Según especialistas, es impracticable porque no define el delito. Paradoja: hay expulsiones frenadas por la pelea con Lula. Son deportados 600 migrantes por año.
El Presidente Javier Milei, al borde del balcón de la Casa Rosada. A sus espaldas, Karina Milei y Santiago Caputo.
La cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente, administrada por Santiago Caputo, informó el miércoles a las 23.51 que Javier Milei había firmado un DNU para modificar la Ley de Migraciones para poder expulsar del país, o impedirle el acceso, a todo extranjero que difunda "mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino". Es humo libertario para la batalla cultural.
Los canales formales de comunicación oficial, a cargo del secretario de Prensa, Fabián Fernández, no adelantaron el contenido del decreto ni tampoco brindaron más detalles este jueves. El caputismo se adjudica el impacto del DNU: "El comunicado sobre el decreto de expulsión de extranjeros antiargentina es, por estas horas, el comunicado más likeado y compartido de la historia de la cuenta @OPRArgentina en Instagram y en Twitter", celebró Macarena Alifraco, la sombra del asesor en la Casa Rosada.
Es una estadística con la que el oficialismo busca revivir la supuesta campaña antiargentina que explotó y murió la semana pasada, magnificada por la Casa Rosada con indisimulada intencionalidad política, luego de que el actor norteamericano Samuel L. Jackson acusara al país de ser el "más racista" y de que la cantante española Rosalía compartiera una publicación contra la selección de Lionel Messi, tras la derrota en la final del Mundial.
Fue por esos días en los que al propio Milei se le ocurrió la idea del DNU, luego de que el diputado provincial Agustín Romo (LLA) presentara un proyecto de ley para cobrar la salud pública y la universidad a los extranjeros sin residencia permanente en la provincia de Buenos Aires. Pero el redactor de la letra chica, según pudo saber Letra P, fue el equipo de Caputo.
En paralelo, el mismo gobierno apura la derogación de la ley de tierras rurales para permitirle a extranjeros libre acceso a las hectáreas del suelo argentino. Paradojas del modelo libertario.
Los cambios en la ley de Migraciones entrarán en vigencia este viernes, un día después de que Rosalía haya arribado al país para brindar una serie de recitales que sufrieron un fallido intento de boicot en redes sociales con una campaña para que la gente devolviera sus entradas.
¿Podrá Milei echar a Rosalía? Especialistas consultados por este medio afirman que, de mínima, la medida es "impracticable" en los papeles. "No define el tipo de delito, por que cualquiera puede apelar la expulsión", explicó uno de ellos.
"Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez, con una causal propia de la Venezuela de Nicolás Maduro. Lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su 'discurso de odio'", criticó la medida el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, recordando las declaraciones del mandatario sobre Lula da Silva y Pedro Sánchez.
El DNU 681 incorpora el inciso m) al artículo 29 de la ley 25.871, para habilitar la expulsión de un extranjero que haya "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último". Es un concepto no sólo amplio de interpretación, sino también de portencial uso discrecional. "¿Quién va a decir que alguien no puede entrar al país por haber tuiteado algo? ¿Un funcionario de Migraciones?", se preguntó otro especialista.
Pero el decreto también fija la expulsión de un extranjero que haya "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales". Para la tribuna: eso es un delito y está tipificado en el artículo 222 el Código Penal, con penas de uno a cuatro años de prisión para quien ofenda la bandera, el escudo, el himno nacional o los emblemas provinciales.
Los extranjeros son una columna fundamental de la batalla cultural del mileísmo. Así como el Presidente estimó apenas asumió, en diciembre de 2023, un 15 mil por ciento de "inflación plantada" por el gobierno del Frente de Todos para construir una épica narrativa de control del IPC, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tergiversa las estadísticas para inflar el número de migrantes echados del país. "En los últimos seis meses, 14 mil personas fueron expulsadas", afirmó en junio.
En realidad, la funcionaria mezcla a aquellos extranjeros que no fueron habilitados a entrar al país con los que efectivamente fueron echados. El primer número siempre es alto. Por caso, en el último año del gobierno de Alberto Fernández, los rechazos migratorios llegaron a ser 14.415. El año pasado la cifra subió a 16.684.
Pero la cantidad de expulsiones es otro cantar. Según informó la misma administración Milei, en el informe 144 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, durante 2024 fueron echados 621 extranjeros judicializados por la Dirección Nacional de Migraciones. A mediados de 2025, iban 404. Según un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado, el total del año pasado llegó a ser de 662.
La principal causa de expulsión es la infracción a la ley 23.737 y al código aduanero, es decir, narcotráfico; y la segunda, delitos contra la propiedad. El universo de extranjeros que residen en la Argentina es de 2.349.816, según datos del Renaper a mediados de 2025.
Según fuentes oficiales, debería ser mayor la cantidad de expulsados, pero hay trámites paralizados para efectivizar las deportaciones que se tramitan judicialmente. Irónicamente para La Libertad Avanza, la tensa relación bilateral entre Argentina y Brasil, que escaló la semana pasada por los insultos de Milei a Lula, está complicando los contactos entre la Dirección de Migraciones local con la Justicia y el gobierno del vecino país para completar los pedidos de expulsión de brasileros judicializados.
Algo similar ocurre con aquellas personas nacidas en Venezuela, cuyas expulsiones ya fueron sentenciadas por distintos juzgados, pero no hay contacto formal con el país caribeño, luego de que Maduro decidiera cerrar la embajada en Buenos Aires a mediados de 2024, en medio de una crisis diplomática con la Casa Rosada.
