El gobierno de Javier Milei tratará de demorar el tratamiento en el Congreso del decreto de necesidad y urgencia 70/23, conocido como "decretazo" porque reforma o deroga más de 300 leyes, a la espera de un fallo de la Corte Suprema que avale una parte de su contenido y le evite una derrota parlamentaria. Los fragmentos del DNU que no sean objetados por la Justicia seguirán vigentes hasta tanto no sean rechazados por ambas Cámaras del Congreso.
La estrategia dilatoria la diseñó el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, luego del fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que declaró inconstitucional el capítulo laboral del DNU. Para ejecutarla, el presidente de Diputados, Martín Menem, no oficializó la integración de los ocho miembros de la Cámara baja en la bicameral de trámite legislativo, encargada de iniciar el debate de los decretos presidenciales.
El pretexto del riojano para no completar el trámite es que Unión por la Patria propuso cuatro miembros, cuando, a su entender, le corresponden tres según las proporciones que tiene cada bloque en el recinto. La misma discusión sucedió con la integración de las comisiones y en ese caso, para solucionar el problema Menem borró a un integrante de UP. En el Senado, Victoria Villarruel actuó del mismo modo para nombrar a los integrantes de la bicameral de DNU, antes de fin de año.
La hoja de ruta del Gobierno cambió cuando a comienzos de año la Justicia suspendió la reforma laboral incluida en el DNU, por considerar que no se observaba la necesidad y urgencia declamada por la administración de Milei para omitir el trámite parlamentario. Es justamente lo que debe evaluar el Congreso. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones concedió un recurso del Gobierno para que la Corte resuelva el pleito.
En manos de los supremos
El Gobierno usó los plazos de la ley que regula el tratamiento de los DNU (26.122) para demorar todo lo posible el debate del decretazo. Lo envió diez días hábiles después de su publicación y dejó pasar el mismo tiempo estipulado para su tratamiento en la bicameral sin haberla conformado. Desde el viernes, pueden abrirse los recintos del Congreso pueden debatir si es válido o no.
Unión por la Patria comenzó este lunes a ejercer presión para tratar el DNU 70/23 con la presentación de un proyecto en Diputados para declarar su nulidad. Lo firmaron 13 integrantes de la bancada presidida por Germán Martínez, liderados por el chaqueño Juan Pedrini. Menem considera que hasta marzo no puede debatirse en el recinto porque no fue incluido en extraordinarias, pero el peronismo no cree lo mismo.
La oposición dialoguista, un espacio que integran la UCR , diferentes vertientes de fuerzas locales y resabios de Juntos por el Cambio (como la Coalición Cívica), quedó en una encerrona: sus referentes cuestionaron el decretazo como método, pero se resisten a compartir una sesión con el kirchnerismo para anularlo. Propusieron varias alternativas para evitar ese desenlace. El radicalismo, por caso, presentó proyectos de ley con el mismo contenido que el DNU con la promesa de aprobar la mayoría de los artículos. En la última semana sus referentes buscaron asesoramiento jurídico para debatirlo por tramos en la bicameral.
El Gobierno ignoró a la UCR porque espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el capítulo laboral antes de marzo para recién después habilitar el debate en el Congreso. Un opositor que tiene una silla en la comisión teme que tarde o temprano, UP consiga una mayoría para anular el decreto.
"Se equivocaron. Tendríamos que haber iniciado el tratamiento en comisión todo el verano. El día que una Cámara lo rechace, no habrá seguridad jurídica para aplicarlo", se alarmó el legislador. La Corte tiene la última palabra. Nadie sabe cuándo la usará.
