La mirada diaria de Letra P sobre un acontecimiento histórico para la provincia que, tras 63 años, tendrá una nueva Constitución.
La jornada inaugural de la Convención que encara la reforma constitucional de Santa Fe estuvo atravesada por una extensísima negociación entre las distintas fuerzas políticas por el reglamento y la conformación de las comisiones, que incluyó dos cuartos intermedios, y un acuerdo que se cristalizó en el último llamado a sesión, cerca de las 20:30.
La jornada arrancó con un cisne negro: Alejandra “Locomotora” Oliveras sufrió un ACV isquémico y debió ser internada en el Hospital Cullen. Esa situación, dramática en lo humano, inevitablemente tuvo un correlato político.
Fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien instruyó a los suyos a frenar el arranque de la Convención, mientras monitoreaba el estado de salud de la boxeadora vía el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien fue durante largos años el director de ese nosocomio.
No fue, claro, la única razón de la demora en el inicio de la primera sesión reformadora. Las negociaciones entre los distintos bloques, centralmente por el texto del reglamento y la conformación de las comisiones, estaban lejos de llegar a buen puerto.
Por eso es que luego de la jura, al mediodía, se resolvió hacer un cuarto intermedio hasta las 15 para proseguir con las tratativas. Antes hubo tiempo para el discurso de Pullaro, quien además protagonizó un cruce de chicanas con la convencional del Movimiento Evita, Lucila de Ponti, sobre las adscripciones políticas de Alberto Fernández y Fernando de la Rúa. El gobernador también intentó una corrección al paso a Juan Monteverde sobre el porcentaje de votos que obtuvo Unidos en la elección provincial de reformadores.
Vencido el plazo del cuarto intermedio, los convencionales volvieron a sus bancas con una certeza: se necesitaba más tiempo para negociar. Allí fue que el bloque mayoritario, encabezado por el ministro Fabián Bastía, mocionó que se abriera otro impasse hasta las 20. Se aprobó, con algún debate menor.
En ese momento, los puntos de discusión eran claros. Por un lado, el tironeo por el reglamento de la Convención en relación a las mayorías necesarias para aprobar las reformas (el oficialismo pretendía que fuera por mayoría simple, las bancadas opositoras impulsaban mayores exigencias) y al doble voto del presidente en caso de empate (Unidos proponía que esa facultad fuera a secas, los otros bloques intentaban que hubiese aunque más no sea un escalón intermedio, como un nuevo paso por una comisión).
Por otra parte, la cinchada se libraba por la conformación de las comisiones. El criterio general fue que se respetara la proporcionalidad de la representación política en el recinto. La aplicación de esos parámetros encontró dificultades en los márgenes. Dicho de otro modo: la pelea era por quién se quedaba con el último integrante a definir y quién eventualmente cedía ese lugar. Además de eso, la elección de las autoridades de cada comisión.
A ese embrollo se le sumó la inesperada coyuntura de “Locomotora” Oliveras. El secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, concurrió a la Legislatura y propuso que en el reglamento de la Convención se incluya la posibilidad de un reemplazo temporal, respetando la fuerza política y el género.
A la tensión propia de las tratativas se le sumaban estruendosas intervenciones de Amalia Granata y lamentos oficialistas por la destreza legislativa del jefe bloque de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Una figura relevante de Unidos sintetizó el último aspecto: “Nos está manejando la comisión”.
Reiniciada la sesión, un sonriente -y "acelerado", según sus propias palabras- Felipe Michlig, presidente de la Convención, anunció: "Llegamos a buen puerto".
Se refería a que, tras una jornada interminable y por momentos accidentada, se había alcanzado un acuerdo general para votar por unanimidad en general y disidencias en particular el reglamento de la Convención, la extensión del plazo para la reforma a 60 días, el plan de Labor Parlamentaria y el presupuesto.
También se alcanzó el consenso para la conformación de las siete comisiones en las que se cocinará el proceso: Justicia, Derechos y garantías, Funcionamiento del Estado; Autonomía Municipal; Poder Ejecutivo y Legislativo; Redactora; y Peticiones, Poderes y Reglamentos.
