El socialismo logró incluir la responsabilidad indelegable del Estado en la materia y el respeto por los Derechos Humanos. Rosario, otra vez eje del debate.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 21: con un mix de proyectos, Unidos llegó a un acuerdo en seguridad
Arrancó este lunes el segundo tiempo de la Convención que trabaja en la reforma constitucional de Santa Fe y trajo una novedad política significativa: el principio de acuerdo en el interbloque Unidos sobre el texto que dará rango constitucional al derecho a la seguridad.
La presidenta de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Germana Figueroa Casas (PRO), abrió al mediodía la reunión y fue el convencional socialista Pablo Farías, flamante candidato a diputado del armado federal del gobernador Maximiliano Pullaro, el primero en pedir la palabra.
Farías anticipó que presentaría una propuesta que "todavía no está consolidada como interbloque Unidos" y que aún están "elaborando", pero aclaró que "contiene muchas de las expresiones que están en los proyectos, no sólo del Interbloque Unidos, sino de otros”.
La extensa redacción que alcanzó, en rasgos generales, el consenso interno en el oficialismo plantea que toda persona “tiene derecho a vivir en un entorno tanto físico como digital seguro, libre de violencias, amenazas y temores”, y establece que la seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable del Estado para garantizar el orden, las instituciones y la protección de bienes y personas.
Según el borrador, la provincia deberá implementar “políticas públicas de seguridad democrática, disciplinarias e integrales”, con énfasis en la prevención y persecución del delito, la reinserción social y el respeto a los Derechos Humanos. El texto precisa que estas acciones se basarán en planificación estratégica, análisis de información, evaluación de resultados, coordinación con el Estado nacional y gobiernos locales, y participación comunitaria.
El documento también define a las fuerzas de seguridad como “instituciones esenciales de la sociedad” responsables de mantener el orden, prevenir delitos y actuar ante emergencias. La provincia garantizará la capacitación continua y profesionalización de sus miembros, además de fomentar políticas de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
El legislador remarcó que el Estado “ejerce el monopolio de la fuerza” y que su uso será “siempre excepcional” y ajustado a la ley vigente.
Que el artículo propuesto por Farías sea largo no es un elemento lateral sino que es la evidencia del mecanismo para llegar a las coincidencias dentro de Unidos. En la práctica, la base es el texto que presentó la UCR en su proyecto original, parecido al del PRO, con la incorporación de algunos párrafos del socialismo.
Hay dos ejes centrales en el aporte del partido de la rosa: la exclusividad absoluta del Estado en la materia y el respeto por los Derechos Humanos. El último aspecto no es menor, teniendo en cuenta que el propio gobernador Pullaro hizo campaña con la promesa de que no habría “un solo concepto garantista en la nueva Carta Magna”.
De hecho, la mención u omisión de los Derechos Humanos en el articulado de la Constitución que verá la luz en un mes es un parteaguas en la Convención en general y no sólo en Unidos, que ahora parece haber saldado la diferencia. Los bloques panperonistas, Más para Santa Fe y Activemos, incluyen el concepto con centralidad; La Libertad Avanza lo dejó afuera.
La problemática de la inseguridad volvió, de esta manera, a ser eje de debate en la Convención constituyente. El tema ya se había colado, espontáneamente, en una fuerte discusión que se abrió en la comisión de Poder Judicial.
En este contexto, la situación de Rosario se hizo notar. Juan Monteverde, dirigente de Ciudad Futura aliado al PJ, recordó que su fuerza política había perdido “no uno, no dos, no tres, sino cuatro compañeros” por la violencia delictiva: los jóvenes del triple crimen de Villa Moreno y el padre de uno de ellos, el ex concejal y pastor Eduardo Trasante.
Lucía Masneri, convencional de Unidos y secretaria de Asuntos Penales de la provincia, reivindicó la gestión de Pullaro en la materia: destacó la reducción a la mitad de los homicidios desde 2023 hasta la actualidad y afirmó que Unidos recibió el gobierno con 20 patrulleros activos en Rosario y ahora hay más de 200. Ese último dato, muy reiterado por el oficialismo, es recurrente objeto de polémica con ex funcionarios de Omar Perotti.
Por su parte, la exjueza, extitular del Servicio Público de Defensa y actual reformadora por Más para Santa Fe, Jaquelina Balangione, lamentó la implementación en Santa Fe del “modelo Bukele, con el que no estoy de acuerdo” y pidió participación de las víctimas en una “justicia restauratoria”. Le contestó Esteban Motta, de la UCR: "La mejor reparación es que los criminales estén en la cárcel", espetó.