Con la prórroga del Presupuesto 2023 definida, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acelera en la negociación con la oposición un nuevo método para girar fondos para obras y asistencia para gastos generales a las intendencias. El programa “Municipios a la obra” no se reeditará tal como funcionó este año y el mandatario busca un acuerdo que conforme a los intendentes, quienes -vía sus espadas legislativas- podrían darle los votos para la aprobación del proyecto de Ley Fiscal, el endeudamiento y la prórroga de emergencias que serán tratados el jueves en la Legislatura.
Fuentes del Ejecutivo explicaron a este medio que, debido a que prorrogará el cálculo de recursos de 2023, no puede repetir la cifra destinada a las intendencias durante 2023 para esos fines. La razón es sencilla: al calor de la marcha del gobierno del presidente Javier Milei en materia económica, las cifras quedan desactualizadas. Sin parámetros, es imposible planificar anualmente un programa de obras, como prácticamente todos los puntos que debe abordar un presupuesto (argumento madre de la prórroga).
Así las cosas, el gobierno busca los términos que le permitan sellar un acuerdo con la oposición, de la que necesita para aprobar iniciativas en el parlamento; el nuevo programa de asistencia para gastos generales aún está en análisis.
https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKicillofok%2Fstatus%2F1731314194337673364&partner=&hide_thread=false
Está a la vista que Kicillof se encuentra en una encrucijada: tiene la certeza de que se cerrará el grifo de fondos nacionales que exceda a la coparticipación –perjudicando a Buenos Aires desde hace décadas-, mientras que deberá continuar distribuyendo la asistencia para que las intendencias puedan llevar adelante los gastos siempre dependientes de la provincia.
Para ello, los ministerios de Hacienda e Infraestructura tendrán la tarea de seguir fortaleciendo los vínculos con los organismos multilaterales de crédito con los que trabaja hace años y apostar a la predisposición de la administración central, para que no le trabe las negociaciones y le meta el sello de aprobación a los préstamos que sean destinados a la infraestructura municipal vía provincia. Es una empresa difícil para la Provincia, teniendo en cuenta una de las principales banderas del gobierno libertario: obra pública, afuera.
En 2016, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal creó el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que volvió a impulsar en 2017. En 2018 lo frenó y tras la exigencia de los intendentes, la gobernadora impulsó el “régimen especial de ayuda financiera” para municipios en 2019. Según estableció el gobierno de Cambiemos en aquella oportunidad, cada uno de los 135 municipios debía presentar en el Ministerio de Infraestructura bonaerense los proyectos de obras y, luego de ser aprobados, se comprometían a presentar certificados de avance para continuar recibiendo los fondos. Es decir, no se les otorgaba el total a los intendentes, sino que la erogación quedaba sujeta al avance de obra.
Recién asumido, en 2020 Kicillof buscó darle otra impronta al FIM, con cierta flexibilidad para los alcaldes y la intención de que pudieran darle al dinero el destino que necesitara -algo parecido se intentaría implementar ahora-, siempre bajo el mecanismo de distribución del Coeficiente Único de Distribución (CUD), la coparticipación a los municipios.
Recién este año, el gobernador dejó el FIM en el pasado y creó el programa “Municipios a la Obra”, que destinó $45.500 millones para la ejecución de 223 proyectos en los 135 distritos bonaerenses, con el mismo espíritu del programa anterior.
