Nombró en un cargo clave a Julián Maneiro, que piloteó los cambios en el régimen electoral. Proyectos en espera y una relación para pulir entre poderes.
Rogelio Frigerio designó a Julián Maneiro al frente de la secretaría de Justicia de Entre Ríos.
Rogelio Frigerio apostó fuerte a recomponer sus vínculos con el Poder Judicial tras varios cortocircuitos en el inicio de la gestión. Para imponer su propia agenda judicial, designó al frente de la estratégica secretaría de Justicia de Entre Ríos a Julián Maneiro, un experto que ya supo navegar aguas turbulentas con la reforma política del año pasado.
La designación de Maneiro supuso un volantazo, porque el gobernador decidió barajar y dar de nuevo en un intento por resetear su relación con la Justicia, dándole impulso a proyectos propios en el sistema. La decisión la tomó en medio de las turbulencias económicas que jaquean a la gestión, con un frente abierto con los gremios estatales por una rebaja de salarios vía recorte de horas extra y cese de suplencias en distintas áreas.
Maneiro es un alfil del gobierno. Es abogado, de extracción radical, y fue diputado provincial hasta 2023. Se afilió a la UCR a los 16 años y renunció al partido tres décadas después, cuando finalizó su mandato como legislador desilusionado con lo que considera el desvarío boinablanca de los últimos años.
De sólida formación jurídica, Maneiro es especialista en Derecho Administrativo, magister y doctor en Ciencias Sociales. Hasta su designación, estaba al frente de la secretaría de Asuntos Políticos, donde tuvo un rol activo en la reforma política que incorporó, entre otros aspectos, la boleta única de papel.
Cuando se anunció su designación, el funcionario hizo explícito su rol de articulador en vías de “aceitar y generar un vínculo de confianza y de trabajo conjunto con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el servicio en general y la cuestión de la criminalidad”.
En el inicio de su gestión, Frigerio impulsó una modificación de la Ley de Ministerios para formalizar el desdoblamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia. Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal, quedó a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, aunque con el foco puesto en la seguridad.
Roncaglia sería el encargado de las relaciones con el Poder Judicial, pero tropezó enseguida. En los primeros encuentros con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) transmitió la idea de que la Policía no es un apéndice, sino un auxiliar de la Justicia, y que la seguridad ciudadana no es de responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. El mismo mensaje le transmitió al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, a quien le pidió una mayor presencia de fiscales en las calles. Cerca de García dicen que frunció el ceño escuchando al ministro y, desde entonces, la relación se enfrió.
Tampoco el anterior secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, construyó vínculos en el palacio de tribunales ni supo manejar la agenda política en la Legislatura, donde los proyectos de reforma judicial navegaban entre críticas.
Un ejemplo de los pasos en falso que tuvo que afrontar la gestión provincial fue el intento de reforma del Consejo de la Magistratura. El proyecto tuvo sus primeros capítulos en un marco de tensiones y terminó aprobado por la mayoría que impone el oficialismo, en medio de un concierto de críticas encabezadas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el gremio de los jueces, y acompañada por todos los estamentos con representación en el organismo.
El desconcierto en la materia es tal que el Consejo de la Magistratura no llamó a un solo concurso desde el inicio de la gestión de Juntos. Acumula un centenar de vacantes en cargos de juzgados, fiscalías y defensorías y el gobierno avanzó en una reforma que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de convocar a “concursos anticipados”, es decir, con anterioridad a que se produzcan las vacantes.
“Lo hicieron convencidos de la cagada”, resumió un consejero consultado por Letra P. Otro operador judicial, un poco más diplomático, se quejó de la terquedad del oficialismo para escuchar sugerencias. A Maneiro le reconocen capacidad de gestión y vocación de diálogo, atributos esenciales para tratar de aliviar esas tensiones.
“Mi intención es llevar adelante las reformas que en materia judicial sean necesarias para lograr los objetivos de mejorar el servicio”, resumió Maneiro ante la consulta de este medio. “Es necesario actualizar algunas herramientas institucionales que son arquitectónicas, no en el día a día sino a mediano y largo plazo. Mi rol debe ser el de articular con los demás poderes, porque el Estado es uno solo dividido en tres poderes y si el servicio de justicia no funciona, el Estado debe responder por ello”, agregó.
Maneiro, en este escenario, buscará darle a Frigerio la posibilidad de retomar la iniciativa para avanzar en una serie de reformas espinosas en el sistema judicial. La más ríspida, sin dudas, es la que busca establecer plazos para las investigaciones penales.
En Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, rige un sistema que establece una división de roles entre el juez y el fiscal: la investigación de los delitos está a cargo del fiscal, a quien le corresponde la promoción de la acción penal contra los autores y partícipes; y el juez ejerce el control de las garantías.
El exgobernador Gustavo Bordet impulsó una reforma del Código Procesal Penal que tenía como tema central la implementación de “plazos razonables” en el proceso de investigación. Esto supone establecer límites de tiempo al Ministerio Público Fiscal. La iniciativa tenía la venia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y era rechazado por el procurador general. El proyecto durmió durante más de dos años en la Legislatura hasta que Frigerio decidió retirarlo y redactar una nueva propuesta que, en lo posible, no lo exponga de un lado u otro de la interna tribunalicia y que ha impactado en el servicio de justicia.
En el medio, la Corte Suprema de Justicia le asestó un durísimo golpe al STJ, que pretendía acotar los plazos de las investigaciones por vía jurisprudencial. Un primer paso lo dio con el anuncio de que se conformaría una comisión para la reforma del Código Procesal Penal, que sería integrada por juristas y actores respetados en la comunidad judicial.
El primer nombre que se conoció es el de Rubén Virué, un dirigente justicialista y ex secretario de Justicia durante la gestión de Sergio Urribarri, hasta su desplazamiento por pedido del procurador García. Su salida, en 2015, merece un apartado: como presidente del Consejo de la Magistratura y en una audiencia pública, le preguntó a Marcela Badano, postulante para un cargo de jueza de la Cámara de Casación Penal, si la relación de pareja que tenía con García no afectaría la imparcialidad de sus decisiones. La aspirante se ofendió, García puso el grito en el cielo y, esa misma tarde, Virué fue despedido.