Por peso propio, el comercio y los servicios siguen siendo el principal sostén del empleo privado en Córdoba. Según un estudio económico elaborado por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), el sector reúne 254.456 trabajadores registrados, lo que equivale al 45,9% del empleo privado provincial, y concentra 33.786 empresas, el 58,1% del total provincial.
Detrás de ese volumen aparecen señales de agotamiento. En la previa del debate de la reforma laboral de Javier Milei en el Congreso, el informe advierte que, si bien la provincia creció en la última década por encima de la media nacional, lo hizo a un ritmo inferior al de sus principales vecinos de la Región Centro y con una pérdida de empresas más profunda que el promedio del país. El resultado es un sector que sigue generando empleo, pero con mayor cautela y menor capacidad de expansión.
Entre 2014 y 2023, el Valor Agregado Bruto (VAB) del comercio y los servicios creció en Córdoba un 5,7%, superando la media nacional del 4,7%. Sin embargo, ese desempeño quedó por debajo del registrado por Santa Fe (8,5%), Entre Ríos (11,8%) y también por detrás de Buenos Aires (8,1%).
El VAB mide el valor que cada sector agrega al proceso productivo y es la base para calcular el PBG. En ese sentido, el dato que arroja el estudio encargado por la Cámara revela que el comercio cordobés continúa expandiéndose, pero pierde dinamismo relativo frente a otras economías comparables.
La evolución del empleo confirma esa tendencia. Entre 2014 y 2024, el empleo privado registrado en comercio y servicios creció en Córdoba 5,7%, por debajo de la media nacional (6,2%), aunque con mejor desempeño que Santa Fe (3,9%), Entre Ríos (3,1%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,4%). El sector sigue siendo el principal empleador privado, pero ya no tracciona al ritmo de años anteriores.
Uno de los datos que más preocupa al sector es la caída en la cantidad de empresas. Mientras que a nivel nacional el número de firmas de comercio y servicios se redujo 1,9% entre 2014 y 2023, en Córdoba la baja fue del 5,8%, una caída más profunda que la de Buenos Aires (-0,6%) y Ciudad de Buenos Aires (-3,6%), y solo levemente menor que la de Santa Fe (-6,5%) y Mendoza (-7,1%).
La combinación de más empleo con menos empresas sugiere un proceso de concentración y una mayor dificultad para sostener o crear nuevas unidades productivas, especialmente entre los comercios pequeños y medianos.
A ese escenario estructural se suman las dificultades del presente. El mismo estudio refleja expectativas y necesidades del sector, a partir de 417 respuestas de empresas comerciales y de servicios de Córdoba capital. Identifica una “triple amenaza” que condiciona la actividad: caída del consumo, aumento de costos e incertidumbre macroeconómica.
El 57% de los comercios señala a la carga impositiva como una de sus principales dificultades, en el mismo nivel que la caída del consumo y la baja de ventas. En tercer lugar, aparece la competencia desleal y la informalidad (32%).
Las expectativas hacia adelante reflejan cautela. Solo el 38% cree que las ventas mejorarán en el corto plazo, mientras que el 37% espera que se mantengan sin cambios. Esa prudencia se traduce en decisiones concretas: aunque el 42% planea invertir en capital, solo el 28% tiene previsto contratar nuevos empleados. El reclamo más contundente es la reducción de impuestos: siete de cada diez empresarios la consideran la medida más urgente.
En ese contexto, la Cámara de Comercio de Córdoba observa con atención el debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. En la entidad respaldan la necesidad de una modernización normativa, pero plantean correcciones puntuales sobre artículos que, según sostienen, hoy generan costos e incertidumbre que desalientan la creación de empleo.
“Es importante que salga la reforma laboral, todos los comercios y servicios necesitan modernización laboral, porque hace tiempo que no hay generación de puestos de trabajo y hay cada vez menos empresas”, sostiene Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba.
Con ese objetivo, la entidad encargó un análisis técnico al economista Gastón Utrera, enfocado no en el impacto macro de la reforma, sino en los “problemas reales” que enfrentan las empresas. “Un relevamiento de los problemas reales de los comercios, sin tocar derechos ni cuestiones que no se puedan solucionar, pero sí las incertidumbres y costos a futuro que te desalientan la generación de trabajo”, explica Parra.
La entidad comercial identificó tres artículos de la Ley de Modernización Laboral sobre los que requieren modificaciones.
El primero es el artículo 212, vinculado a trabajadores próximos a jubilarse. “Hoy una persona que está a punto de jubilarse puede hacer una demanda por incapacidad y, por jurisprudencia, el empleador termina pagando una indemnización completa, aun cuando el trabajador está a meses de retirarse”, señala Parra. La propuesta es dejar sin efecto esas indemnizaciones durante los 12 meses previos al cumplimiento de los requisitos jubilatorios, para evitar lo que consideran un incentivo distorsivo.
El segundo punto es el artículo 103, referido a premios y comisiones por productividad. Según Parra, la interpretación judicial de la “habitualidad” genera una distorsión que encarece las indemnizaciones: “Pagás un premio por ventas una o dos veces al año y después terminás pagando el doble de indemnización. Eso te desalienta a tener más vendedores y a premiar el desempeño”. La propuesta busca aclarar que la reiteración de un incentivo condicionado a resultados no lo convierte automáticamente en salario habitual.
El tercer eje apunta a la incorporación del artículo 210 bis “para corregir el vacío legal que existe en caso de discrepancia entre certificado médico aportado por trabajador por enfermedades inculpables y diagnóstico efectuado por 'facultativo designado por el empleador', lo que da lugar a licencias por enfermedad, especialmente en caso de licencias psiquiátricas, que pueden extenderse más de lo razonable”. Para solucionarlo, desde la Cámara proponen crear una Junta Médica Funcional con objeto exclusivo de evaluar la aptitud funcional para la prestación de tareas, la necesidad de reposo laboral y la razonabilidad del plazo de la licencia, sin requerir ni evaluar el diagnóstico clínico detallado ni la historia clínica del trabajador.
Las propuestas ya fueron presentadas a los senadores nacionales por Córdoba. “Nos reunimos con Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo. Todos coincidieron en que las observaciones eran válidas y se comprometieron a acompañar las correcciones”, relata Parra. Aunque el dictamen actual no contempla esos cambios, la Cámara sigue trabajando para que sean incorporados durante el tratamiento legislativo.
Por último, la Cámara de Comercio reclamó mayor previsibilidad en el debate de la reforma tributaria. “Pedimos que los proyectos impositivos sean enviados con mayor anticipación, para permitir un análisis técnico profundo y evitar nuevas distorsiones sobre un sector que sigue sosteniendo el empleo, pero con márgenes cada vez más ajustados”, culminó Parra.
