Tras 100 días de motosierra en el área educativa, el Gobierno hace control de daños. Apunta al territorio bonaerense, que reúne el 40% de la matrícula nacional.
Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello.
El anuncio por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del lanzamiento del programa “ Vouchers educativos” confirma dos cosas. Por un lado, que el presidente Javier Milei cumple con sus promesas de campaña; especialmente aquellas que reflejan su ideario minarquista. Por otro lado, que el gobierno libertario siente que ya es hora de hacer control de daños.
Después de 100 días de licuadora y motosierra en el ámbito educativo no hay más que pérdidas. Réplica del presupuesto 2023, funcionarios sentados arriba de las partidas que no se ejecutan, congelamiento de salarios, caída del FONID, destierro de la paritaria nacional, desfinanciamiento de programas exitosos como Canal Encuentro o Pakapaka, desinversión tecnológica, vaciamiento de las universidades públicas. Es difícil encontrar un área del gobierno nacional que no sea un páramo, pero la educación es quizá uno de los ámbitos donde esto más se nota.
De hecho, el secretario del área, Carlos Torrendell, no fue quien anunció la iniciativa. Por el contrario, las reuniones que ha mantenido con los ministros de Educación provinciales no han dado para mucho. Como lo consignó en su momento el director general de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, el proyecto de La Libertad Avanza, es claramente un “proyecto privatizador de la educación pública”. Muy lejos de la tradición sarmientina, aquella que hablaba de la educación común, universal, para todos, garante de la construcción de ciudadanías nacionales. Todo muy lejos de la mirada preconstitucional de Milei, anterior incluso a la ley de Educación Nacional 1420, sancionada a finales del siglo XIX. Más lejos todavía de la sancionada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Por supuesto, la iniciativa tiene también un tinte electoral. Basta mirar las prescripciones del programa que apunta a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, pero con subvención estatal, cuyos responsables no pueden tener ingresos que superen los siete salarios mínimos (es decir, cerca de 1.450.000 pesos), y en los que el subsidio representa un aporte del 50% del costo de la matrícula de sus hijos.
Enmascarada bajo la consigna de financiar la demanda (recubierto de la mística libertaria e individualista), el objetivo del Gobierno es paliar los efectos destructivos del programa económico que elevó las cuotas escolares al cielo, sumadas a la suba de los costos del transporte, de vestimenta, de calzado o de útiles escolares.
Sin embargo, claramente no se trata de un programa educativo. Milei trata con este programa que la huida del sistema educativo privado al público no se convierta en una “estatización del sistema”, como ya lo advirtió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en declaraciones recientes, y resienta los ánimos de su electorado.
Lo que Milei no entiende, y probablemente menos la ministra Pettovello, es que el sistema educativo es eso: un sistema. Complejo, con una larga historia de articulación pública y privada.
Deberíamos recordar que los aportes estatales al sector privado no son nuevos. Como lo mencionó recientemente el investigador y especialista en estadística educativa Alejandro Morduchowicz, estos fueron implementados por primera vez, vaya paradoja, por el presidente Juan Domingo Perón en 1947, en especial, para apoyar la educación confesional, de larga historia en la argentina. Sin embargo, al mismo tiempo que Perón impulsaba esta medida, en 1949 convertía en gratuitos los estudios universitarios. Claramente, el general pensaba en que la clave del desarrollo estaba en la formación de una clase obrera instruida, modernizada, que acompañara el proceso de industrialización del país inspirado en la tradición keynesiana, para el cual se necesitaban técnicos, ingenieros, agrónomos, físicos.
Muy lejos de esto, Milei sólo piensa en el corto plazo. El muy corto plazo, se diría, no más lejos de las elecciones de medio término de 2025. En especial, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el 40% de la matrícula educativa nacional y las escuelas con subsidios representan cerca de un tercio de la oferta educativa. Así, la subvención de los vouchers no es más que otro plan de transferencias similar a la Asignación Universal por Hijo, solo que dirigida a los asalariados con trabajo registrado, es decir, el target que Santiago Caputo y sus trolls deben tener estudiado al milímetro como foco de la próxima campaña electoral. Por supuesto, nadie escuchará ninguna campaña de demonización del sector subvencionado, como suele ocurrir con otros planes sociales.
Así, finalmente, lejos de pensar la escuela como un ámbito de libertad e instrucción, de capacitación profesional, de construcción de ciudadanía, de innovaciones y vocaciones, de espíritu crítico y de transmisión cultural, los libertarios ven a la educación como un mercado. Un mercado electoral.