El Gobierno necesita garantizar los votos para la sanción. El 25 y el 26 expondrán ambientalistas y sectores mineros. La oposición, en guardia.
José Peluc y Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza confirmó este miércoles que la reforma de la ley de glaciares, un proyecto enviado por Javier Milei y aprobado la semana pasada en el Senado, no tiene aún los acuerdos necesarios para convertirse en ley. Como anticipó Letra P, el Gobierno aceptó realizar audiencias públicas, que serán el 25 y el 26 de marzo.
Recién la semana siguiente, el Gobierno buscará dictaminar y no llegará al recinto hasta comienzos de abril. La demora se debe a que no están los votos necesarios para la sanción. Para no arriesgar, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, el oficialismo aceptó el pedido de la oposición para realizar audiencias no vinculantes, mecanismo dispuesto en la ley de ambiente que había sido ignorado en el Senado.
El diputado Nicolás Mayoraz logró contener un pedido de la oposición para que la audiencia se repitiera en distintos puntos del país y el tratamiento del proyecto se demorara por tiempo indefinido. A cambio, agregó un día a su plan original y, así, habrá doble jornada de expositores: la primera con invitados y la segunda con expositores que hablen por Zoom. "Es más federal de esta manera: puede hablar desde cualquier localidad", fue la salida elegante del santafesino.
Sabrina Selva, de Unión por la Patria, intentó sin éxito hacer jornadas en las provincias. Mayoraz lo evitó a tiempo. Germán Martínez recordó el antecedente de la ley de medios, en 2009; y de la reforma del Código Civil en 2012 y 2013, que tuvo audiencias en casi todas las ciudades grandes del país.
Finalmente, el oficialismo logró consensuar que las reuniones sean en el Congreso. Según el cronograma acordado por todos los bloques, las audiencias serán entre las 10 y las 19 con "flexibilidad para extender el horario". También deberá garantizarse "el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria".
La reunión será en la sala A del Anexo C, por ser el salón con más capacidad. Cada expositor podrá hablar cinco minutos. Los expositores deberán traer sus argumentos por escrito para que sean incorporadas a una versión taquigráfica. También será posible presentar la ponencia en papel, sin hablar ante los micrófonos.
Las audiencias tendrán una publicidad y difusión en los medios y habrá un plazo de inscripción de 24 horas para inscribirse, antes de la audiencia. Alcanzará con enviar un mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16.
Las audiencias también tendrán un itinerario definido. Comenzarán con cuatro diputados por cada comisión y se llevará una versión taquigráfica y un acta de lo que suceda, con la transmisión en vivo de la señal de la cámara baja. El acuerdo incluye la posibilidad de acotar el tiempo de exposición para ampliar la lista de oradores.
“Con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan 5 minutos para exponer, mínimo deben ser 10 minutos. Si se quiere realmente garantizar la participación, no importa si son 6 días que dure la audiencia, pero se tiene que garantizar con la mayor participación”, sostuvo la jujeña María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, el bloque pidió la audiencia pública, junto a la Coalición Cívica.
Ferraro sostuvo que “durante el debate en el Senado, el contenido se escondió bajo siete llaves” y se refirió a la asamblea extraordinaria del COFEMA, que no tuvo una opinión favorable de la reforma. “No sólo el espíritu federal tiene que ver con la participación de las comunidades; tiene que garantizarse la participación federal de todas las jurisdicciones", exigió el diputado.
El proyecto modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como "regulador de recursos hídricos". Con este cambio, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, una exigencia de los gobernadores mineros.
Se trata de un cambio que podría derivar en planteos judiciales de organizaciones ambientalistas, que consideran que está reforma erosiona los cursos de agua. Para llegar a una mayoría, en el Senado Bullrich le hizo cambios al proyecto de Javier Milei.
Se habilitó a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realice estudios técnicos-científicos, en caso de que un glaciar no cumpla sus funciones previstas. Las provincias deberán notificar a este organismo. Aun con esas concesiones, en el Senado el proyecto fue aprobado con 40 votos, sólo tres más que la mayoría. En Diputados, los números están justos. Por eso la sesión está lejana.