Por decreto, frenó aumentos para el Ejecutivo y pidió que se sumen los demás poderes. “Un gesto a la sociedad”, dicen en la Casa Gris.
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, les congeló el sueldo a sus funcionarios y espera que los demás poderes repliquen la medida.
Ante la caída de los fondos coparticipables el gobernador Rogelio Frigerio decidió suspender todo incremento salarial para el funcionariado de Entre Ríos. La medida se piensa como cortafuegos ante las protestas por el reordenamiento de las horas extras y las paritarias para trabajadores estatales en el segundo semestre. Tensión con los otros poderes para que repliquen la medida.
El decreto apunta a contener el gasto en la provincia, que sufre tanto la merma de la coparticipación como la caída de la recaudación provincial en la era de Javier Milei. Es una resolución que se mantendrá vigente "mientras dure la crisis", explicó a Letra P un funcionario de alto rango de la Casa Gris.
Para justificar la medida, cerca de Frigerio recuperaron lo que fue una promesa de campaña: no habría aumentos de impuestos y el ajuste lo haría la política. En la gestión entienden que esta medida de austeridad va en ese sentido.
El gobierno de Frigerio insiste desde el comienzo de su administración en cambiar ciertas lógicas respecto de cómo se entiende, según su parecer, la cosa pública. "Frigerio gobierna para todos", machacan desde los pasillos cercanos a la oficina del gobernador. El acento en "para todos" es una forma tácita de explicar que no deben apuntar la atención solo a contener la administración pública.
El funcionamiento del Estado ocupa, más o menos, el 90% del presupuesto provincial. Esa cifra, elevada, hace inviable cualquier política que quiera torcer o modificar el rumbo de la de la economía provincial. Esta es una de las críticas que se hace con frecuencia desde el sector privado provincial nucleado en distintas cámaras empresarias. Los impuestos, entienden, van a llenar agujeros, como la Caja de Jubilaciones. Esa idea aplica también a pequeños comerciantes que tributan pero no reciben directamente ingresos del estado provincial.
Esta noción, además, matchea armoniosamente con el clima de época. La visión sacrificial es bien recepcionada por la sociedad y más si ese "sacrificio", aunque más no sea un congelamiento salarial, lo hacen los funcionarios. "La casta", en la jerga libertaria.
Es un "gesto a la sociedad", tal como definieron en la Casa Gris a la decisión que se conoció cuando caía la fría tarde de este miércoles de junio. El momento delicado de las finanzas provinciales obliga a medidas de austeridad ingratas. Esta, en ese sentido, se presenta como una decisión que comprende el momento y pone el esfuerzo en la política.
La resolución aplica solo al Poder Ejecutivo, porque es lo único que puede hacer este poder. Sin embargo, desde luego hay una invitación a las autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial para que se sumen "al esfuerzo".
El poder representado con la señora de ojos vendados aun no dio señales y probablemente no lo haga. De igual modo, aunque sin expectativas, en el Ejecutivo se esperaba que en ese sentido apunte la atención pública ni bien se digiera esta noticia.
En las cámaras legislativas la medida debiera tener una réplica inmediata. Aunque tienen autonomía, nada indica que desoigan un pedido directo del gobernador. De todos modos, en funcionarios de segundo orden ya hubo alguna queja, que no levantó vuelo para no generar ruido.
Un párrafo aparte merecen los Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, Sociedades y Empresas del Estado, que sí deberán adecuar el régimen salarial respectivo a lo dispuesto en el decreto.
"Suspéndase, a partir del 1° de julio del corriente año, toda actualización de haberes, salarios y cualquier otro concepto que integre la remuneración de los funcionarios y del personal fuera de escalafón del Sector Público Provincial, comprendido en la Administración Central y Descentralizada, entes autárquicos y autónomos, así como de las sociedades y empresas del Estado, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente", apunta el primer artículo del documento.
En tanto, en su cuarto artículo habilita al ministro de Hacienda, Fabián Boleas, a modificar o cesar la medida. Todo según evolucione la situación fiscal y financiera de la provincia.
Entre los argumentos se esgrime "la caída real de los ingresos nacionales coparticipables, la eliminación de múltiples trasferencias del Gobierno Nacional a la Provincia y los vencimientos de los pagos de los servicios de la deuda en los próximos meses, entre otras erogaciones" como "factores que impactan de modo directo sobre las cuentas del Estado Provincial".