De la vocería a la reforma electoral, el norte de Javier Milei es Estados Unidos
Con la ley ómnibus enviada al Congreso, el sistema de votación copia las circunscripciones norteamericanas. Nuevos porcentajes de representación. Lista sábana, afuera.
“Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos", fue el reproche deGuillermo Francos en el tercer día de la administración Javier Milei. El ministro del Interior no lo dijo en su despacho de la Casa Rosada, sino en la sede de la Cámara Nacional Electoral (CNE), frente a los jueces electorales, Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. La reforma electoral libertaria, por ende, se descontaba que no tardaría en caer. Y cayó este miércoles, en medio de la variopinta ley ómnibus que, precisamente, el funcionario le llevó a Martín Menem a la Cámara de Diputados.
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La vocería a la americana que estableció Manuel Adorni, sobre el escenario, y el cerebro comunicacional de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Caputo, detrás de bambalinas, no es la única brújula mileísta que apunta al norte. Al juicio por jurados, con magistrados que deben vestir toga negra según el reglamento, se suma que Francos también miró a Estados Unidos para replicar un sistema de circunscripciones uninominales. "Artículo 158. Los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado. A ese efecto, cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen", estipula el texto.
Esto choca con el artículo 45 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias y la Ciudad "se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios".
Dejando el debate constitucional de lado, la propuesta libertaria es -con la bandera de eliminar las listas sábana- que cada elector vote solamente por un candidato titular y un candidato suplente "que deben ser de diferente género" por circunscripción. De esta forma, por ejemplo, en lugar de diputados por la provincia de Buenos Aires, un matancero votará a un representante de su localidad (considerando la densidad demográfica, ya que otras ciudades más pequeñas pueden unirse entre varias para formar una única circunscripción).
El nuevo mapa electoral no está elaborado, pero los 135 distritos bonaerenses quedarían resumidos en una treintena de circunscripciones. En la Casa Rosada aún no manejan las cifras de otras provincias de peso específico electoral, como la Ciudad, Córdoba o Santa Fe.
El argumento a favor de este sistema que esgrime la Casa Rosada es el "fortalecimiento de la representatividad", ya que "los electores podrán elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan". La crítica que esquivan es la que sostienen quienes lo rechazan, que acusan que las minorías no quedan representadas en el Congreso.
El porcentaje de representación distrital también se modifica, actualizado en base al censo poblacional 2022 del Indec. Si bien en Interior no difunden cómo quedaría el recinto de Diputados, especialistas en la materia hicieron sus propios cálculos. El Centro de Investigación para la Calidad Democrática estimó que Buenos Aires sería la provincia más beneficiada con el recálculo, al pasar de los 70 representantes actuales a 97; seguida de Córdoba (18 a 21) y Santa Fe, que ganaría apenas uno (de 19 a 20).
La Ciudad de Buenos Aires sería a la que peor le iría en el reparto, al perder ocho bancas (de 25 a 17); con Tierra del Fuego segunda, que quedaría con un único diputado (de cuatro con la actual composición), ya que el artículo 450 del proyecto establece el criterio de reparto en una banca cada 180.000 habitantes.
El Capítulo I del Título VI establece cambios en la composición de las bancas de @DiputadosAR. El art. 450 del proyecto establece el criterio de reparto en 1 banca c/180.000 hab. Quita el mínimo de 5 para cada distrito y el piso de 25 para CABA. Así quedaría la nueva cámara. pic.twitter.com/R46GBBKTdF
El proyecto propone la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una posibilidad recurrente desde que fueron creadas. De esta forma, quedarían dos instancias electorales en las presidenciales (primera y segunda vuelta) y una en las de medio término. Para justificarlo, el Gobierno apela a números ("En 2023, las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones", aducen) y a una "revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos", al argumentar "que tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos".
"Artículo 453. Sustitúyase el artículo 7° de la Ley N° 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos", comienza otra de las modificaciones propuestas en el paquete libertario para limitar la cantidad de partidos. En resumen, suben las exigencias para que a las agrupaciones se les reconozca su personería jurídica. En la actualidad, según el registro de la Justicia Electoral, hay 744 partidos distritales y 44 de orden nacional. Quedarían bastantes menos.
La reforma libertaria va más allá, al modificar incluso la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, con cambios en los aportes para su funcionamiento y en el reparto de fondos ante cada elección. Se busca eliminar tanto los topes de los aportes de personas físicas y jurídicas a los partidos como los límites para los gastos de campaña de las agrupaciones políticas.
También hay retoques sutiles, como el nuevo artículo 16 de la ley 26.215 que ahora indica que "la Justicia Nacional Electoral establecerá una plataforma a través de la cual las agrupaciones políticas informen quiénes han realizado un aporte". Hasta ahora, los partidos no son intermediarios de la información, sino que las donaciones son informadas directamente a la CNE, que lleva un registro online.
También remueve un párrafo del articulo 64 septies, en el que se estipula el incumplimiento del debate presidencial obligatorio. "La Cámara Nacional Electoral convocará a quienes estén obligados a participar del debate en los cinco (5) días hábiles posteriores a su proclamación como candidatos, una vez superadas las elecciones primarias, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate fijado por esta ley", dice la ley actual y el proyecto ómnibus. Lo que desaparece es la sanción prevista para quienes no asistan, hoy penada con "el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual". No es tradición en Estados Unidos faltar a estos cara a cara, una pequeña diferencia.
