Unas 900.000 personas dejarán de percibir la asignación directa en abril. El Norte Grande, la región más golpeada. El pedido de informes de Jaldo a Pettovello.
El final del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) a partir de abril mete una nueva cuña en la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores. La medida afectará a cerca de 900.000 personas en todo el país que dejarán de percibir una asignación mensual de $78.000, que ahora serán remplazados por vouchers de capacitación.
Pese a tratarse de una asignación módica, su eliminación significa un golpe más en los bolsillos de los sectores más vulnerables. Además, en su conjunto, supone una masa de recursos que dejará de vertirse directamente en el consumo de cada distrito, tal como venía ocurriendo hasta ahora cada mes.
Volver al Trabajo es uno de los dos programas que antes formaban parte del extinto Potenciar Trabajo. El otro, conocido como Acompañamiento Social, seguirá sin cambios para contener a personas mayores de 50 años.
El objetivo del ministerio que conduce Sandra Pettovello es eliminar el aporte directo a personas de entre 18 y 50 años. La asignación de $78.000 que se abonará por última vez el 9 de abril próximo no se actualizaba desde 2023. A cambio, la cartera social propone entregar vouchers educativos para capacitaciones en oficios que faciliten la reinserción laboral.
Este viernes, el presidente Milei destacó el “cambio de concepción que potencia el crecimiento y mejora las condiciones de vida de las personas”, al recorrer el Centro de Formación desarrollado por el Ministerio de Capital Humano, a través de una articulación público-privada, en el ex Instituto Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal.
“Estamos reconvirtiendo los planes en trabajo”, dijo Milei acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra Pettovello y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.
El esquema basado en el acceso a vouchers educativos para cursos y capacitaciones en lugar de las transferencias directas suma dudas y preocupaciones en las provincias. No está claro quién dictará esas formaciones en el interior del país, si éstas se programarán de manera presencial o virtual y cuál será el rol que asumirán las delegaciones locales de los ministerios, que mantienen un bajísimo perfil desde hace dos años.
Los funcionarios locales se preguntan cómo se piensa generar empleo privado en un contexto de aumento del desempleo y crisis de los sectores que mayor trabajo directo generan en el interior, como la construcción y el comercio.
Una de las primeras provincias en la que se prendieron luces rojas por el anuncio de la Casa Rosada fue Tucumán, donde el plan de asistencia laboral llega a poco más de 75.000 personas.
La cifra varía mes a mes según altas y bajas por las incompatibilidades que prevé el mismo programa. Quienes tengan más de 50 años seguirán cobrando el aporte, pero el resto se quedará sin ese pago directo a partir de mayo. Son 55.000 personas en situación de vulnerabilidad a las que se les cortará de cuajo el aporte estatal en unos 15 días.
En los cálculos de la administración de Osvaldo Jaldo estiman que serán más de $4.000 millones los que dejarán de ingresar a la economía local para consumo directo en comercios de cercanía y elementos esenciales. Es un golpe duro en un contexto de recesión, admiten.
En el arranque de la gestión Milei, Tucumán era la segunda provincia del país en el ranking de personas beneficiarias del programa social que ahora camina a su extinción. Primera se encontraba Buenos Aires con más de 620.000 planes.
La mayoría de quienes hoy aún perciben este plan viven en provincias del Norte Grande: Salta (52.739), Jujuy (52.677), Chaco (51.146), Misiones (46.925), Santiago del Estero (36.684), Corrientes (26.205), Formosa (19.033), La Rioja (12.607) y Catamarca (11.717). Como ya contó Letra P, esa región del país es una de las más golpeadas por la inflación y el parate económico.
En las últimas horas, la senadora Beatriz Ávila, que integra el bloque Independencia que responde el gobernador Jaldo, presentó un pedido de informes dirigido a Sandra Pettovello para que brinde precisiones de la medida anunciada primero por las redes sociales del Ministerio de Capital Humano y luego mediante comunicaciones directas a las personas beneficiarias.
Ávila advierte que no se analizó el impacto social que tendrá la medida entre sectores en situación muy crítica. Federico Masso, ministro de Desarrollo Social de Tucumán, también alzó la voz para pedir una revisión de la decisión.
El funcionario admitió que el Ejecutivo provincial no está en condiciones de contener a quienes dejarán de percibir ese beneficio estatal que, aunque muy reducido, les garantizaría un aporte vital para la subsistencia diaria.
“Toda empresa, sin ninguna distinción, puede sumarse a la construcción de esta gran bolsa de trabajo nacional”, afirmó Milei en el acto de este viernes en alusión a la formación en oficios que impulsa la Casa Rosada, pero para la que espera el aporte privado.
