El exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro no asistió a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, donde fue citado como parte del proceso de acusación a los cuatro jueces de la Corte Suprema. El oficialismo lo acusa de haber participado de un supuesto pacto con el vocero del máximo tribunal Silvio Robles para lograr la cautelar que aumentó el porcentaje de coparticipación federal que recibe el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Como anticipó Letra P, D'Alessandro no tenía intenciones de participar. Según el reglamento de la comisión, ese actitud constituye un acto de rebeldía que permite a los diputados aplicar en forma supletoria el Código Procesal Penal y pedir que sea llevado por la fuerza pública. Fue lo que ocurrió con el ex administrador de la obra social Aldo Tonón, quien finalmente asistió.
El exministro fue citado hace tres semanas y, según informó la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, recién en la noche del lunes envió una nota para pedir la postergación de su declaración por "existir situaciones en el plano personal" que le impedían concurrir. A diferencia de otros testigos que se ausentaron, no las especificó. En el oficialismo aseguran que está de viaje por Europa, pero los voceros del exfuncionario lo desmienten.
De todos modos, la mayoría del Frente de Todos que controla la comisión aceptó postergar la audiencia y no pidió ir a buscar a D'Alessandro por la fuerza. "Fue muy difícil notificarlo y por lo tanto no lo íbamos a resolver hoy", explicaron a Letra P fuentes de la comisión.
Aún así, Gaillard aclaró que para la próxima fecha a definir será citado también el personal del Ministerio de Seguridad encargado de hacer la huella biométrica de voz al exministro, para comprobar si son ciertos sus chats con Robles.
Esas supuestas conversaciones son para el Frente de Todos las pruebas fundamentales para alimentar su hipótesis que la cautelar de la Corte fue acordada por Robles y D'Alessandro, motivo de una recusación presentada por la procuración del tesoro al presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti, quien en los papeles figura como jefe del vocero.
En una de esas charlas se refieren a la cautelar como "fallo Robles". Además, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, contó que cuando fue a las audiencias en la Corte en representación del Estado nacional el vocero se sentaba junto al contingente del gobierno de la Ciudad.
El diputado de la Coalición Cívica Juan López recordó que para la oposición, los chats constituyen una prueba ilegítima y por lo tanto no aceptarán el resultado de la huella biométrica de voz. "De ninguna manera se va a subsanar una prueba obtenida de manera ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo", destacó. "Lo siento diputado, pero esa prueba ya se votó", respondió Gaillard.
