En el inicio de la investigación de la cautelar de la Corte Suprema que aumentó la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados pidió entre las medidas de prueba una huella biométrica de voz del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, para chequear si son verídicos sus chats con el vocero de la Corte Silvio Robles.
También acordaron citar al exdiputado (renunció este miércoles) y candidato a gobernador de Entre Ríos de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, por haber sido ministro del Interior cuando se aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para transferir la Policía Federal. Aunque será convocado recién después de las elecciones.
La hipótesis del Frente de Todos es que D’Alessandro gestionó con Robles la cautelar que aumentó los ingresos de la Ciudad. La prueba principal son chats filtrados entre ambos, en los que se presume un trabajo cotidiano. En una de las conversaciones se refieren a la coparticipación y el vocero hace alusión al “fallo Robles”.
La propuesta de ampliación de pruebas la realizó el diputado oficialista Rodolfo Tailhade e incluyó otras medidas como la citación de la actual presidenta del Banco Nación y ex secretaria de Provincias Silvina Batakis, del procurador de la Ciudad Gabriel Astarloa y de letrados y ministros de Economía de las provincias, afectadas con la cautelar de la Corte.
También será convocado como testigo el fiscal de la ciudad Juan Ignacio Mahiques. Según otra filtración, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante El Secreto del Hotel Four Seasons, D´Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos.
Las pruebas
Para corroborar la veracidad de los chats, Tailhade solicitó que se tome "una huella biométrica de voz" de D'Alessandro, "por ser de interés a probar actos de corrupción, tráfico de influencias y redacción de autos procesales y sentencias 'a medida'". Según explicó el diputado, para el oficialismo los chat son una prueba más, pero necesitan comprobar su verosimilitud porque ninguno de los implicados fue a la justicia a desconocerlos. Sólo es posible con un peritaje.
"Hay que cotejarlo con un indubitable, que es la voz de Marcelo D'Alessandro. Podemos cotejarla con fuentes públicas, reportajes televisivos. Propongo que la Policía Federal sea la encargada", sugirió el diputado. El oficialista planteó, además, que los efectivos de la policía científica deberían estar presentes cuando D'Alessandro asista a la Comisión. Sería citado después de las vacaciones de invierno.
El diputado Juan López, de la Coalición Cívica, consideró que los chats filtrados no pueden ser prueba y esa posición no variará si se hace una huella de voz. Para fundamentarlo, citó argumentos usados por diputados kirchneristas hace cuatro años para oponerse a ley del arrepentido.
En cuanto a Frigerio, en la presentación leída por Tailhade no se propone su citación, sino que se incorpora el video de 2016 en el que el por entonces ministro del Interior reconocía que el decreto de Mauricio Macri -que aumentó el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de 1,75% a 3,75%- no había tenido como referencia el costo de la transferencia de la Policía.
Se trata del origen del conflicto, que se agravó en 2020, cuando el Congreso sancionó una ley para quitarle ese aumento de coparticipación (que había sido ratificado en un pacto fiscal) y sustituirlo por los fondos que consideraron necesarios para financiar la policía.
El diputado oficialista Marcelo Casaretto pidió citar a Frigerio para dar explicaciones. Su planteo no es casual: el ex ministro del Interior es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, donde deberá afrontar elecciones primarias y generales en simultáneo con la Nación. López reconoció que no es amigo ni defensor de Frigerio, pero denunció que quieren "acorralarlo y hostigarlo". Logró protegerlo, porque la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, también entrerriana, propuso citarlo después de las elecciones para evitar especulaciones.
Encontró respaldo en el oficialista Leopoldo Moreau. "Creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”, planteó. Casaretto no ocultó su molestia con sus compañeros. "¡Elecciones hay todo el tiempo!", replicó. La fecha no quedó definida.
Los testimonios
La investigación sobre la causa coparticipación se inició con dos testigos: el subprocurador del Tesoro Horacio Diez; y el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich. Se esperaba la presencia del fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala; y de su par de Santa Cruz Fernando Pablo Tanarro. Expondrán el martes a las 11.
Diez, que también trabajó en procuración del Estado durante el gobierno de Macri, lo acusó de haber realizado el traspaso a la Ciudad de la policía sin estimación de costo, con un incremento de la coparticipación definido de forma discrecional.
"No va a encontrar ninguna referencia de esa suba de 1,4 a 3,75 que tuviera correspondencia con el costo del servicio (de la policía). Tuve la posibilidad de revisar cada expediente y se utilizó un criterio bastante amplio", denunció. También acusó a la Corte de haber "prejuzgado" con la cautelar, que no resolvió la cuestión de fondo sobre el litigio por la coparticipación. "Fijó un porcentaje de fondos para la Ciudad y luego dijo que no afecta a las provincias, cuando de manera indirecta sí impacta. Después cita un acuerdo Nación-Provincias (en 2017), cuando había un monto definido por ley".
Le respondió Pablo Tonelli, del PRO. "Según la Corte, el gobierno nacional violó todas las reglas del federalismo de concertación. ¿Qué hizo entonces el gobierno nacional? ¿Incumplió la sentencia y la sigue incumpliendo?", se molestó.
Ante una pregunta de Tailhade, Diez negó que haya una ejecución de sentencia, porque la Corte está recusada y por lo tanto "no puede decidir nada". Revisó las últimas actuaciones y confirmó que no hay una orden de girar el dinero a la Ciudad. "No es cierto que no se puede transferir dinero con puntos de la coparticipación", dobló la apuesta Tonelli.
Alperovich confirmó que nunca fue consultado por la Corte sobre la causa coparticipación, aún cuando su oficina es la encargada de estudiar esos temas. Ya lo había confirmado por escrito y lo ratificó ante los diputados.
Los supremos tampoco le pidieron opinión sobre los costos que significan el traspaso de la Policía Federal de Nación a la Ciudad. "Sólo aportamos información al Ministerio de Seguridad”, se desentendió.
