El cierre de la única clínica que atendía a 5.000 jubilados se mete en la campaña. Mesa de diálogo, lobby con privados y más Estado, ideas en el borrador.
Pedro Dellarossa, Verónica Crescente y Germán Font competirá por el gobierno de Marcos Juárez
Para Dellarossa es una cuestión que debe resolver el estado nacional y provincial
Crescente pretende convencer a inversores locales
Font apela a la creación de un espacio municipal
Marcos Juárez llegó a la recta final de la campaña municipal con un reclamo compartido por las siete listas: el regreso de la prestación del PAMI a la ciudad del sudeste de Córdoba. Sin embargo, no precisaron cómo se resolverá la falta de cobertura que afectó a miles de jubilados desde el cierre del único sanatorio privado.
El 31 de marzo de 2026 cerró sus puertas el Sanatorio Privado del Sudeste, único prestador de PAMI en Marcos Juárez durante décadas. Desde entonces, entre 5.500 y 7.000 jubilados de la ciudad y la región quedaron sin atención de mediana y alta complejidad y debieron trasladarse 120 kilómetros hasta Villa María para internaciones o cirugías.
A casi cinco meses del cierre y a días de las elecciones municipales del 6 de septiembre, el conflicto se convirtió en uno de los principales problemas de la campaña.
La discusión quedó concentrada en el margen de acción que tendría la próxima administración local frente a una decisión que depende de un Estado nacional sin diálogo con los mandatarios del interior.
La crisis se había anticipado. En febrero, fuentes del sanatorio habían advertido que el sistema de pago por cápita no se actualizaba en proporción al aumento de los costos médicos, los insumos, la tecnología y los salarios. El director de la institución, Mauricio Svriz, había señalado que PAMI aumentó los aranceles 12,8%, frente a una inflación de 31,5% y una suba de casi 57% en los insumos médicos.
A esa situación se sumó el problema edilicio. Los propietarios del inmueble habían decidido venderlo en lugar de renovar el contrato de alquiler. El funcionamiento de la institución, cuya ocupación dependía en un 80% de PAMI, había quedado así en una situación insostenible.
El comunicado oficial de cierre, difundido el 7 de marzo, había informado sobre más de diez meses de gestiones ante PAMI y autoridades municipales, provinciales y nacionales sin respuestas. Tras el cierre, el esquema oficial derivó a los afiliados que requerían atención compleja hacia la Clínica Fusavim de Villa María.
El Gobierno provincial reforzó el Hospital Regional Abel Ayerza con nueve camas adicionales, una guardia central ampliada con oxígeno y monitoreo, un shock room equipado y, semanas después, otras 41 camas y 15 monitores multiparamétricos. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había reclamado al gobierno de Javier Milei que se hiciera cargo y colocara una clínica en Marcos Juárez.
Con la intendenta Sara Majorel fuera de la contienda por la reelección, la resolución del conflicto quedó en manos de quien asuma el próximo gobierno municipal.
El macrista Pedro Dellarossa, de Marcos Juárez Puede, planteó recuperar la cápita para la ciudad y destacó la necesidad de articular con los gobiernos municipal, provincial y nacional.
“Nosotros vamos a necesitar de PAMI en algún momento de nuestra vida y lo que sucedió en la ciudad necesita una solución”, expresó. También sostuvo que era necesario sentarse en una mesa para resolver el problema, aunque no detalló cómo se concretaría esa gestión.
Verónica Crescente, de Unión Vecinal, adelantó que mantiene conversaciones con personas interesadas en invertir en un proyecto público-privado. Según su planteo, la política había obstaculizado ese proceso. Su bloque presentó a comienzos de 2026 un proyecto para eximir durante diez años de tasas a quienes invirtieran en la recuperación del exsanatorio o en un nuevo centro de salud.
Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, también plantea como prioridad recuperar la cápita de PAMI y contar con un sanatorio en la ciudad. El candidato que milita en las filas de La Libertad Avanza, aunque no logró el sello para esta contienda, remarca que estuvo trabajando en gestiones desde el año anterior, cuando se anticipaba el cierre del Sanatorio Privado del Sudeste, aunque sin resultados hasta ese momento.
El cordobesista Germán Font, de Generación MJ, coincide en señalar la necesidad de recuperar la atención para los jubilados y desde el espacio advierten sobre "150 millones de pesos habían dejado de circular en la economía local". Entre sus propuestas incluye la creación de una residencia municipal para adultos mayores en la estructura del actual lugar de día.
Font estima que allí podrían incorporarse entre 40 y 50 plazas y había planteado una articulación con PAMI para evitar que el municipio afrontara todo el costo.
Ana Claudia Elzaurdia, del Partido UNO, propuso, por su parte, un sistema gratuito de telemedicina financiado por el municipio y gestiones para recuperar servicios médicos.
El cierre también había tenido consecuencias sobre el Hospital Regional Abel Ayerza. Desde entonces, el establecimiento había registrado 35% más internaciones, 30% más en terapia y 40% más consultas generales. También había aumentado la demanda de estudios de diagnóstico por imágenes que antes se realizaban en el sector privado.
Las cifras expusieron la presión sobre el sistema público y refuerzan una advertencia planteada desde los primeros meses del conflicto: la capacidad del hospital podía resultar insuficiente para absorber una demanda que antes atendía el sector privado.
La cápita de PAMI depende de una decisión tomada fuera de Marcos Juárez, mientras la próxima intendencia deberá afrontar las consecuencias locales del cierre. A eso se suma una deuda del organismo nacional que superaba los $500.000 millones.
El 6 de septiembre, los vecinos de Marcos Juárez elegirán intendente y también a quien asumirá, a partir del 10 de diciembre, la responsabilidad de gestionar un conflicto que las administraciones anteriores no consiguieron resolver.
