El proyecto sancionado en la cámara alta eleva los montos para aplicar multas y reduce plazos de prescripción. Caputo se comprometió a revisar las multas.
Patricia Bullrich, durante el debate de Inocencia Fiscal, la ley de Javier Milei para que usen dólares colchón.
Después de conseguir la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno se anotó otro triunfo: el Senado aprobó la ley de inocencia fiscal, un proyecto enviado en junio por Javier Milei para reducir las penas por evasión tributaria (al elevar los montos), mejorar los plazos de prescripción y alentar así el uso de ahorro en dólares no declarados.
La victoria del oficialismo fue por 43 a 26. A diferencia en la ley de leyes, La Libertad Avanza sólo contó con sus aliados del PRO, UCR y partidos provinciales. El peronismo anotó la ausencia del catamarqueño Guillermo Andrada. De esta manera, sólo el proyecto de regla fiscal, que establece penas a funcionarios si hay déficit fiscal, quedó cajoneado del temario de extraordinarias.
El proyecto de Inocencia Fiscal eleva los montos mínimos para delitos tributarios, que son de $1,5 millones. Los eleva a $100 millones; y crece de $15 a $1000 millones. El aspecto más polémico es la declaración simplificada de Ganancias, que será sólo por $1000 millones de ingresos y $10.000 millones por patrimonio. Los montos se actualizarán por UVA.
"Esta modificación al régimen penal tributario no pretende ser una ley 'ad eternum'. La inflación nos ha producido un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico que deja desactualizado los umbrales", sostuvo el libertario Juan Carlos Pagotto.
La norma también se establece que la acción penal también podrá extinguirse, en el caso de que se haya iniciado y se pague un equivalente al 50 % del total adeudado, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de dicha imputación.
Además, se dispone que la acción penal tributaria y previsional no podrá proseguirse una vez prescripta la facultad del organismo recaudador para determinar la deuda. La prescripción penal podrá reducirse a tres años si las declaraciones juradas se presentaron en tiempo y forma. Con un cambio en el código civil y comercial, se prohíbe que las provincias cambien ese plazo.
El debate no estuvo exento de polémica: a partir de comentarios en redes sociales, el ministro de Economía, Toto Caputo, recolectó la queja por el aumento exponencial de las multas a morosos, que subirán de 200 a 220 mil pesos para persona; y de 400 a 440 mil para empresas.
Caputo reconoció estas cifras y se comprometió, en la reglamentación, a avisarles a los morosos con 15 días de anticipación antes de enviar a la ARCA, que según este proyecto podrá elaborar la declaración y el contribuyente aceptará o no.
"No sabemos si es multa automática o van a notificar una o dos veces. Si está mal vamos a corregirlo. Estamos a tiempo. No se puede reglamentar en contra de la ley", se molestó Fernando Salino, del peronismo. Se quejó además de la prohibición de prescripción a las provincias. "Pueden hacerlo en los impuestos locales y los municipios en las tasas", añadió.
El proyecto establece la presunción de la exactitud de las declaraciones presentadas de impuesto a las ganancias e IVA, salvo que se verifique una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en los sistemas del organismo o proporcionada por terceros.
Bullrich celebró la ley que Milei esperó por un semestre. "No estamos hablando de reformas menores, estamos hablando de libertad y de poner al ciudadano por arriba del Estado. Queremos poner fin a esta persecución fiscal recaudatoria, queremos un fisco que acompañe", sostuvo.
El peronismo intentó una maniobra para volver el proyecto a comisión, a partir de un pedido del entrerriano Adrián Bahl, uno de los debutantes que se mostró activo, al igual que el chaqueño Jorge Capitanich. Pero el pedido fue en vano: el oficialismo consolidó sus aliados y ganó la votación con 43 miembros.
El proyecto tuvo respaldo de aliados que se habían apartado de algunos capítulos del presupuesto, como Maximiliano Abad (UCR). "Celebro que se incorpore un régimen que simplifique la presentación de declaraciones juradas, pero también lamento que no haya un régimen escalonado para las multas. Cualquier ley es perfectible, hay que avanzar", fesjejó.
El único proyecto que no pasó el filtro de extraordinarias es la regla fiscal, una iniciativa que contempla prisión para funcionarios, legisladores y directores del Banco Central si hay déficit fiscal. Como explicó Letra P, el oficialismo la dejó caer en Diputados y evalúa revisar la redacción para febrero.
"Como estaba escrita no pasaba", reconocen. Es el único proyecto del Gobierno que está pendiente para febrero en diputados. El texto cajoneado en la cámara baja prohíbe un resultado financiero deficitario, obliga a adecuar las partidas al jefe de Gabinete si eso sucede, pero, lo más llamativo, es que prevé penas de cárcel efectiva para los funcionarios y legisladores que provoquen esa situación.
La reforma del Código Penal que propone establece entre uno y seis años de cárcel. Después de los cuatro, suelen no ser concedidas las excarcelaciones. Los legisladores deberán incluir en cada proyecto el origen de las partidas que se usarán.
Los funcionarios, además de la prisión, serán castigados con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los que peor podrían pasarla son los funcionarios del Banco Central: sus directores tendrían penas de entre tres y diez años de cárcel si violaran la regla fiscal son sus medidas.