Un estudio de Zuban Córdoba muestra un fuerte rechazo de la sociedad al proyecto que impulsa Javier Milei. El Senado tratará la iniciativa el 6 de agosto.
Encuesta: ocho de cada diez personas está a favor de limitar la venta de tierras a extranjeros
En la antesala de la sesión del jueves 6 de agosto, en la que el Senado retomará el debate del proyecto oficialista sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una encuesta de Zuban Córdoba revela que ocho de cada diez personas rechazan eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
Según un adelanto del estudio, publicado por la consultora en redes sociales, el 77% está de acuerdo con limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que solo el 16,7% rechaza esa posibilidad. Un 6,3% prefirió no tomar posición.
El debate sobre la venta de tierras a manos extranjeras atraviesa desde hace años distintas administraciones y reaparece cada vez que se discuten proyectos vinculados a inversiones, recursos naturales o soberanía sobre territorios considerados estratégicos.
La Ley 26.737, sancionada con amplia mayoría en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y estableció topes tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El objetivo de la norma era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales, dos activos que ya estaban en la mira del gobierno de Estados Unidos.
La norma original estableció que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También, fijó que los ciudadanos o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo -equivalente al 4,5% del total de las tierras rurales de cada jurisdicción- y dispuso que un mismo titular extranjero no puede adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. Además, prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente
A mediados de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, un decreto flexibilizó algunos aspectos de su aplicación, especialmente en la forma de computar la participación extranjera. En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei derogó ese decreto, restableciendo el criterio original previsto por la ley.
La encuesta difundida por Zuban Córdoba sugiere que la mayoría de la sociedad respalda la existencia de límites para este tipo de operaciones, independientemente del debate sobre el alcance concreto de esas restricciones o sobre el impacto que podrían tener en la atracción de inversiones.
Al comienzo de este año, el gobierno libertario impulsó una reforma elaborada por el ministro Federico Struzenegger que modifica el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y que favorece a grandes inversores extranjeros y a personas o empresas del exterior interesadas en adquirir campos en la Argentina.
Bajo el capítulo "Inviolabilidad de la propiedad privada", el proyecto que el Senado discutirá el jueves 6 de agosto en el Senado introduce artículos que implican una derogación de hecho de la Ley de Tierras, al incorporar cambios en el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojos, los requisitos para declarar una expropiación y la Ley de Manejo del Fuego.
Como contó Mauricio Cantando en Letra P, el proyecto es el mayor desafío del gobierno de La Libertad Avanza y el camino no está allanado en la cámara baja. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich convenció aSturzenegger de aceptar las sugerencias de los gobernadores, pero algunos aliados se resisten a acompañar la iniciativa. El rechazo es al capítulo tres, que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros.
En este contexto, la oposición organizó una movilización para el próximo jueves en el Congreso en rechazo al proyecto. Ya se sumaron las dos vertientes de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), organizaciones sociales y la izquierda.
