De las 79 comunas de la provincia, 73 bancan los reclamos de la FAM. Complicaciones de caja. Tironeos en la UCR. Quiénes corrieron el cuerpo.
En masa, los intendentes de La Pampa, se alinearon en una misma trinchera para potenciar sus reclamos al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Toto Caputo. Peronistas, radicales y vecinalistas se sumaron a las demandas que advierten que sus cajas ya no dan para más.
Del total de 79 municipios pampeanos, 73 rubricaron el documento presentado por la Federación Argentina de Muncipios (FAM), bajo la conducción del intendente de La Matanza Fernando Espinoza.
En la provincia, ese respaldo se hizo también con la venia del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, el ziliottista Pascual Fernández. Pero sobre todo, la coincidencia de intereses surge del grito que pegan las flacas billeteras de quienes gobiernan ciudades o pueblos de los cuatro puntos cardinales.
La treintena de gobiernos locales que comandan radicales o vecinalistas, y que en algunos casos llegaron a sus sitiales con la camiseta de Juntos por el Cambio, no dudaron en sumarse a las demandas.
Para los municipios pampeanos es tiempo de vacas flacas como pocas veces hubo. En el primer trimestre, de modo directo, el recorte de la coparticipación dejó a las comunas con $3.500 millones menos en sus bolsillos. Esa caída se suma al desplome de la recaudación impositiva y el pago de tasas. En el lote de la desgracia aparece la ausencia total de obra pública, la desaparición de programas y el abandono en general de la gestión nacional.
Esa situación, tal como contó Letra P, hizo que se generaran inconvenientes incluso para el pago en tiempo y forma de los salarios, como ocurrió en la oesteña Santa Isabel, la sureña Rolón y la norteña Arata.
A La Pampa la coparticipación le recortó en esos meses más de $26.000 millones, que según las cuentas que hace el Ministerio de Hacienda provincial equivale al 67% de la masa del pago de los aguinaldos. De acuerdo a las cifras provinciales, además, Nación le debe a la Provincia un total de más de $550.000 millones.
“La realidad que estamos viviendo es cada vez es más difícil para quienes tienen responsabilidades en los Ejecutivos; la demanda permanentemente crece, la recaudación cae y los ingresos también. Pero el Gobierno Nacional hace oídos sordos”, dijo el ministro Fernández.
Aunque la FAM no ranquea en la provincia como una institución de consulta permanente, sí tiene un nivel de visibilidad que aumentó en su momento cuando la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, pasó a cumplir funciones jerárquicas en la conducción.
Hoy Espinoza pelea para sostener ese poder en la organización, en resistencia contra los embates del kirchnerismo y el desfinanciamiento que trama el gobierno libertario, según reveló Macarena Ramírez en Letra P.
Entre las intendencias pampeanas que le sacaron el cuerpo al documento de la FAM hay algunas que no se sumaron incluso por cuestiones de comunicación, o porque sus autoridades no estaban en funciones en el momento en que se recogieron las rúbricas. En cambio, otras ausencias tienen claros mensajes políticos y fueron excepciones a la regla.
Uno de los que no está es el intendente radical de la sureña Guatraché, Sergio Arrese, que se mantiene en su tesitura de no avalar ese tipo de planteos colectivos. Desde el inicio de la gestión se corrió cuando sus correligionarios accedieron a saludar algunas medidas del gobierno de Sergio Ziliotto.
Tampoco puso la firma el intendente de Colonia 25 de Mayo, Leonel Monsalve, dado a los vaivenes en su alineamiento. Enfrascado en la pelea por el área Medanito, el año pasado coqueteó con el peronismo, pero después de las elecciones legislativas empezó a teñirse de violeta.
Otro intendente que dio un paso al costado es el de la norteña Ceballos, Juan Cruz Vega. El jefe comunal es uno de los más cercanos al presidente de la UCR Martín Berhongaray, que después de su ruidosa asunción como presidente de la UCR está más bien apartado de la opinión pública.
Las figuras más potentes de las intendencias del radicalismo sí se plegaron a los planteos de la organización de Espinoza, a tono con lo que ya vienen manifestando desde hace tiempo. Ese posicionamiento pone en tensión a la UCR, cruzada por el intenso debate respecto de si alinearse o no con La Libertad Avanza para pelearle mano a mano al PJ en las elecciones del año que viene.
Referencias de la UCR en gobiernos locales como Abel Sabarots (General Acha), Mónica Curutchet (Eduardo Castex), Hugo Kenny (Victorica) o Agustina García (Intendente Alvear) han marcado la cancha de modo crítico respecto de las políticas públicas nacionales.
Otro que apareció con alto perfil en las últimas semanas es el intendente de la sureña La Adela, Federico Moro. “Es una locura pensar en que el Estado no esté presente”, advirtió desde la vereda no peronista. A cargo del gobierno de la localidad limítrofe con Río Negro, describió la situación de “austeridad extrema” para poder pagar sueldos y proveedores.
“Todo se agrava mes a mes”, completó Moro, que anunció sin medias tintas que la situación que ya castigó a Santa Isabel, Arata y Rolón, que no pudieron completar los salarios, “va a ocurrir en otros municipios". "No me queda ninguna duda de que va a replicarse, porque si esto sigue así va a haber más administraciones en emergencia”, dijo.
En Santa Isabel, la situación económica disparó esta semana hacia un conflicto político e institucional. Tras el retraso en el pago de los salarios, el intendente Guillermo Farana fue suspendido en el cargo por 60 días, con votos del propio peronismo.
El Concejo Deliberante anunció que auditará las cuentas y puso a cargo del Ejecutivo a María Cabral, del PJ. En los días previos, se hizo sentir en el edificio municipal la queja de trabajadores y trabajadoras que al día de hoy siguen sin percibir de modo completo el salario del último mes.
