El proyecto de ley agregó requisitos para las empresas, pero sin sanciones. Todo escrito a las apuradas. Objetivo: data centers.
Javier Milei y Sam Altman. Para el zar de la IA, el súper-RIGI es una fiesta (imagen generada con inteligencia artficial).
El proyecto de súper-RIGI que aprobó la Cámara Diputados incorporó, como requisito para acceder al régimen de incentivos, sumar proveedores locales, pero no contempla sanciones por no hacerlo. También exige estudios de impacto ambiental, pero sin la intervención de agencias independientes y con castigos irrisorios en caso de incumplimiento.
Son algunas de las inconsistencias que Javier Milei, Toto Caputo y el secretario coordinador de Energía, Daniel González, pasaron por alto al mandar la iniciativa al Congreso. La cámara baja intentó refrendar errores y omisiones a las apuradas y el texto final quedó lleno de agujeros.
El texto, coinciden especialistas, es mucho más generoso que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original y parece menos filtrado por expertos legales. Según distintas fuentes del sector productivo, todo parece armado para impulsar la llegada de data centers y alguna inversión vinculada al sector nuclear. Nadie espera mucho más.
El Gobierno presentó el súper-RIGI a mediados de mayo. Luego de una reunión con inversores, González le transmitió a Caputo que beneficios adicionales a los del RIGI podrían atraer desembolsos gigantes en áreas de frontera tecnológica. Caputo y Milei compraron y aceleraron, sin estudios previos.
El proyecto oficial resultó mucho más generoso que el RIGI, que, hasta ahora, aprovecharon las grandes petroleras y mineras que ya miraban con interés el desarrollo de Vaca Muerta y la extracción de cobre, otros metales y litio. Hasta el momento, el 90% de las inversiones anunciadas está vinculado a esos sectores. La incorporación de la extracción de petróleo y gas no convencional al régimen de beneficios tributarios y cambiarios rubricó esa tendencia.
En medio de la campaña electoral, el ceo de OpenAI, Sam Altman, hizo un anuncio de alto impacto: la incorporación de Argentina a su programa de data centers Stargate, en sociedad con una empresa que impulsaba Demian Reidel y tiene como cabeza al emprendedor de Satellogic, Emiliano Kargieman. Fue una promesa de u$s 25.000 millones que no se concretó hasta el momento, pero que ya estuvo en agenda antes de la concepción de los beneficios XXL del súper-RIGI.
Quizás eso impulsó al Gobierno a mejorar la oferta. Milei quiere convertir a Argentina en un polo de inteligencia artificial literalmente a cualquier costo. El nuevo régimen baja a 15% la tasa máxima del impuesto a las Ganancias, reduce de 7% a 3,5% el impuesto al giro de dividendos a partir del cuarto año, topea en 0,5% la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos y obliga a los municipios a no cobrar tasas municipales, entre otras ventajas impositivas.
También, elimina los derechos de importación a todas las compras al exterior (el RIGI solo exime a los bienes de capital y sus partes), prohíbe el cobro de retenciones y añade otras facilidades. Por ejemplo, reduce de 24% a 10% la tasa de contribuciones patronales. Los data centers generan una mínima cantidad de empleos y, encima, vendrán bonificados.
Pero son, sobre todo, los beneficios cambiarios los que atraen a inversores. Cualquier multinacional que piensa en traer un proyecto a Argentina pregunta, siempre y en todo lugar, si hay o habrá cepo y si podrá sacar sus dólares del país cuando quiera remitir utilidades. Es la negociación elemental de cualquier gran proyecto desde el acuerdo de YPF con Chevron.
Verónica Grondona, asesora de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, sus siglas en inglés) publicó un paper crítico sobre el RIGI. Advirtió que el régimen incentiva maniobras de elusión al reducirse las retenciones sobre los pagos a empresas vinculadas en el exterior. Las multinacionales afrontarían escasos controles para girar fondos al exterior por el pago de servicios intrafirma, una práctica habitual de estas compañías.
El súper-RIGI profundiza ese beneficio a las grandes empresas, ya que no solo exime a las empresas de liquidar el 100% de las exportaciones en el Mercado Libre de Cambios desde el tercer año, sino que elimina la obligación de ingresar los dólares producto del endeudamiento que obtengan.
Hay más. Fundar le pasó un peine fino al texto que salió de la Cámara de Diputados. El dictamen que se aprobó incorporó requisitos que quedaron a mitad de camino.
Por ejemplo, se incorporó, como en el RIGI, la obligación de sumar proveedores locales por al menos 20% de la inversión. Otra vez, el texto aclara que eso solo regirá cuando la oferta argentina esté "disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
Eso le quita cualquier incentivo al desarrollo de un proveedor local, pero, además, el proyecto se olvidó de sancionar el incumplimiento de ese requisito. El artículo 92, que tipifica las conductas susceptibles de sanción, no menciona nada vinculado al desarrollo de la cadena productiva.
Otro agregado que quedó a mitad de camino tiene que ver con la investigación y desarrollo (I+D). El texto sumó un beneficio adicional. El artículo 12 requiere invertir al menos u$s 1000 millones e integrar el 20% de ese monto en los primeros dos años.
El artículo 15 agrega que “las inversiones vinculadas a Investigación y Desarrollo vinculadas al proyecto se computarán al doble de valor”. Un objetivo loable, pero con un detalle: no se precisa como requisito que esa I+D ocurra en Argentina.
Quienes legislan agregaron una preocupación por el medio ambiente y el abastecimiento de agua y energía. Otra vez, el foco está en los data centers: grandes centros de cómputos que emplean a poca gente pero consumen muchos recursos naturales.
Sumaron un inciso j) al artículo 17, en el que se detallan los requisitos para entrar al súper-RIGI. Ese apartado, titulado “impacto en zona de influencia”, pide al inversor una declaración jurada “sustentada en un informe técnico que demuestre que el proyecto no comprometerá la sustentabilidad de los recursos naturales” ni tensionará la infraestructura disponible en el abastecimiento de energía, agua y transporte. El texto aclara que será complementario a las evaluaciones de impacto ambiental de las autoridades regulatorias.
Sin embargo, los legisladores omitieron agregar sanciones específicas en caso de incumplimientos de algo tan importante que puede comprometer el acceso al agua y la energía de comunidades enteras. Entonces, la conducta irregular sería la tipificada en el artículo 92 inciso b), que establece sanciones por “presentar declaraciones juradas falsas o inexactas”. En ese caso, el artículo 96 solo prevé multas de entre $150 y 600 millones, que son entre u$s 100.000 y u$s 400.000 al tipo de cambio actual. Irrisorias para proyectos de esta envergadura.
Tal como está -el proyecto debe ser discutido por el Senado-, el súper-RIGI da 30 años de garantías para las empresas que aterricen con más de u$s 1000 millones de inversiones. En caso de incumplimiento, las compañías tendrán libertad de recurrir a tribunales internacionales sin pasar siquiera por una primera instancia en el país.
La única foto que consiguió el Gobierno de una empresa interesada en invertir con el súper-RIGI hasta el momento fue la de Meitner Energy, la compañía de capitales estadounidenses que se asociaron con el Invap para desarrollar un reactor modular. En una reunión con Caputo y González, su ceo, el ex-Shell Teófilo Lacroze, presentó un proyecto de u$s 1200 millones que cuadraría con el desarrollo de un nuevo sector económico.
Los data centers son los que propios y extraños ven como destinatarios finales de los beneficios. Básicamente, porque se trata de grandes estructuras destinadas a albergar computadoras que necesitan clima frío, agua y mucha energía barata. Pero no generan empleo.
Audemus, la consultora del exministro Matías Kulfas, listó las inversiones en la región que podrían aplicar al súper-RIGI en caso de replicarse en Argentina. Microsoft anunció la instalación de un data center en México y otro en Colombia, por u$s 1300 millones cada uno. Generarán entre 30 y 80 empleos por cada u$s 1000 millones invertidos. Si se concretara acá, esos puestos de trabajo tendrían, además, menor carga impositiva.
Otras inversiones requieren de una estructura productiva más desarrollada. En electromovilidad, por ejemplo, el grueso de las inversiones se concentran en Brasil y México. “Ambos países tienen cadenas industriales profundas, mercados internos grandes, política industrial activa y marcos regulatorios sectoriales consolidados”, sostuvo Audemus.
