“Entiendo que se aprueba. Con lo justo, pero se aprueba”. Y así fue. La escueta frase que envió temprano un legislador, vía Whatsapp, a Letra P marcó el tempo de la sesión de la Unicameral que aprobó la ley clave para el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Con votación nominal, el oficialismo aprobó con 35 adhesiones a favor; 34, en contra y la abstención del legislador radical Dante Rossi, la elevación de aportes del personal que depende del Estado provincial a la Caja de Jubilaciones y a Apross, la obra social provincial. El resultado final no estuvo exento de críticas de la oposición que reclamó por la nominalidad de la votación.
“Para qué tienen el sistema electrónico si después hacen votar a mano alzada”, lanzó una fuente opositora, quien dijo que la movida le permitió zafar a la vicegobernadora Myriam Prunotto de tener que desempatar y “hacerse cargo del costo político”. Durante su alocución, Rossi señaló que su abstención se haría efectiva si el oficialismo llegaba a 35 votos.
Así, tras mucho cabildeo y pasilleo, Hacemos Unidos por Córdoba cerró el año aprobando dos normativas centrales, ya que la semana pasada también abrochó la ley de seguridad.
Con todo, lo vivido en las tres sesiones de bajo la era de Llaryora dejaron una gragea de lo que será la gimnasia legislativa en 2024.
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“Será ley por ley. Salvo que la oposición acuerde un mínimo de gobernabilidad”, lanzan a este portal desde el oficialismo. “No vamos a permitir que le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Lo de ayer fue una muestra de eso”, replican desde todo el arco opositor. Déjà vu de lo que está por venir.
Ley y paro
El Partido Cordobés se jugó una carta brava. Afuera del recinto, la dirigencia del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) coparon los pasillos del edificio para reclamar por “un proyecto que perjudica al empleado estatal”. Ante la aprobación, convocaron para el jueves a un paro y movilización por entender que no se respetó lo firmado la semana pasada, cuando en fallida sesión se consensuó no tocar los aportes.
Adentro, en los despachos, la temperatura no era menor. El tratamiento sobre tablas y sin despacho de comisión no sorprendió a casi nadie. No obstante, las críticas volvieron a hacerse notar. “Qué necesidad hay de aprobar esto entre gallos y medianoche. Tiempo hay”, lanzaron desde la oposición, poniendo en foco en los números. “Salvo que el exgobernador Juan Schiaretti no haya dejado las cuentas tan claras como dijo”, torearon desde uno de los bloques mayoritarios.
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El texto prevé la suba de los aportes del 2% para la Caja de Jubilaciones y un aumento del 1% en los aportes destinados al Apross, la obra social del personal público. Además, también autoriza al directorio de la obra social a establecer un aporte solidario regular y constituir un fondo complementario destinado a cubrir enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
Rosca de pasillo
El caminito estuvo lejos de ser un lecho de rosas. Durante toda la mañana, el presiente del bloque Miguel Siciliano y el presidente provisorio Facundo Torres Lima, ambas espadas llaryoristas, extremaron las habilidades a los fines de llegar al quórum.
Sobre el cierre de la sesión, Torres Lima se tiró sobre la granada al señalar que, con la altura de un estadista, “Llaryora tomó esta decisión dolorosa” para encausar económicamente a Córdoba dentro de la actual situación. Antes se tomó el tiempo para ponerle color de fin de año a la sesión al agradecer 60 pan dulces elaborados por los reclusos de la cárcel de Bouwer que recibieron los legisladores y legisladoras.
Lejos de ese clima, la oposición siguió por el camino de las críticas. “Es meterle la mano en el bolsillo a los laburantes. Y lo vamos a votar en contra. Quieren llevarse por delante todo, como intentaron hacer la semana pasada y como ocurrió con el Tribunal de Cuentas”, alzó la voz un encumbrado legislador opositor. “Si no hay plata, que se fijen en la cantidad de agencias y ministerios que hay”, chicanearon.
La resistencia de los gremios públicos, que se puso en escena con la presencia dentro y fuera del recinto al igual que la semana pasada, mostró una de las patas flojas de la mesa de Llaryora: la falta de un interlocutor de peso con el gremialismo cordobés. Pese a contar con un par de legisladores de extracción sindical, el puente con el movimiento obrero no tiene el apuntalamiento que tuvieron Schiaretti y José Manuel de la Sota.
“Si esta ley sale, van a tener cordobeses y los sindicatos en la calle”, apuró Walter Gispert, legislador del Frente Cívico, el partido de Luis Juez. Así será.
Propios y no tanto
De movida, todas las miradas apuntaban a los monobloques pasibles de colgarse el cartel de aliados. Circunstanciales o no. La exopositora Karina Bruno, allegada al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el libertario Agustín Spacessi y Federico Alesandri, excandidato a gobernador de Unión por la Patria, fueron los enfocados. En los dos primeros casos, el oficialismo logró mantenerlos en el cauce.
Distinto fue el caso de Alesandri. Contra los pronósticos iniciales, el representante referenciado con el PJ nacional votó de manera negativa. Y lo hizo con fuertes argumentos contra Llaryora al señalar que “a 17 días de gestión, no es un voto vanguardista recortar los salarios de los trabajadores”. “Hay que tender puentes y no cavar trincheras, como dijo De la Sota”. Dardo al corazón de Hacemos Unidos por Córdoba.
Con todo, Torres Lima aplacó las críticas bajando la espuma: “Espero que con el tiempo, se destaque el Disney de la gestión de Martín Llaryora”, cerró Torres Lima antes de dar paso a la votación final.
Lejos estuvo de ser el cierre de la sesión, ya que luego de un acalorado cuarto intermedio, volvieron a sus bancas y se cobraron algunas “facturas pendientes”.
Casi como una cena de fin de año en familia.