Javier Milei
Cada día que pasa deja más claro que audacia y temeridad son la misma cosa para Javier Milei. El proyecto de ley ómnibus que remitió al edificio ubicado frente a la Confitería del Molino es un mamotreto de 351 páginas y 664 artículos que en algunos tramos da risa, pero que de punta a punta mete miedo. El resumen del mismo es breve: el Presidente les reclama a los diputados y senadores poderes absolutos hasta el final de su mandato.
Como un Julio César contemporáneo, Milei se desliza entre las figuras del dictador y el emperador de la antigua Roma. Si bien no parece aspirar todavía a encarnar una forma extrema de monarquía, su proyecto supera en un punto esencial a la figura del magister populi –"maestro del pueblo"–, surgida en la República Romana para atender tiempos de grave crisis: el dictador era nombrado por un período limitado, mientras que el mandatario que supimos conseguir se da a sí mismo la posibilidad de prorrogar los poderes absolutos por dos años después de transcurridos los dos primeros de su gobierno.
El proyecto, humorísticamente llamado Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos –¡pobre Alberdi!–, abre innumerables ángulos para la crítica más dura, pero el más evidente se vincula con lo que se vio venir a miles de kilómetros cuando quien caminaba era el Javier Milei candidato: su autoritarismo y su desinterés profundo por las normas de la democracia. Letra P advirtió claramente sobre esto en su momento.
El artículo 3º del proyecto de plenos poderes declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025". A quienes lo redactaron, sencillamente no se les ocurrieron más esferas de actividad sobre las cuales el jefe de Estado podría legislar por decreto. Y como si eso fuera poco, "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional" hasta el final del actual gobierno. Pasando en limpio: Milei pretende que el Congreso le dé facultades extraordinarias hasta la mitad de su mandato, pero después de eso ni siquiera sería necesaria esa mímica institucional, ya que se las otorgaría él a sí mismo hasta su supuesta finalización.
Es seguro que los nobles defensores de la Argentina republicana repararán en el inconveniente que supone para tales aspiraciones el artículo 29 de la Constitución Nacional, so pena, en caso contrario, de ser calificados de "infames traidores a la patria".
Si el Caputazo metió miedo por el ajuste desmesurado e inequitativo que implica y el decretazo supone un abuso inconstitucional y la instauración de un capitalismo a medida de los aportantes a la campaña paleolibertaria, la ley ómnibus supera esos males. Eso es así porque, además de pedirle al Congreso facultades para hacer y deshacer sin que deba mediar en el futuro palabra alguna de los legisladores, de hecho comienza con la tarea en una multiplicidad de campos.
Letra P reseña algunos de los puntos más controvertidos.
Declaración de amplia emergencia, cesión de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, privatización de las 41 empresas del Estado –YPF incluida–, renegociación o rescisión de contratos, blanqueo, moratoria impositiva, desregulaciones con nombre propio, suspensión de la movilidad jubilatoria y suba de los haberes por decreto y solo para quienes perciban los mínimos.
Asimismo, eliminación de las PASO y mutación del sistema electoral de representación proporcional a uno por circunscripciones uninominales, cuyo dibujo fundacional podría prestarse a cualquier manipulación. También hay lugar para el humor: sin que pase siquiera por la Comisión Bicameral de los DNU, el cuestionado decreto de necesidad y urgencia 70/23 quedaría aprobado in limine.
Más. La toma de deuda pública en moneda extranjera dejaría de pasar por el Congreso, se restauraría el impuesto a las Ganancias sobre los salarios y se modificarían otros gravámenes y retenciones.
El corte de calles y rutas en ocasión de protestas sociales vería agravadas sus penas, convirtiéndolas en no excarcelables. No menor, estira hasta lo imposible el derecho de defensa y retira el derecho de litigar a deudos de personas muertas en hechos violentos.
En su vastedad, las nuevas Bases harían del divorcio un trámite veloz que no requeriría de abogados ni jueces y le quitarían al Congreso en beneficio de la presidencia la potestad de autorizar el ingreso al país de tropas extranjeras para participar de "actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado".
Otras disposiciones son más jocosas: los jueces deberían vestir toga negra y usarán un martillo como en Estados Unidos y la reventa de entradas para eventos quedaría legalizada.
La ley ómnibus viene a consumar, junto al Caputazo y al decretazo, la pinochetización de la economía y la sociedad argentinas, algo que se propone hacer en democracia. ¿En democracia, se dijo?
Sí, por el momento, ya que en el inicio, el Presidente le da al Congreso la facultad de suicidarse. Si, ajeno a los gestos amables de bancadas que se supone que son opositoras, ya amenazó con presionar a través de una consulta popular no vinculante en caso de que el Legislativo dé por tierra con su DNU, cabe preguntarse qué haría si ese poder rechazara este engendro imposible siquiera de considerar.
Así las cosas, genera curiosidad saber si los dirigentes que han atormentado al país por décadas con sus desmedidas advertencias republicanas mostrarán ante las Bases la misma comprensión que exhibieron frente al DNU 70, al que pretendieron convertir en una más pasable "ley espejo" o minidecretos, igualmente abusivos, pero más aptos para llevar en el bolsillo.
En términos un poco más directos, con el debido pedido de perdón, si radicales, macristas y hasta peronistas de ciertas tribus seguirán haciéndose los otarios ante lo que estalla frente a los ojos.