Avanza el proyecto que cercena el derecho a huelga mientras retrocede el salario. Sin ajuste no hay paro, dicen los números. La era de la ignorancia.
La aprobación en la Cámara de Dipútados del proyecto que restringe el derecho a huelga para el sector docentes.
Uno de los referentes en estadística educativa, Alejandro Morduchowicz, señaló recientemente en la red social X que, si los docentes hubieran aceptado las ofertas salariales que les hicieron los gobiernos en los últimos años, habrían perdido el 60 % de sus ingresos.
Según el último acuerdo paritario cerrado en la provincia de Buenos Aires, un docente de nivel primario cobra 500.054 pesos. Esto, por un trabajo de cuatro horas al que hay que sumar la preparación de clases, la corrección, reuniones con padres, asistencia a capacitaciones o supervisión en los servicios con asistencia alimentaria dentro de la escuela. Además, estos números corresponden a los acuerdos alcanzados por el gobierno y los gremios en la jurisdicción bonaerense, donde el gobernador Axel Kicillof viene cerrando paritarias sin conflictos desde 2019 a partir del criterio invariable de ofrecer subas atadas a los índices de la inflación, como se desprende del siguiente cuadro:
Ahora, la comparación de estos datos con la canasta básica. Según el INDEC, una persona necesita un ingreso de 350.000 pesos para no ser considerada pobre. Una familia tipo requirió, según la misma fuente, 873.000 pesos para sostener a cuatro personas. La pregunta que corresponde formular, entonces, es qué grado de importancia tiene para la sociedad la educación de sus hijos.
En los países desarrollados que generalmente aparecen en los podios de las evaluaciones de calidad, el promedio de ingresos es de más de 1.500 dólares. En Singapur, una pequeña isla del sudoeste asiático recientemente ubicada como la nueva estrella educativa, un docente recibe, desde el inicio de su carrera, un ingreso de 800 dólares. Sube a 1.500 cuando toma su primer curso y puede llegar a los 3.000 dólares cuando va acumulando experiencia y calificaciones. En Finlandia, el salario llega a los 3.123 dólares en el nivel primario y a 3.850 en el secundario. Mejor evitar más ejemplos para que quien esté leyendo, en el caso de ser docente, no tenga un brote.
A los efectos de enfrentar esta pérdida de ingresos, los docentes recurren a sus gremios. Las herramientas en esta lucha han sido históricamente las movilizaciones, las carpas en lugares de gran visibilidad (la Carpa Blanca montada en el Congreso durante el menemismo duró 1.003 días) o finalmente los paros. Según el informe realizado por el sitio de fact checking chequeado.com, el gobierno bonaerense de Daniel Scioli tuvo la mayor cantidad de días de paro de los últimos años, con 20 jornadas en 2014, seguido por el que lideró María Eugenia Vidal, con 17 en 2017.
En todos estos casos, los paros terminaron cuando los respectivos gobiernos ofrecieron pautas salariales acordes a la inflación de ese año. Es decir, los gremios siempre piden al menos no perder ingresos.
Ahora bien, la novedad más reciente en materia educativa es la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de la declaración de esencialidad educativa. El argumento de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, como así también radicales que se han olvidado de la tradición reformista en defensa de la educación pública, es el de reducir la pérdida de días de clase por paros.
Habría que recordarles que la pérdida de días de clase no tiene origen en esas medidas de fuerza. En principio, porque, como lo demuestran los gráficos anteriores y la actual experiencia llevada adelante por el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, si las ofertas no perjudican los ingresos de los trabajadores de la educación, no hay paros.
En segundo lugar, la primera fuente de esta falta de continuidad educativa está en las ausencias docentes motivadas por un uso abusivo del estatuto y las redes de corrupción existentes en el otorgamiento de las licencias médicas sin causas fundadas: lo prueban más de cinco mil sumarios administrativos tramitándose en el área jurídica de la Dirección General de Cultura y Educación.
Esto no sucede sólo en suelo bonaerense. Como señaló el gobernador Maximiliano Pullaro, en Santa Fe las inasistencias superan el 25% y hubo que reemplazar más del 30% de la planta, con una erogación de "más de 18.000 días para cuidar a la suegra o al sobrino”.
A este uso impropio de las normas que amparan los derechos laborales, se le suma ahora que también hay una fuerte inasistencia de los alumnos. Como lo prueba una de los últimos informes de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo de la provincia de Buenos Aires, cerca del 50% de la matrícula falta en promedio más de 25 días al año. ¿Cómo alcanzar una continuidad pedagógica mínimamente eficiente con estas ausencias? Habrá que imaginar nuevas herramientas para solucionar este problema, pero el camino no es castigar a quienes trabajan. ¿No se podrían municipalizar los regímenes de control de asistencia?
Del otro lado del espectro ideológico, el gobierno nacional, en el único ámbito de competencia directa que tiene sobre la educación, somete a los trabajadores universitarios a un ajuste brutal. Como lo indican los gremios del sector, la pérdida de ingresos llegaba, al cierre de esta nota, al 35%. A eso se suma el desfinanciamiento del sistema científico (Conicet y otros organismos), como al funcionamiento básico de las casas de estudio para el pago de servicios (gas o luz) o el simple mantenimiento de talleres y laboratorios.
Quien puso las cuestiones en claro a partir de su honestidad y su ignorancia fue la diputada Lilia Lemoine, quien manifestó: “No podemos tener educación universitaria si los niños que salen del primario y los jóvenes del secundario no saben leer ni escribir”. Es decir, si hasta hace pocos meses las universidades y las escuelas eran centros de adoctrinamiento, ahora, lisa y llanamente no sirven para nada.
Habría que recordarles a Lemoine y a Milei que ellos mismos son productos de ese sistema que hoy denostan. En el caso del Presidente, cuyos estudios primarios y secundarios se desarrollaron en el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, una institución privada que recibe subsidios estatales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el resto del 60% de las escuelas de ese distrito.
Además, refrescando sus memorias, el gobierno que representan agregó a estos subsidios públicos el financiamiento de las matrículas escolares del sector privado vía los denominados vouchers educativos. ¿Acaso quienes asisten a esas escuelas subvencionadas por el Estado no saben leer o escribir? Nunca hubo mayor transferencia de quienes menos tienen a quienes más tienen como en este gobierno libertario.
¿Qué pasará entonces si es sancionada la ley de esencialidad educativa? Nada en lo que respecta a la calidad educativa, porque, como lo demuestran las experiencias exitosas en los países desarrollados, la calidad educativa está atada a la mejora de los ingresos de las familias, a la de los trabajadores de la educación y a la inversión en tecnología e infraestructura escolar. Nada más lejos de lo que piensan Lilia Lemoine y Javier Milei.