El total roza los u$s 15 millones. La Iglesia pide colaboración a las instituciones para cubrir los costos. Milei manda poco más de u$s 1 millón.
Para la visita del Papa León XIV, que estará durante ocho horas en el suelo de la ciudad de Córdoba el próximo martes 10 de noviembre, el gobierno de la provincia que administra Martín Llaryora erogará más de $9.300 millones, el equivalente a u$s 6.021.368.
Tal cifra acumula varios conceptos, algunos de los cuales responden a cálculos mensurables y ya públicos. Otros podrían diluirse en cuestiones difíciles de medir con precisión.
La gobernación ya giró $9.214 millones al Arzobispado de Córdoba, en concepto de ayuda no reintegrable. Lo hizo a través de una operación directa, aprobada ya por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, con mayoría del juecista Frente Cívico, y expuesta a los partidos de la oposición, oportunamente convocados a participar de los preparativos.
Según explican desde el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, a cargo de Miguel Siciliano, quien funge como coordinador del operativo, la transferencia responde a un pedido desde la conducción de la Iglesia.
La cifra, no obstante, no comprende el total de las erogaciones con que correrá el gobierno provincial. Entre otros aspectos se debe contemplar también la provisión de electricidad, que contempla iluminación LED en puntos estratégicos, por parte de la empresa estatal EPEC; la provisión de maquinarias y equipos para los trabajos de preparación del predio de FADEA; o la disposición de medios de transporte, de manera conjunta con la Municipalidad.
Párrafo aparte amerita el análisis de los costos que puede insumir la seguridad. Tal consideración parte del propio gobierno cordobés, que desde el mismo momento de la definición de la visita de León XIV aclaró que el gobierno nacional no aportará “un solo peso” para la seguridad del Papa en territorio cordobés.
Desde la Provincia mantienen tal afirmación, pero relativizan el impacto económico al mencionar que se emplearán efectivos disponibles en tales fechas. Tal decisión se compatibiliza con la resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de la provincia el pasado viernes, en la que se establece “con carácter excepcional y temporal”, que desde el día 8 hasta el 10 de noviembre, “no se autorizarán servicios de Policía Adicional para espectáculos públicos, eventos deportivos, recreativos, culturales, bailes, festivales y demás actividades organizadas en el espacio público”.
Desde la gobernación mediterránea destacan también que todas las adjudicaciones por los servicios requeridos para el operativo corren por cuenta de propia Iglesia. “Nosotros no contratamos ni licitamos nada”, refuerzan.
Además, piden pensar los cálculos bajo otro prisma. Según afirman, el costo final representará un tercio de lo que insumió la visita de Robert Prevost a Francia y un cuarto de lo que demandó su paso por España.
Por otra parte, emergen las expectativas por los ingresos que supone la movilización de cientos de miles de personas a la provincia, considerando la capital y su zona metropolitana. Como calculo mínimo, se espera un movimiento de un millón de personas por el evento. Algunos añaden un 20% más de movida.
Sin datos concretos resulta imposible hacer una proyección acertada. Como toda referencia, según información provista por la Agencia Córdoba Turismo, el reciente fin de semana largo de octubre tuvo un impacto económico superior a los $50 mil millones, con más de 287 mil turistas registrados en toda la provincia.
Las especulaciones transitan sobre un camino que el propio gobierno de Llaryora ha profundizado en su gestión: la intención de convertir a Córdoba en una ciudad de grandes eventos, punto extra a su desarrollo turístico.
Con todo, los aportes que realice la provincia no cubren siquiera la mitad de la previsión total para el acontecimiento. Tampoco se alcanzaría tal suma si se cuenta el aporte de la Nación, estimado en $2 mil millones (u$s 1.294.080) y destinado a los requerimientos físicos y técnicos para transmitir la misa central, que se realizará en el predio de FADEA.
Aunque en el Arzobispado prefieren no hablar de números, diversas fuentes consultadas estiman que el monto por todo concepto rondaría los $23 mil millones. Es decir, unos u$d 14.891.557.
Entre esos gastos destaca la organización propiamente dicha de los eventos que tendrán como protagonista al Papa. Dicha tarea insumiría unos 9 mil millones de pesos, que en su totalidad se asignarán a la empresa La Cúpula, una firma cordobesa con experiencia en organizaciones de gran dimensión, que se impuso en una selección convocada desde la curia.
La indagación sobre los modos en que ésta cubrirá las diferencias vuelve a toparse con el hermetismo. Aunque se menciona la existencia de donaciones provenientes de empresas privadas, también del sector público, no se han difundido nombres ni números. Sólo se remarca la condición de solidaridad de dichos aportes.
El operativo contará también con apoyo de diversas instituciones civiles. Destacan entre ellas los clubes, asociaciones y sindicatos. Desde éstos remarcan que nunca hubo un diálogo por aportes económicos. “Al contrario, nosotros nos ofrecimos. Ponemos a disposición lugares de alojamiento, colonias y quintas de recreo. También personal disponible para tareas diversas”, precisa una voz sindical.
Este diálogo contó con distintos interlocutores. Entre ellos Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y artífice de la visita papal. El último de los encuentros ocurrió hace sólo unos días, cuando el cardenal recibió a un nutrido grupo de gremios, con los que compartió miradas sobre la doctrina social de la Iglesia.
Tales intercambios reflejan también la existencia de una buena sintonía entre los colectivos de trabajadores y los portavoces de una Iglesia todavía impregnada por las consignas de Francisco.
Una de ellas se ceñía precisamente al ejercicio de austeridad. En sólo una semana la provincia de Córdoba podrá constatar su vigencia.
