El salteño apuesta a que al Gobierno no le quede otra que aceptar. La suspensión de las PASO y el Presupuesto, telón de fondo. El doble juego libertario.
Mientras espera que el Senado de Salta le apruebe el endeudamiento que pidió, Gustavo Sáenz activó un juego de pinzas para que Toto Caputo le dé el aval necesario para salir a los mercados internacionales. El gobernador busca U$S 250 millones para, entre otras cosas, realizar obra pública sobre rutas nacionales.
La Cámara de Diputados de esa provincia del Norte Grande aprobó la semana pasada dos proyectos enviados por el gobernador que habilitan las operaciones de financiamiento. El paquete todavía debe ser tratado por la cámara alta y, si obtiene sanción definitiva, Sáenz deberá avanzar con las autorizaciones nacionales.
En el gobierno salteño ya miran hacia el Ministerio de Economía que conduce Caputo. La expectativa es que no encuentre demasiados obstáculos para habilitar un crédito internacional destinado, entre otras cosas, a obras sobre rutas nacionales.
El argumento tiene una vuelta política evidente, repetida con ironía cerca de Sáenz. Si el Gobierno dejó de financiar buena parte de la obra pública vial, ahora es la provincia la que busca crédito externo para avanzar sobre infraestructura que considera necesaria para el desarrollo del corredor minero.
La discusión toca además la relación entre la Casa Rosada y las provincias. La autorización nacional para los créditos internacionales de los estados subnacionales suele ser moneda de cambio en negociaciones legislativas. Con el Gobierno lanzado a conseguir los votos para al menos suspender las PASO, aprobar el Presupuesto y seguir llenando vacantes en la Justicia Federal, no hay mucho margen para retacear apoyo.
Las obras tienen, además, un rol clave para el mundo minero, uno de los rubros a los que Milei apuesta para seguir generando dólares. Allí aparece, por ejemplo, la Ruta Nacional 51, con una intervención entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. También se planean trabajos en nodos logísticos, obras de agua y saneamiento en la Puna y fortalecimiento de las capacidades provinciales para la gestión y fiscalización minera.
Los dos proyectos fueron tratados sobre tablas en Diputados y consiguieron la aprobación con el acompañamiento del oficialismo y sus aliados. Sin embargo, el triunfo oficialista no contó con el apoyo del bloque provincial de La Libertad Avanza. No es la primera vez que sucede, ya que Carlos Sadir tiene trabado un endeudamiento en Jujuy por la negativa libertaria a votarlo.
El doble juego expone las diferencias entre los armados libertarios locales, con ansias de disputar las elecciones provinciales, y la Casa Rosada, preocupada por llevarse bien con gobernadores dialoguistas para allanar la reforma electoral y facilitar la reelección de Milei. No por nada Karina Milei viene repitiendo en sus reuniones un pedido a sus alfiles provinciales de no molestar a los mandatarios aliados.
De hecho, durante la sesión, los legisladores libertarios deslizaron una sospecha electoral y plantearon que los fondos podrían llegar cerca de las elecciones. El oficialismo rechazó esa interpretación y remarcó que los créditos internacionales tienen procesos de aprobación más extensos y desembolsos pautados. El proyecto establece seis años para la entrega de los recursos.
El próximo paso para el endeudamiento de Sáenz es el Senado. La cámara alta no sesionó el jueves 10 de septiembre y postergó su actividad legislativa en el marco de las actividades vinculadas a la Procesión del Milagro, una fiesta de profunda tradición popular en la provincia. El Ejecutivo necesita completar el trámite provincial antes de avanzar con las gestiones de financiamiento. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, había presentado el lunes la estrategia ante los legisladores oficialistas. Después volvió al bajo perfil y no tuvo nuevas apariciones públicas para defender el paquete.
El crédito que quiere tomar Sáenz está dividido en dos. El primero de los proyectos autoriza al Ejecutivo a emitir un nuevo título público por hasta U$S150 millones para cancelar los servicios pendientes del Plan Bicentenario. Los tres vencimientos entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 suman U$S145,32 millones.
La operación busca reemplazar esos compromisos por un nuevo bono bajo ley local, extender los plazos y evitar la concentración de pagos en los próximos dos años. También contempla garantizar los servicios con recursos de la coparticipación.
El Plan Bicentenario fue emitido en 2016 por hasta US$350 millones, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, y posteriormente refinanciado. Ese origen volvió a aparecer en el debate y llevó nuevamente al exgobernador al centro de la discusión.
Urtubey salió al cruce. Defendió que la provincia tome crédito para financiar obras, pero cuestionó que su gestión sea utilizada como explicación para el nuevo endeudamiento. “Dejen de usarme de excusa a mí, que me fui hace siete años del gobierno provincial”, sostuvo. “Parece que soy el responsable hasta de la muerte de Kennedy”, ironizó.
El segundo proyecto autoriza un crédito de hasta U$S100 millones del Banco Mundial, destinado a infraestructura y al fortalecimiento de las capacidades provinciales para acompañar el desarrollo económico y la generación de empleo en la minería. El préstamo contempla 32 años de amortización, siete años de gracia y seis años para los desembolsos. También podrá garantizarse con recursos de la Coparticipación.
