El gobernador refuerza partidas y planifica un plan de reforestación. La ministra Victoria Flores, con un rol clave. Rodrigo de Loredo habló de "soberbia".
Martín Llaryora recorre las zonas de incendios en Córdoba
Martín Llaryora defendió la actuación de los equipos de emergencias de Córdoba.
El quinto día consecutivo de grandes incendios forestales en la provincia de Córdoba terminó con los principales protagonistas de la escena política vernácula cruzando acusaciones en un improvisado catch virtual. En el centro del imaginario ring, con casco y guantes de combate, Martín Llaryora alternó respuestas a las críticas con anuncios de gestión.
El sexto día inició ya con más de 800 personas trabajando aún en cuatro focos activos, repartidos en reconocidos valles turísticos: Punilla, Sierras Chicas y Calamuchita. Una decena de localidades afectadas, esparcidas en esas zonas, serán las primeras beneficiarias de acciones reparatorias anunciadas a lo largo de la jornada.
En su mayoría se destinarán a la recomposición de tendido eléctrico, provisión de agua potable y crédito a familias cuyas viviendas fueron arrasadas. Según las estimaciones preliminares, 21 casas fueron destruidas por los focos, que hasta ayer habían consumido unas 43 mil hectáreas en toda la provincia. La cifra equivale al total acumulado en todo el 2023.
Las medidas serán posibles por el incremento del fondo de catástrofe, elevado a $5.000 millones. El anuncio había sido deslizado la semana pasada, pero fue ratificado en la caótica jornada de ayer, tras reunirse con intendentes de la región, que obrarán como canalizadores de las demandas.
Desde temprano el gobernador ocupó el centro de la agenda mediática nacional. Desplazado a Capilla del Monte, epicentro del principal foco que avanzó hacia los cuatro puntos cardinales, el exintendente capitalino marcó la tónica del discurso oficial para los próximos días.
En primer lugar, desestimó las versiones sobre especulaciones inmobiliarias detrás del inicio de los incendios. Según repitió a lo largo de la jornada, no se permitirá el cambio de uso del suelo en regiones afectadas por las llamas y cuentan con el máximo nivel de protección según el ordenamiento territorial vigente.
El temor a ese cambio revuela el imaginario de ambientalistas en toda la provincia. Como ya contara Letra P, las actividades inmobiliarias han sido, junto a la agricultura, las que más crecieron en la década pasada. Proyectos urbanísticos de gran escala han florecido en zonas serranas, con los corredores de Sierras Chicas y Punilla como ejemplos. Algunos, han sido precedidos por llamas.
Junto a ese compromiso, el gobernador volvió a pedir un endurecimiento de las penas para quienes inicien un foco ígneo. Su solicitud encuentra eco en proyectos en elaboración, de confección doméstica pero destino nacional.
Las dos personas detenidas por los recientes incendios están acusadas por empezar un incendio de manera dolosa. El gobierno de Córdoba actuará como querellante en la causa. Hasta aquí, la Justicia provincial ha emitido condenas leves, sin prisión efectiva y bajo figuras culposas.
Por la noche, fue la ministra de Ambiente, Victoria Flores, la que rubricó el compromiso asumido por el gobernador. Para ello, hasta se prendió en la dinámica confrontativa, respondiendo a la expresidenta Cristina Kirchner, quien había sugerido al gobierno provincial que adhiriese a Ley Nacional de Manejo del Fuego como forma de desincentivar prácticas “cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio”.
“En Córdoba, nadie puede cambiar el uso de suelo preservado por ley desde el año 2010”, escribió Flores en X. En la continuidad de su razonamiento destacó que la Ley provincial 9.814 establece la prohibición para zonas protegidas como bosque nativo “sin plazo límite”.
En el entorno de la ministra admiten, no obstante, que dicha norma no se ha actualizado desde su sanción, pese a ser requisito para adecuarla a las normativas nacionales. Las diferencias entre los mapas de entonces y los actualizados obligarían a ajustar estrategias.
También remarcan que el ministerio, primero en su tipo en la sucesión de gobiernos cordobesistas, heredó una problemática compleja. En ella resulta clave el diálogo con municipios que han extendido su autonomía de manera indebida. “Cada intendencia puede dictar su propia normativa para uso de suelos. Pero nunca les vamos a dar licencia ambiental si avanzan sobre zona roja”, afirman.
Desde la cartera también remarcan que han reforestado varias zonas de la provincia con miles de semillas provenientes de un banco específico. Pasadas las llamas, la próxima tarea será una restauración ecológica que proteja flora autóctona y elimine especies foráneas, señaladas como agentes de propagación veloz de las llamas.
Muchos cuestionamientos provinieron de la oposición provincial y apuntaron al mal manejo de una situación que "era previsible y fue subestimada".
“No es momento para la soberbia: se necesita toda la ayuda posible. El gobernador Llaryora no toma conciencia de la gravedad de la situación. ¿Cómo puede decirles a los cordobeses que perdieron sus casas, y a los que ven acercarse el fuego, que no hace falta más ayuda, que con el equipamiento actual alcanza?”, le enrostró el diputado Rodrigo de Loredo.
También desde la UCR, la legisladora Brenda Austin cuestionó decisiones tomadas en meses previos: subejecución presupuestaria y asignación de personal formado para actuar en catástrofes a las guardias urbanas.
“Desfinanciaron la partida para el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, la fuerza especializada para combatir incendios. Hasta la fecha se ha ejecutado un 30%, muy por debajo de lo previsto. Había una partida adicional para ampliación de equipamiento, para la que gastaron cero pesos. Cómo van a llevar políticas de prevención así”, fustigó la exdiputada en declaraciones a Radio Universidad. Los cuestionamientos integran un pedido de informes presentado ya el jueves pasado.
Al cruce de ambos salió el legislador Miguel Siciliano, quien pidió a la oposición “no hacer política” con los incendios. Citando un tuit del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el peronista acusó a De Loredo de referirse a la materia con “mentiras que verdades”.
La mención al funcionario nacional permitió también zanjar una polémica, instalada desde este viernes, sobre la colaboración del Estado nacional ante la catástrofe. Este lunes, los funcionarios provinciales enumeraron la cantidad de brigadistas y aviones hidrantes enviados por la administración central.
Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dedicó una parte de su habitual conferencia de prensa a la crisis ambiental. “Hay un gobierno provincial y nacional comprometidos en dar una solución”, dijo, después de enumerar la ayuda envíada.
No obstante, no olvidaron las filosas palabras del diputado Gabriel Bornoroni, quien cotejó lo que eroga Llaryora en pauta publicitaria con lo que destina al plan de Manejo del Fuego.
Muchos imaginaron al empresario estacionero como receptor de algunos estiletazos. En particular cuando el gobernador dijo, a Radio Mitre, que los críticos “quedan como boludos” con sus palabras “fuera de lugar”.
Con idéntica firmeza defendió el trabajo del personal de Bomberos y de los equipos preparados para acciones de catástrofes, dependientes de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático - Catástrofe y Protección Civil, parte del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Por lo bajo, resuenan admisiones sobre la necesidad de un debate en torno las consecuencias del modelo productivo actual, que se basa en un uso intensivo de la tierra y tiene como ejes a la obra pública de gran impacto, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria. Según deslizan voces oficiales, hay que apuntar hacia “un modelo de desarrollo sostenible y ajustado al marco normativo vigente”.