El perottista Corach impulsa una comisión para discutir salarios y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Negociación, sí; sindicalización, no.
El PJ propone crear una paritaria policial después del motín que sacudió a Santa Fe
El PJ empuja en Santa Fe un canal institucional para discutir salarios y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad tras el motín policial que estalló en febrero. El diputado Marcos Corach presentó un proyecto para crear un ámbito permanente de diálogo que funcione como una suerte de paritaria, aunque sin sindicalización.
La iniciativa, impulsada por el legislador cercano a Omar Perotti, propone crear la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad. El proyecto suma firmas de distintos sectores del interbloque peronista: las también perottistas Celia Arena y Sonia Martorano, Lucila De Ponti del Movimiento Evita y Miguel Rabbia, del espacio del senador Marcelo Lewandowski. Según supo Letra P, en los próximos días podrían agregarse otros legisladores.
La propuesta de Corach establece que la comisión será un “ámbito institucional permanente de diálogo, análisis técnico y formulación de recomendaciones en materia salarial, condiciones laborales y bienestar integral del personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial”.
Estará integrada por quince miembros titulares, con garantía de paridad de género y representación por territorio y escalafón. Serán cinco sillas para el Ejecutivo; cuatro para policías en actividad, elegidas por voto directo, secreto y voluntario; dos para el Servicio Penitenciario, con la misma modalidad; dos para el personal retirado, una por cada fuerza; y dos para el Ministerio de Trabajo de la provincia.
Según el texto presentado por Corach, los objetivos son “institucionalizar un canal formal, estable y periódico para el tratamiento de las cuestiones salariales y laborales del personal en actividad y retirado de las fuerzas de seguridad provinciales”, además de “promover la mejora continua de las condiciones de trabajo, salud laboral y bienestar profesional”, “contribuir a la previsibilidad, equidad y sustentabilidad del régimen salarial” y “fortalecer la institucionalidad democrática mediante la creación de mecanismos permanentes de diálogo y análisis técnico”.
La iniciativa del diputado perottista deja en claro que que el nuevo esquema no implicaría la sindicalización de las fuerzas "ni afectará el régimen disciplinario, la cadena de mando ni las competencias constitucionales y legales del Poder Ejecutivo”.
La comisión funcionaría como un órgano consultivo permanente, con autonomía funcional, que emitiría dictámenes y recomendaciones no vinculantes, sin sustituir las atribuciones del Ejecutivo en materia salarial ni la conducción de las fuerzas.
Entre sus funciones estaría analizar la estructura salarial vigente, evaluar la evolución del poder adquisitivo, examinar suplementos y adicionales, analizar jornadas laborales y condiciones de disponibilidad, y revisar infraestructura, equipamiento y riesgos laborales.
Además, el proyecto establece que la comisión deberá convocar al menos dos veces por año a una instancia específica de análisis salarial integral para cada fuerza. De esas reuniones surgiría un “Dictamen Técnico Salarial” público con diagnóstico, evaluación del poder adquisitivo, identificación de inequidades y recomendaciones de recomposición.
El Ejecutivo provincial debería pronunciarse sobre ese dictamen dentro de los treinta días hábiles de recibido, pudiendo aceptar o rechazar las recomendaciones. En caso de apartarse del informe, debería hacerlo mediante fundamentación técnica, presupuestaria y de política salarial.
En la fundamentación del proyecto, Corach afirma que “Santa Fe atraviesa una etapa de profundas tensiones sociales, económicas e institucionales que interpelan de manera directa al sistema de seguridad pública” y advierte que “el deterioro del poder adquisitivo, la intensificación de la conflictividad social y la creciente exigencia operativa sobre las fuerzas policiales han puesto en evidencia una problemática estructural que durante años permaneció subyacente: la ausencia de un ámbito institucional estable para la discusión del régimen salarial y las condiciones laborales del personal policial”.
En ese sentido, el diputado perottista asevera que “las recientes experiencias en distintas provincias del país, así como los episodios de autoconvocatorias y reclamos salariales que han adquirido visibilidad pública, demuestran que cuando el Estado no ofrece canales formales de diálogo, los conflictos emergen por vías informales, desordenadas y muchas veces disruptivas para la institucionalidad democrática”. “La ausencia de un mecanismo permanente de discusión no elimina el conflicto: lo posterga y lo agrava”, agrega.
En este marco, el legislador del PJ sostiene que “la policía es, ante todo, una institución del Estado democrático”, pero también “está integrada por trabajadores y trabajadoras que desarrollan su tarea bajo condiciones particulares: jornadas extensas, regímenes de disponibilidad permanente, exposición cotidiana a situaciones de violencia, presión jerárquica constante y limitaciones en el ejercicio de derechos colectivos reconocidos a otros sectores del empleo público”.
“Esta singularidad funcional no puede convertirse en una excepcionalidad permanente que suspenda toda posibilidad de participación institucional en las cuestiones que afectan directamente su bienestar y condiciones de trabajo”, añade.
Al respecto, señala que “en la provincia de Santa Fe se registran fenómenos preocupantes que deben ser asumidos con responsabilidad política: aumento de licencias vinculadas a problemáticas de salud mental, incremento de renuncias —especialmente en personal joven—, desgaste operativo y malestar sostenido respecto del esquema salarial”. Y, en este sentido, indica que “estas situaciones no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a episodios coyunturales” porque “son síntomas de un deterioro estructural que requiere respuestas institucionales”.