La mayoría oficialista que controla la Comisión de Juicio Político de Diputados resolvió citar para el 1 de agosto al vocero de la Corte Suprema, Silvio Robles, y al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro, a quienes acusan de consensuar la cautelar que firmó el máximo tribunal en diciembre para aumentar los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal.
La hipótesis se basa en una filtración de chats entre ambos, en las que además del trato amigable que mostraban, en una de las conversaciones sobre el litigio por la coparticipación se refieren al "fallo Robles". La investigación es parte del proceso de acusación por mal desempeño que la comisión de Diputados realizan sobre los cuatro jueces de la Corte Suprema.
En la reunión de este martes se sumó otro elemento: se supo que el vocero de la Corte participó de una audiencia de conciliación entre el Gobierno de la Nación y de la Ciudad, ubicada en el sector reservado para la delegación de los funcionarios porteños, que estaba liderada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
El dato lo confirmó la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien declaró como testigo porque cuando fue secretaria de Provincias tuvo la tarea de defender al Estado nacional en el litigio originado en el traspaso de la policía federal a la Ciudad en 2016, que Mauricio Macri acompañó con un aumento de la coparticipación federal a la Ciudad de 1,4 a 3,5%.
En su primer año de Gobierno, Alberto Fernández la redujo a 2.3, por estimar que era suficiente para financiar la policía. Luego, a través de un proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso, lo retornó al 1,4 y definió una transferencia corriente para financiar la fuerza. Larreta litigó ante la Corte, que en diciembre dispuso una cautelar para aumentarle la coparticipación a 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión fondo.
Batakis aseguró que en ninguno de los decretos que firmó Macri en 2016 para definir el traspaso de la policía se justificó el aumento de la coparticipación y recordó que el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio no firmó uno de ellos. Según las versiones periodísticas de aquellos días, lo conoció pocas horas antes de su publicación en el Boletín Oficial.
"En las audiencias explicamos que el traspaso de recursos para un servicio no tiene relación con la coparticipación, porque son dinámicas distintas de cada uno de los impuestos. Si baja la recaudación, no van a ganar menos los policías", ejemplificó Batakis.
No es un dato menor, porque, explicó la funcionaria, el 91% del Presupuesto se invierte en sueldos. Y señaló que "lo mismo ocurriría si todas las provincias decidieran bajar la coparticipación primaria", como se conoce al porcentaje que retiene la Nación y del cual se detrae lo que recibe la Ciudad.
El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau le consultó a Batakis si en alguna audiencia de conciliación había participado Robles y cuando le dijo que sí, pidió que le acercaran un pizarrón y un fibrón para que graficara en qué lugar de la sala se había ubicado el vocero. La presidenta del Banco Nación dibujó a Robles en el sector que estaba reservado para los funcionarios de la Ciudad, unos asientos detrás de Larreta. "Estaba con la mirada abajo", lo describió y recordó que su presencia fue una sorpresa porque no se esperaban colaboradores.
"La audiencia era pública y de ninguna manera nosotros hicimos una exigencia. Pero nos dijeron que iba a ser de carácter reservada y que íbamos a estar determinadas personas. Nosotros no pudimos hacer ingresar a nuestra prensa y por eso me llamó la atención, cuando me doy vuelta, que (Robles) estuviese sentado atrás", relató. Sabía quién era, porque se conocieron cuando el ahora asesor del máximo tribunal colaboraba con el fallecido exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía.
Para Moreau, la Corte no debió omitir la presencia de su vocero. "El acta de una audiencia es un documento de fe. Y fue excluido Robles. Es una falla de extrema gravedad", denunció. Su compañero de bancada Hugo Yasky recordó que en una de las conversaciones filtradas con D'Alessandro se refieren a un "fallo Robles", en referencia a la causa de coparticipación. "Estamos denunciando tráfico de influencias", recordó el líder de la CTA.
En JxC no dudaron en defenderlo. "No era una audiencia secreta, era reservada y había empleados. Es como pedir que consten las personas que están acá", se molestó Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.
"Lo habitual es que el acta deje constancia de las personas que participaban. Que esté un empleado, de ninguna manera justifica que tenga que estar constatado. No hay tal irregularidad", agregó Pablo Tonelli, del PRO, quien volvió a reclamar que la Nación envíe a la Ciudad los fondos que determinó la cautelar. "El Banco Nación es agente financiero y no hay ninguna orden de ejecución", se defendió Batakis.
En la audiencia declararon como testigos asesores letrados y fiscales de Estado de las provincias, mientras que se ausentó el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, que había sido citado por el Frente de Todos. Tampoco asistió el secretario de juicios originarios Alejandro Rodríguez y volvió a ser convocado para el 1 de agosto.
Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, sostuvo que la cautelar "es un adelanto de opinión respecto de la causa principal. Establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada". Contó que pidió dar la opinión ante el máximo tribunal por ser parte interesada, pero no fue tenido en cuenta.
El asesor del Gobierno de La Rioja Pedro Oscar Goyochea relató que la Corte también ignoró sus reclamos y que radicó una denuncia por los diálogos entre Robles y D'Alessandro que fue cajoneada por la jueza María Eugenia Capuchetti. En realidad, la causa luego la tomó el juez Sebastián Ramos, que los absolvió a ambos, a partir de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli.