La norma establece una compensación económica del 1% para la provincia por la generación de energía en las represas del Comahue.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, promulgó este jueves la ley que establece el cobro de un canon por el uso del agua destinada a la generación hidroeléctrica. El esquema fija una compensación equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias en favor de la provincia, mientras que otro 1% corresponderá a Neuquén.
La iniciativa fue aprobada por la Legislatura de Río Negro la semana pasada y otorgó respaldo legal definitivo al acuerdo alcanzado durante el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas.
Durante décadas, los causes de Río Negro aportaron energía al sistema nacional sin que la provincia recibiera una compensación considerada acorde por el uso de un recurso estratégico. Por esa razón, la discusión tomó impulso luego de que, en diciembre, el Estado nacional firmara la transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.
“Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real”, sostuvo Weretilneck este jueves, tras la promulgación.
Desde el Gobierno rionegrino remarcaron que la norma forma parte de una estrategia destinada a fortalecer "la defensa de los recursos provinciales" y garantizar que "los beneficios derivados de su explotación tengan impacto directo en el desarrollo local".
El nuevo esquema alcanzará a las futuras operadoras de represas estratégicas como Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, cuyos contratos forman parte del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
Las concesionarias deberán abonar a Río Negro un canon equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Ese porcentaje se sumará al 1% que percibirá Neuquén, conformando un esquema global del 2% por el uso del recurso hídrico.
Además, este mecanismo convivirá con el régimen tradicional de regalías hidroeléctricas, un sistema que durante años generó controversias y reclamos judiciales por presuntas liquidaciones incorrectas originadas en la década de 1990.
Otro de los puntos destacados del nuevo marco regulatorio es la posibilidad de que las provincias perciban regalías y cánones en especie. Esa alternativa permitirá recibir bloques de energía eléctrica para su posterior comercialización directa dentro del mercado energético nacional.
Las estimaciones elaboradas por equipos técnicos provinciales proyectaron un incremento significativo en los recursos derivados de la actividad hidroeléctrica.
Según esos cálculos, los ingresos podrían pasar de aproximadamente 10 millones de dólares anuales a cifras cercanas a los 40 millones de dólares una vez que el sistema alcance su funcionamiento pleno.
En paralelo, el acuerdo contempló la creación de mecanismos orientados a financiar obras de infraestructura y trabajos vinculados a la seguridad hídrica, especialmente aquellos relacionados con la prevención de crecidas y el mantenimiento de las instalaciones.
