Denuncias por violencia, manejo de expedientes y patrimonio apuntan a un camarista con vínculos políticos y llegada a la Corte. Alerta en el Círculo Rojo.
Una sucesión de denuncias contra Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, el órgano más importante de la Justicia Federal en la provincia, conmueve a una institucionalidad mediterránea que cuenta con más vasos comunicantes de los que una mirada profana puede detectar.
El impacto, que irradia más allá del característico edificio que funciona como sede, conocido como La Torre, se explica en buena parte por la dimensión del acusado, un peso pesado en el entramado judicial, con múltiples vínculos con el poder político y el Círculo Rojo mediterráneo.
Asesor en el Consejo de la Magistratura, con sólidas relaciones en la Corte Suprema de Justicia, ha acumulado gran poder desde su llegada a la Cámara cordobesa, hace más de dos décadas después.
En casi 30 años de carrera, moviéndose con astucia, Sánchez Torres ha tejido una red de influencias que lo proyectó hacia las ligas nacionales.
Algunas provienen de su prosapia. En su frondoso árbol genealógico aparecen, por distintas vías, apellidos ilustres de la denominada Sagrada Familia. Magistrados por el lado paterno; el destacado jurista y catedrático Raúl Torres Bas resalta por el lado materno. Voces tribunalicias prorrogan las ramas hasta nombres como Luis Moreno Ocampo.
Ya secretario del Tribunal Oral Federal 2, en 2004 viajó para rendir como camarista en la provincia de Mendoza. Su objetivo final era aprovechar un pase en comisión para regresar a Córdoba. Lo lograría sólo dos años después.
Contactos y avales fueron parte del equipaje. En esta provincia mentan firmes ligazones que remontan a Eduardo Duhalde; desde Cuyo recuerdan generosas jugadas de dirigentes kirchneristas como Juan Carlos “Chueco” Mazzón.
Tampoco era un hombre desconocido para un peronismo cordobesista que prodigó señales. Muchos se extienden hasta hoy. Aunque han existido oscilaciones en la periodicidad, Sánchez Torres ha compartido mesas con gobernadores, ministros, diputados y senadores. Aún aquellos con los que no comulga ideológicamente: en la apertura del año judicial se estrechó en un fuerte abrazo con Luis Juez, integrante de la comisión acusadora en el Consejo de la Magistratura.
También ha sabido actuar en tándem con integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Orbitando sobre sus internas, la exposición de sus jugadas con “supremos” suele ser un indicio de la relación de fuerzas.
Una silla siempre está reservada a su nombre en los eventos de la Bolsa de Comercio y de la Fundación Mediterránea. No son herméticas las afables comilonas con Manuel Tagle. Hay quien cerciora que ese vínculo fue clave para que su nombre sonara como posible integrante de la Corte Suprema en tiempos de Mauricio Macri.
El verdadero poder de Sánchez Torres se entiende mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires. El camarista se sienta en la mesa chica de la rosca nacional. Muchos señalan a Alberto Lugones, hombre fuerte del Consejo de la Magistratura y referente de la Lista Celeste, como una de sus terminales políticas.
Voces cercanas al cordobés aseguran que se trata de algo meramente nominal, transcurridos varios años ya. También piden justipreciar su rol en la Asociación de Jueces Federales, donde fue vicepresidente, otra eventual catapulta hacia la Corte.
Compañeros de viaje aseguran que su intención no es ser un cortesano. Por el contrario, más le interesa mantener sólidos vínculos con ellos, en especial con Horacio Rosatti y con Ricardo Lorenzetti. En particular con éste, con quien comparte cenas en cada una de sus visitas. Comilonas en que también asisten cupulares del Poder Ejecutivo y lo más granado de la Justicia provincial.
Mucho más tangible, remarcan, es el contacto con Daniel Angelici, puerto obligado para todo funcionario judicial con aspiraciones. Incluso para los de la ciudad de faros sin mar.
La misma ciudad que tiene al “gordo Abel” como destacado catedrático en Derecho Penal en la Universidad Empresarial Siglo 21, un lugar que le permite afirmar otros nudos con el establishment.
La consistencia de ese entramado relacional queda puesto a prueba a partir de las denuncias que tienen a Sánchez Torres en el centro de la escena. La suma de acusaciones combina violencia de género, manipulación de expedientes y sospechas sobre el engrandecimiento de su pecunio.
También alumbra sospechosos procesos derivados de las ausencias para cubrir roles clave en “Federales”, desde jueces hasta dos de los seis integrantes que se necesitan para las dos cámaras que funcionan en Córdoba. Tales carencias obligan a un procedimiento “rotativo” para completar los tribunales.
El hito se ubica en septiembre de 2025 con la denuncia de Celina Laje Anaya, secretaria penal de la Cámara, quien acusó a Sánchez Torres, en tribunales y en el Consejo de la Magistratura, por “violencia psicológica, laboral, institucional y de género”.
Según su exposición, en diciembre de 2023 el magistrado y su par Graciela Montesi, con quien mantendría una relación sentimental, le pidieron que convalidara una integración de la Cámara que violaba aquel criterio rotativo, en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge.
De acuerdo al expediente, la funcionaria se habría resistido a convalidar tales maniobras, que alteraban la conformación de las salas del tribunal. A partir de entonces, a modo de represalia, habría comenzado una persecución en su contra.
“Afectaron su situación física, su ánimo, incluso psiquiátricamente. La carpeta médica, fue interrumpida antes de término. Lograron que, bajo un estado de pánico, firmara una supuesta permuta que hacía que, después de 37 años de carrera, dejara de ser secretaria de cámara para ser secretaria de primera instancia”, afirma su abogado.
Esta denuncia terminaría siendo la punta del iceberg de una investigación mayor. El fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal Maximiliano Hairabedián sospechan que Sánchez Torres y Montesi, en conocimiento de las vacantes, buscaban designar magistrados “amigables” en causas sensibles. El grupo Bunge habría sido el principal, pero no el único, beneficiado por esta operación.
Turano y Hairabedian ampliaron la imputación a los camaristas y a sus secretarios Mario Olmedo (quien acompaña a Sánchez Torres desde sus inicios) y Gustavo Flores por los delitos de “abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En un rebote impensado tiempo atrás, los fiscales promovieron otra acción penal para investigar el crecimiento patrimonial de Sánchez Torres., que habría mostrado saltos poco claros respecto a sus ingresos oficiales.
Sánchez Torres y Montesi se presentarán ante el juez Alejandro Sánchez Freytes, sobre quien recayó la actuación por las denuncias. No están obligados a declarar, aunque se especula que podrían aprovechar la ocasión para empezar a desovillar su estrategia defensiva.
En primer lugar, ambos magistrados intentarían circunscribir el tono de la denuncia a las intrigas palaciegas. Fuero íntimo y entorno coinciden en buscar la mano del kirchnerismo detrás de las acusaciones.
La hipótesis apunta a una réplica por la decisión de la Cámara de Acusaciones de rechazar las intenciones del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja para subrogar el estratégico Juzgado N° 1. Hasta junio de este año, el sillón estará a cargo del juez Carlos Ochoa.
La vacancia en el Juzgado 1 amerita reclamos y sospechas. Como contara Letra P, es aquel que tiene competencias electorales. También al que competen las denuncias por delitos de lesa humanidad, algunas de las cuales han derivado en el apartamiento de Vaca Narvaja.
Precisamente Claudio Orosz, reconocido querellante en las causas por Memoria, Verdad y Justicia es quien impulsa la denuncia de Anaya Laje. Su presencia es interpretada por allegados a Sánchez Torres como la rúbrica K.
Las mismas voces desconfían de la consistencia de la denuncia de la exsecretaria, al tiempo que piden atender resoluciones de la Corte Suprema que sientan precedentes favorables a los camaristas. “No hubo movimientos compulsivos, ella misma había aceptado. Tampoco hay evidencia que por ser pareja no sean imparciales. Eso es algo de su fuero íntimo. Por eso, el Consejo de la Magistratura no ha hecho lugar a la denuncia”, afirman.
Con igual énfasis remarcan que en las causas contra los empresarios vinculados al grupo Bunge, los camaristas “pidieron ampliar la investigación, no cerrarla”. “Se habían instruido en Villa María. Tres veces la devolvieron pidiendo más información”, evocan.
Buena parte de esto se ventilará en el Parque Sarmiento. Probablemente, Sánchez Torres escoja otra representación legal. La intervención del mediático abogado Carlos Nayi como defensor ha merecido observaciones. “Necesitás más espalda y menos micrófonos”, ilustra un viejo conocedor de las fístulas en la Justicia.
En paralelo, pide mirar la pata gremial adyacente. UEJN (Judiciales Federales), bajo liderazgo de Julio Piumato, mantiene una dura porfía con Vaca Narvaja por el nombramiento de una funcionaria proveniente de la ANSES. La misma Cámara Federal, con votos de Sánchez Torres y Montesi, ya falló a favor del gremio, que rechazaba la decisión.
Vaca Narvaja apeló ante aquella Corte Suprema, a la que nadie quita la vista en Córdoba. Mucho menos el Círculo Rojo mediterráneo, usualmente refractario a estos escándalos.
