La cámara baja aprobó la esencialidad educativa. La propuesta fue impulsada por el PRO y contó con 135 votos afirmativos y 95 negativos.
Martín Menem, durante la aprobación de la esencialidad educativa promovida por Javier Milei.
Diputados aprobó este jueves un proyecto que declara "servicio estratégico esencial" a la educación y limita los paros docentes, que podrían realizarse sólo con un porcentaje de las aulas abiertas. La iniciativa contó con el respaldo de LLA, el PRO, de la mayoría de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal (EF) y de los partidos provinciales.
Se trata de una propuesta legislativa impulsada por Alejandro Finocchiaro (PRO) y Carla Carrizo (UCR) y fue patrocinada por Javier Milei, a través de Martín Menem. Como había anticipado Letra P, luego de ser dictaminado, el riojano se propuso que el proyecto fuera aprobado después del receso invernal y finalmente lo logró con 135 votos a favor y 95 en contra.
La sorpresa fueron dos votos positivos de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek. El resto de UP votó en contra, junto a la izquierda. En el radicalismo hubo cuatro rechazos (Facundo Manes, Marcela Coli, Pablo Juliano y Roxana Reyes). Se abstuvieron Fernando Carbajal (UCR) y Mónica Frade (CC). También pulsaron el botón rojo por EF Mónica Fein y Esteban Paulón (socialistas) y Natalia de la Sota.
El oficialismo tratará de asegurar la aprobación en el Senado, donde los números son justos: si no logra sumar aliados peronistas, no podrá resignar más de dos votos dialoguistas. Un dato preocupante fue la resistencia del bloque de Santa Cruz, que hizo sentir el peso de sus sindicatos docentes: sólo apoyó la restricción de huelgas José Garrido, cercano al gobernador Claudio Vidal, quien no digita los votos de sus representantes en la cámara alta.
El proyecto aprobado en la cámara baja no impide el derecho a huelga en los colegios de todo el país, pero le marca límites. Si la medida de fuerza durase hasta dos días, continuos o discontinuos, deberá permanecer activo el 30% del personal directivo, docente y no docente. A partir de tres días de paro, la obligación alcanzará a la mitad de la plantilla de los colegios. De lo contrario, se considerará faltas injustificadas, causales de sumarios. Es un sistema que ya se aplica en los hospitales.
La iniciativa abarca a todos los niveles de educación obligatoria y contempla que los establecimientos deberán garantizar el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clases. "Hay una coalición entre dos derechos: el derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga", sostuvo Finocchiaro.
El exministro de Educación recordó que los derechos sindicales son nacionales y, por lo tanto, los estatutos docentes de cada provincia deberán adecuarse a este proyecto. La radical Carrizo destacó que en el mundo se garantizan la escuelas abiertas, inclusive en países como Alemania, donde los gremios son fuertes y obligan a cerrar los shopping los domingos.
"La OIT tiene que aprender que cuando hay un conflicto entre grandes y niños, ganan los niños, porque no se pueden sentar en la mesa a defenderse a sí mismos. Esto es con las vacunas y con las escuelas. Es un cambio de enfoque estamos haciendo", sostuvo la diputada de la UCR.
María Eugenia Vidal, del PRO, reivindicó su pelea contra los gremios docentes cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que "si no hay clases, por más que haya buenos salarios, no hay aprendizaje". Y agregó: "No es verdad que esta sea una ley contra los docentes. En todo caso será contra de los sindicatos que quieren extorsionar".
José Luis Espert, de La Liberad Avanza, pidió que docentes, personal médico y policial "sean los empleados públicos mejor pagos en las provincias" para evitar las huelgas. "Con esta ley, los maestros deberán pedirle a los gobernadores que no dilapiden recursos", apuntó.
El oficialista Santiago Santurio destacó que el proyecto “tiene una función pedagógica” y luego le habló al peronismo: “Argentina retrocedió en alfabetismo, mientras todos los países de la región mejoraron. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto. Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿Quién lo es?”.
El diputado Hugo Yasky lideró la oposición al proyecto, en su doble condición de legislador y sindicalista docente. Acusó a Milei de buscar un país de "riqueza concentrada" y pidió "sacarse la careta". "Los chicos que hoy tienen hambre, lo tienen por las políticas de este Gobierno", lanzó y definió al Presidente como "una gatita mimosa de (los empresarios) Paolo Rocca, de (Marcos) Galperín y de toda esa burguesía que quiere hundir el pueblo en la miseria".
El socialista Paulón pidió declarar a la educación como "derecho esencial" y no como un servicio para que después se asignen las partidas correspondientes. "Estamos cansados de la hipocresía de hablar de la importancia de la educación y después nuestros estados la desfinancian", dijo.
Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz y aliado del actual mandatario, consideró demagógico comparar esta el sistema argentino con el alemán. "¿A ustedes le parece que un docente puede ganar entre cuatro o cinco veces menos que quien conduce un camión? ¿Qué un minero? ¿Qué un petrolero?", se preguntó.
Mónica Schlotthauer, del Frente de Izquierda, responsabilizó por la falta de clases a los problemas de infraestructura, un planteo que también realizó Itaí Hagman, de UP. "Deberíamos meter presos a dos diputados: Vidal y Finocchiaro. Ellos son los responsables políticos en la provincia de Buenos Aires de las escuelas bombas. No hicieron ni un sólo jardín y además mataron a dos compañeros por no haber invertido", acusó.