Guillermo Farana gobernaba Santa Isabel. El atraso con los salarios derivó en su salida del cargo, al que llegó del mismo modo. Ziliotto y el PJ no se meten.
El intendente destituído, Guillermo Farana, junto al gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, en un acto con el presidente de EmPaTel, Andrés Zulueta.
El intendente de la localidad de Santa Isabel, Guillermo Farana, del peronismo de La Pampa, fue formalmente destituido este viernes por el Concejo Deliberante. Farana se había convertido en jefe político de esa localidad del oeste cuando promovió la destitución de la intendenta que lo antecedió, Marta Paturlanne.
Como contó Letra P, Farana fue este año el primer intendente de La Pampa que en el contexto de ajuste libertario no pudo pagar los sueldos municipales en tiempo y forma. Esa decisión fue la gota que colmó el vaso e impulsó al legislativo a ir por su cabeza.
La destitución, que obviamente tiene alto impacto político e institucional, la votaron también los concejales del peronismo. De hecho, su compañera de fórmula María Elisabet Cabral estaba ya a cargo de la comuna, de modo transitorio, desde que se decidió su suspensión.
El gobierno provincial de Sergio Ziliotto y el Partido Justicialista pampeano miran la disputa de lejos y sin meterse. Como una forma de hacer equilibrio gambetean el conflicto porque ya saben de los picantes dimes y diretes que sacuden a la política local.
De hecho, Farana llegó al poder a partir de la destitución de Paturlanne, que él mismo impulsó en el año 2021. Paturlanne también era peronista. Farana completó su mandato y después fue por la reelección, que consiguió en 2023.
Aquella vez, María Elisabet Cabral fue una de las que votó para defender a Paturlanne. Ahora es la que queda a cargo de la comuna.
Santa Isabel está en la zona oeste de la provincia, es una de las localidades históricamente castigadas por la ausencia del río Atuel. Está a unos 300 kilómetros de la capital Santa Rosa y tiene menos de 3.000 habitantes, según el último censo. En la mayoría de las comunas de la zona oeste provincial, el PJ sostiene su hegemonía.
La destitución de Farana se sancionó por goleada: 5 votos por sacarlo del cargo y una abstención. Lo acusan de graves irregularidades y de “falta de transparencia”.
Alzaron su mano para sacar a Farana de la gestión Braian Blanco y Mariana Frías (Frente Justicialista Pampeano), Margarita Hernández, Cristina Elena Vázquez y Facundo Joel Sol (Juntos por el Cambio). Se abstuvo el peronista Maximiliano Gautes.
El intendente saliente quedó acusado por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, múltiples irregularidades administrativas y financieras.
Ya fuera de juego, Farana anunció que impugnará judicialmente el proceso. El descargo ante el Concejo fue por escrito. Prefirió no participar de la sesión donde se trató el tema, y que se presentó formalmente como una audiencia pública. Acercó un posicionamiento que resumió en 13 páginas, con el asesoramiento legal de la abogada Florencia D’Espósito.
El jefe comunal saliente consideró que todo el proceso fue “nulo” porque lo dejaron al margen del cargo sin derecho a defensa. Basa su posición en la Ley Provincial 1246 y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Acusa a los concejales de estar de los dos lados del mostrador, como acusadores y juzgadores. Dice que las denuncias son “un invento, una construcción artificiosa” para sacarlo del cargo. Según Farana, la relación con el Concejo se rompió en agosto de 2025 cuando se negó a dar un aumento en las dietas. Desde ese momento, el legislativo empezó a rechazar propuestas del Ejecutivo.
Farana defiende su gestión, y sobre todo la obra pública que pudo hacerse en la localidad. Pero su relación con empleados y empleadas empezó a debilitarse y encontró su pico máximo de enfrentamiento cuando no pudo pagar los sueldos, como consecuencia del recorte de la coparticipación y la caída de la recaudación por tasas.