Karina Milei no logró convencer a los gobernadores aliados para voltear la sesión en Diputados. Ahora habla de un acuerdo para cuidar el equilibrio fiscal.
La Casa Rosada no quiso quedarse con el mal sabor de boca de no no haber podido evitar la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados y celebró el mal menor de haber dilatado el tratamiento sobre morosidad y discapacidad, una agenda que busca instalar la oposición. La semana pasada, en Balcarce 50, advertían a los gobernadores que permitieran abrir el recinto, una amenaza que quedó -por ahora- sólo en eso.
Con la sesión en marcha, en la sede administrativa del Gobierno admitieron que les ordenaron a los diputados y diputadas de La Libertad Avanza sentarse en sus bancas. "Dimos vuelta una sesión que parecía totalmente adversa y se impuso la agenda que ya teníamos prevista", comentó un funcionario que reporta a Karina Milei.
El oficialismo impidió el tratamiento sobre tablas de los dos proyectos que preocupaban al presidente Javier Milei, que requerían una mayoría especial, y aceptó enviarlos a dos comisiones, en fechas en las que ya tenían en agenda. Se espera que morosidad se trate en comisión el martes 29 y discapacidad, el miércoles 23. La idea de llevar el debate a estas instancias se permitió, admitieron en la cúpula libertaria, para evitar una posible derrota en el recinto y dilatar el tema lo máximo posible.
Incluso, en Balcarce 50 se menciona un acuerdo tácito entre los aliados para no impulsar proyectos legislativos que tengan costos fiscales para el Estado. En otras palabras, los opositores dialoguistas se habrían comprometido ante el Ejecutivo a no acompañar iniciativas que atenten con el déficit cero, leitmotiv del modelo libertario: "Para nosotros esto es algo no menor, con lo cual incluso evitamos un posible veto del Presidente al final del día", amplió un operador violeta.
El cambio de estrategia parlamentaria de última hora podría ser leído como un nuevo acto de pragmatismo del Gobierno, que ante el fracaso de voltear la sesión se contentó con imponer una agenda de debates favorable para el oficialismo, pero también como un signo de debilidad política, al menos si se tiene en cuenta que en la última semana hubo numerosas presiones desde la Casa Rosada a las provincias para que no apoyen las iniciativas.
De hecho, el jueves pasado algunos de los integrantes de la mesa política de Balcarce 50 le hicieron saber a los gobernadores, por pedido explícito de la secretaria general de la Presidencia, que debían retirar su apoyo a los tratamientos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad si es que querían conformar una alianza electoral conjunta en 2027.
El mensaje de ese momento fue así de explícito: "La sesión puede ser un antes y un después porque va a ser utilizado como termómetro para nuestros acuerdos", advertían. La amenaza había recaído, sobre todo, contra Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero al final del día ninguno de ellos ayudó a la administración libertaria a bloquear la sesión, que el propio oficialismo avaló para disimular una derrota mayor e intentar enderezar las próximas agendas en el Congreso.
Incluso si en la cúpula libertaria se contentan con haber desviado los proyectos a comisiones, y haberles sacado a los aliados el compromiso de no votar artículos que toquen el equilibrio fiscal, todavía es una incógnita que sucederá con los diálogos electorales con las provincias. Hasta antes de la sesión, el karinismo soñaba con contar con el respaldo de las provincias de acá a las próximas elecciones, a cambio de acuerdos en las urnas en 2027.
La idea era ampliar la red de alianzas más allá de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y se pensaba en gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan) e incluso Ignacio Torres (Chubut). En ese tema sigue trabajando la mesa chica del karinismo integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien esta vez siguió la sesión desde su despacho, junto a su segundo en el cargo, Gustavo Coria; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
