Si consensuan un texto común para ir al recinto, estos bloques alcanzan el cuórum con creces. Los dictámenes de UP y UCR-HCF son parecidos, aunque los cálculos en el de peronismo resultan en un costo fiscal mayor. Ambos aceptan ajustar los haberes previsionales por la inflación, como regirá desde julio con la fórmula que decretó Milei, pero prevén además un aumento mayor para compensar el empalme y suman una cláusula para considerar la variación salarial. Los dos también contemplan retomar la asistencia a las cajas previsionales de las provincias, suspendida por Milei.
El debate se llevó a cabo en la comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR. La izquierda firmó un dictamen con el 82% móvil; y la Libertad Avanza suscribió otro con el contenido del reciente DNU. El PRO no adhirió a ninguno.
Los despachos no pueden llegar al recinto aún porque no fueron tratados en la comisión de Presupuesto. Para evitarlo, su presidente, José Luis Espert, la mantiene cerrada.
La fórmula de Javier Milei
En la oposición hubo consenso en que el aumento del 12,5% dispuesto en el DNU de Milei para compensar la inflación de enero es insuficiente, porque alcanzó 20.6. La UCR-HCF propone un aumento con el 8,1%, para igualar esa cifra. El dictamen de UP, que tuvo más firmas que el resto (13 firmas contra siete) es aún más generoso: propone un incremento inmediato del 30%, porque también toma en cuenta la suba de precios de diciembre.
“Si no partimos de una recomposición que tome en cuenta ese bimestre, consolidamos un nivel jubilatorio bajo, como hizo el DNU”, sostuvo Itaí Hagman, de UP.
El otro tema de coincidencia es mejorar el mínimo. UP propone llegar a un piso con los bonos otorgados en los últimos meses, que llevaría el haber inicial a 241 mil pesos. Mientras UCR y HCF solicitan que ninguna jubilación sea menor que la canasta básica de alimentos para adultos. Representa 250 mil.
Otro acuerdo es en sumar un ajuste por salarios a la fórmula, porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema que lo solicita. Para cumplirla, UP mezcla los dos índices. Mantiene el de Alberto Fernández, que se pagaba por trimestre y combinaba el incremento salarial con la recaudación de Anses. Y agrega pagos a cuenta cada mes según la inflación, como ocurriría desde julio si se aplica el índice decretado por Milei. De esta manera, si los salarios crecieran más que los precios, esa diferencia se compensaría en las jubilaciones.
Sin la firma de Vidal
La fusión UCR-HCF planteó sumar la cláusula salarial de otra manera. A la indexación de precios, el dictamen le incorpora un incremento anual, en marzo, que contempla el 30% de la variación de los aumentos salariales por sobre la inflación. Es el fragmento de un proyecto de María Eugenia Vidal, del PRO, quien asistió a la reunión, pero no habló ni firmó ningún dictamen.
La otra coincidencia entre la oposición mayoritaria fue en la asistencia a las 13 cajas previsionales, que el Gobierno suspendió a partir del DNU 280, firmado en semana santa. Según informó el titular de Anses, Mariano de los Heros, esa decisión se debió a que varias provincias habrían cobrado anticipos que no correspondían.
En la oposición no lo ven tan así. En su dictamen, UP restablece el pago a las cajas previsionales previsto por el Presupuesto 2023, que es el que fue derogado por Milei e incluye anticipos previos a las auditorías.
En UCR-HCF retomaron la propuesta de cancelar los stocks de deudas previsionales con las provincias echando mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Luego se seguirían pagando los flujos. El despacho propone, además, que ese dinero sea utilizado para cancelar 80 mil sentencias judiciales por jubilaciones.
Otra coincidencia opositora fue sobre la prohibición de pagar los haberes desdoblados, como ocurrió este mes. En los dictámenes se establece que las jubilaciones son “indivisibles”.
Estuvieron 20 años
Con los dictámenes sobre la mesa, empezó la negociación en el Congreso por juntar mayorías y definir cómo será la fórmula jubilatoria que empezará a regir desde el segundo semestre.
Rodrigo De Loredo, de la UCR, anunció que no habrá discriminación en la búsqueda de aliados, si se trata de garantizar un piso de haberes y mejorar la fórmula. “Estamos dispuestos a hacer esto con el que sea. No nos importa si es LLA, que habló de bajar Ganancias en campaña y ahora lo quiere subir, o quienes destruyeron el sistema”, sostuvo el cordobés.
Germán Martínez, el jefe de la bancada de UP, invitó al resto de la oposición a presionar a Espert para que convoque a la comisión de Presupuesto, el paso que falta para dictaminar.
“Tenemos que decirle que no se puede hacer lo que se le canta. Con 41 miembros (de la Comisión) no puede definir lo que hacen 257”, se molestó el santafesino. Otra manera de apurar al economista es con el artículo 109 del reglamento, que lo obliga a convocar a la comisión si así se lo piden. Nunca lo cumplió.
El dictamen del oficialismo fue presentado por el salteño Julio Moreno Ovalle, quien ni siquiera lo tenía escrito. Cuantificó el costo fiscal de las medidas que pide la oposición. "Un aumento del 10% aparte de lo que ya está propuesto, significa un 0.5% de déficit presupuestario. Estuvieron 20 años y no resolvieron nada", acusó, sin diferenciar.