Prevé hacerlo desde 2025. Es una de las correcciones del último borrador. Dialoguistas temen que el impuesto alcance a más personas.
Miguel Pichetto, Oscar Carreño y el cordobés Ignacio García Aresca (Encuentro Federal), hablan con Cristian Ritondo y Diego Santilli (PRO). Serán clave para la sesión de jubilaciones y discapacidad.
El Gobierno envió a los bloques dialoguistas de Diputados las últimas versiones de los proyectos de ley ómnibus y de reforma fiscal con las correcciones solicitadas. Si bien Martín Menem quiere dictaminar esta semana y sesionar la próxima, continúan las críticas de la oposición en temas como la reversión de Ganancias. Sin acuerdo, podría haber varios dictámenes de minoría.
En las primeras lecturas, referentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) identificaron varias correcciones en la ley ómnibus que habían solicitado, aunque sigue el reclamo por un aumento en las jubilaciones, que la oposición está dispuesta a incorporar.
En la reforma fiscal, Ganancias sigue siendo una discusión abierta. El Gobierno propone cobrar con un mínimo no imponible más bajo, de 1,8 millón de pesos para solteros y $ 2,2 millón para casados. Los dialoguistas pidieron actualización trimestral, para no sumar contribuyentes en cada paritaria.
Como contrapropuesta, en la Casa Rosada plantearon retocar los mínimos por semestre, con una trampa: la próxima suba sería recién en enero, cuando miles de personas hayan quedado gravadas por haber mejorado sus ingresos en los próximos meses. A la oposición no le convence.
Los borradores con las devoluciones fueron enviados este domingo, casi de madrugada. En la oposición hay voluntad de aprobar en general los proyectos y corregir artículos que no agradan. El capítulo de Ganancias es uno, en el que también está el reclamo de las provincias patagónicas para ser reconocidas como zonas desfavorables.
Existe un reclamo al gobierno para favorecer a pequeños contribuyentes. El gobierno intentó cumplir con este sector mediante un régimen especial y no conformó.
Hay molestia porque la reforma de Bienes Personales (incluida en la reforma tributaria, con estabilidad fiscal hasta 2038). El borrador enviado este domingo mantiene esos plazos.
Otra queja es por el Registro de Inversiones, el Rigi, presente en la ley ómnibus. Los dialoguistas sostienen que beneficia sólo a empresas de altos ingresos. Tampoco aparece el impuesto a la Tabacalera Sarandí, que sigue exenta. Sería incorporado.
En los partidos provinciales, referenciados en Innovación Federal, exigen que el blanqueo sea coparticipable y preveían mirar con lupa la letra chica del borrador, hasta encontrar ese artículo. De lo contrario, lo plasmarán en una disidencia al dictamen o en despachos propios, una opción que Menem quiere descartar para evitar llegar al recinto sin una hoja de ruta clara, como le pasó en enero.
El riojano sigue con el plan de dictaminar esta semana los proyectos y tratarlos en la siguiente. Planea una sesión desde el lunes 29 al 1 de mayo. Antes necesita garantizar los votos. Este lunes recibió en su despacho a Karina Milei para pasarle un informe.
El borrador de la ley ómnibus tiene muchas de las correcciones pedidas por los dialoguistas. Otras solicitudes no fueron escuchadas, por lo que podrían caerse algunos artículos.
El principal conflicto sigue siendo sobre las jubilaciones, porque el Gobierno no acepta la propuesta de la oposición de usar parte de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para aumentar un 8,1% los haberes previsionales y así compensar la inflación de enero. Tampoco está dispuesto a financiar las cajas provinciales. En la oposición, no hay consenso para derogar la moratoria previsional sin reemplazarla por un sistema alternativo.
En la Casa Rosada también insisten con el artículo para desregular la economía, que se reescribió por tercera vez: ahora ya no es el 70 o 71, sino el 143. Esta vez, plantearon una delegación para hacer modificaciones legales ante monopolios artificiales y en temas de oferta pública. Siguen sin convencer a la oposición.
El borrador de la ley ómnibus no incorporó la intervención legislativa en el proceso de privatizaciones, como reclama la UCR. La propuesta rechazada por el Gobierno consiste en un informe de la SIGEN que se eleve a la bicameral sobre cada venta y que ambas Cámaras tuvieran 30 días para rechazar el proceso. Tampoco aparece un anexo separado con el Banco Nación, que el radicalismo no quiere vender, ni siquiera parcialmente.
El Gobierno sí concedió incorporar la lista de organismos que envió la UCR para excluirlos de una posible intervención, en el capítulo de emergencias. También aceptó el pedido de HCF para que, en caso de disolver los fideicomisos cuya asignación es coparticipable, el dinero vuelva a esa masa que se reparte entre las provincias. Sólo en el resto de los casos podría ser girado al Tesoro.
La UCR solicita una reforma laboral dentro de la ley ómnibus. Los funcionarios armaron un capítulo con las propuestas que había de HCF y el PRO, que serán revisadas en la tarde de este lunes. Hay tres puntos que HCF está dispuesto a negociar con los radicales: fondo de cese laboral, aumento del período de prueba (a seis u ocho meses) y reducción de las multas, que el Gobierno directamente quiere eliminar. La negociación está en curso.