que se trata de una licencia de más de ocho días.
Es una decisión clave, ya que de ser aprobada la licencia que pidió Lijo, la Casa Rosada podrá afrontar el año con mayoría propia en el máximo tribunal del país: a los dos designados en comisión se le sumaría Lorenzetti, de buen vínculo con el ecosistema libertario. Por lo pronto, el flamante exsupremo Juan Carlos Maqueda desempolvó, en una entrevista con LaNación+ en la que criticó el decretazo, un fallo de 1975 en el que el tribunal cimero le rechazó una licencia similar a un juez. No es un detalle menor: en sus últimos tiempos como cortesano, Maqueda selló una férrea sociedad con Rosenkrantz y Rosatti.