La diputada amarilla Silvana Giudici presiona para crear una comisión investigadora para evaluar a Kicillof. En UP creen que podrían complicar a Lugones y a Bullrich.
Cristian Ritondo, jefe del PRO, con Damián Arabia y Silvana Giúdici, cercanas a Patricia Bullrich.
El escándalo por el fentanilo contaminado, que abrió la campaña bonaerense, llegó a Diputados y amenaza con erosionar la flamante alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO. Si bien todos los bloques avalaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, pide crear una comisión investigadora que no convence a las autoridades oficialistas.
Ocurre que una pesquisa legislativa podría dejar muy mal parado al ministro de Salud, Mario Lugones, y hasta obligaría a dar explicaciones a la propia ministra de Seguridad. La secuencia de hechos de los últimos días da cuenta de la descoordinación entre las fuerzas asociadas para las próximas elecciones, justo en un tema que amenaza con salpicar al poder.
En su lanzamiento de la campaña bonaerense, Javier Milei se sumó al relato de Bullrich, sobre la presunta responsabilidad del gobernador Axel Kicillof por las ampollas de fentanilo contaminadas que se hallaron en centros de salud bonaerenses, aún en aquellos que no son públicos.
Este relato oficialista toma como dato relevante que el juez encargado de investigar los fallecimientos de pacientes a quienes se les aplicó esta sustancia, Ernesto Kreplak, es el hermano del actual ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Además, en el Gobierno registran una presencia relevante como proveedores de la provincia de los laboratorios implicados, HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.
Giudici, que en otros tiempos respondió órdenes del operador radical Coti Nosiglia, se preocupó por involucrar al Congreso en este tema. Ni bien se inició la causa en el juzgado federal de La Plata por fallecimientos por presunta contaminación de fentanilo, la diputada presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora sobre los episodios en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que registra la mayor cantidad de casos.
La legisladora propuso estudiar la cadena de producción y comercialización de fentanilo suministrado por HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., “así como de las droguerías y establecimientos sanitarios involucrados”. También solicitó “deslindar la eventual responsabilidad de los organismos de control de las distintas jurisdicciones actuantes en la trazabilidad y comercialización del opioide sintético”.
Si bien este medicamento tiene como uso los cuidados paliativos, se utiliza además como materia prima para producción de drogas, cuyo foco de consumo es Estados Unidos. Es por eso que Bullrich realizó una denuncia por presuntos vínculos de estos laboratorios con el narcotráfico, instruida por el juez Sebastián Casanello. Se sospecha que transportaban residuos de medicamentos a Paraguay para elaborar las sustancias ilícitas.
La ruta legislativa del proyecto de Giudici es cuanto menos curiosa. Fue girado a la comisión Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Silvia Lospennato (PRO) –que tiene la cabecera-; y a la de Presupuesto y Hacienda, liderada por José Luis Espert (LLA). Aunque luego el expediente fue retirado de Presupuesto por orden del secretario parlamentario de la cámara baja, Adrián Pagán.
Giudici nunca logró que su proyecto para crear una comisión investigadora se tratara. En la última sesión simuló un pedido de votación cuando ya no había cuórum, en el que solicitó emplazar a la comisión que Lospennato, su compañera de bloque, puede convocar cuando quiera. Fue una maniobra que nadie entendió bien.
Este miércoles, Giudici aceptó firmar junto a Unión por la Patria un pedido de informes al Poder Ejecutivo con 26 consultas sobre el uso del fentanilo en el país. El texto fue elaborado por el presidente de la comisión de Acción Social y Salud, el peronista Pablo Yedlin.
La mayoría de las preguntas fueron dirigidas al Ministerio de Salud y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Se les exige explicar por qué, después de una advertencia del propio organismo de control realizada en noviembre sobre el fentanilo ofrecido por el laboratorio Ramallo, la inhibición llegó en febrero. Fue justo después de la salida del lote que, presuntamente, estaba contaminado.
Consultas similares se incorporaron en otro proyecto para crear una comisión investigadora presentado por el diputado de UP, Jorge Araujo, quien solicita que funcione bajo la órbita de Yedlin. El diputado Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) también presentó una una iniciativa para armar un grupo en Diputados que pesquise la ruta del fentanilo.
Acorralada, Lospennato tendría previsto convocar a su comisión para tratar los proyectos sobre fentanilo, aunque en La Libertad Avanza no están convencidos de que sea el mejor camino y miran con desconfianza a Giudici.
“De mínima, la tenemos que acusar de apurarse”, señaló a Letra P una fuente del oficialismo, donde desconocen si la diputada y su jefa tienen algún interés que no este en sintonía con las urgencias del Gobierno.
En LLA justifican el pedido de informes al ministro de Salud, justamente, en la necesidad de demorar todo lo necesario la creación de una comisión investigadora que puede tener más problemas que soluciones.
La intervención del Congreso quedó en un limbo, en el que ningún sector sabe bien qué gana y qué pierde. En Unión por la Patria hay confianza. “Si Lugones no responde los pedidos de informes, vamos a pedir su interpelación, aunque deje la silla vacía”, aseguró a Letra P una autoridad del peronismo.
En el oficialismo dan por hecho que el ministro responderá a las consultas e intentará seguir con la línea oficial: que los laboratorios fueron contratados por Kicillof por algún interés particular. “No es cierto que hay compulsa de precios: las provincias hacen compras de modo discrecional”, sostuvo ante Letra P uno de los diputados libertarios que integra la comisión de Salud. Una caza de brujas podría acorralar a gobernadores aliados, que los laboratorios mencionados tienen como clientes.
En UP retrucan que si Anmat hubiera prohibido la venta de los lotes de fentanilo contaminado, ningún centro de salud, público o privado, los hubiera adquirido. Recuerdan además que al no haber trazabilidad, la única responsabilidad la tiene el organismo de control.
“La Anmat autoriza, hace controles y exige supervisiones internas a los laboratorios que ningún centro de salud puede realizar. Por esa razón, el intendente de Rosario (Pablo Javkin) es querellante de la causa”, señalan en el peronismo.
En la reunión de la comisión de Acción Social y Salud, Victoria Tolosa Paz, de UP, fue más lejos para defender a Kicillof: recordó que la importación de fentanilo pasa por la Aduana y por la Dirección de Drogas Peligrosas, a cargo de Bullrich. También exigió explicaciones a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que depende del Ministerio Público. Si hay una comisión investigadora, los funcionarios de estas dependencias serán citados. No está claro si eso ocurrirá.